Imagen de archivo.

Ciudad de México, 13 de febrero del 2108. Es urgente que el Gobierno Federal y el Senado abran las investigaciones correspondientes ante la reciente evidencia de que México es uno de los países que más importa madera ilegal procedente de la amazonía peruana, señalaron el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

En el reporte “El Momento de la Verdad” dado a conocer la semana pasada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documenta que, en años recientes, un volumen muy considerable de madera de procedencia ilícita, del norte amazónico peruano, ha sido transportada a través de embarcaciones como el navío Yacu Kallpa hacia Estados Unidos, México y República Dominicana. Las investigaciones de los organismos de supervisión peruanos descubrieron que, en ese lapso, entre el 91 y 96 % de la madera transportada en esa embarcación era de origen ilegal.

En el reporte se señala que aun cuando ha habido evidencia concluyente del origen ilegal de embarques de madera importada, ha sido liberada por la Administración General de Aduanas del SAT, al parecer por vacíos legales que no obligan al gobierno mexicano a verificar la legal procedencia y a actuar solo ‘de buena fe’, lo cual naturalmente es aprovechado por los traficantes de madera.

También en el reporte se señala que las presiones para que el gobierno de México libere la madera incautada vienen tanto de algunos funcionarios del gobierno peruano como de las empresas exportadoras e importadoras de Perú y México.

En coincidencia con la detención temporal del Yacu Kallpa en el puerto mexicano de Tampico, el 2 de marzo de 2016, el diario El Financiero, publicó la nota titulada: “Advierten desabasto de madera peruana por buque parado”, en la que se documentan declaraciones de Jorge Almada, Presidente en turno de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (IMEXFOR) en el sentido de que la carga por 3.5 millones de pies tabla representaba el consumo de mes y medio de muebleros, arquitectos, diseñadores y artesanos mexicanos: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/advierten-desabasto-de-madera-peruana-por-buque-parado.html)

De igual manera, en la nota de referencia, se cita al representante de IMEXFOR sobre la importancia que representa la importación de madera de Perú: “…varias empresas mexicanas, cuyo nombre no quiso revelar, compraron el total de la carga de madera originaria de Perú, país de donde, según Almada, se importa cerca de 60 por ciento de la madera tropical que usa la industria en México”. El Yacu Kallpa es sólo un ejemplo que se pudo documentar, de una situación que ocurre continuamente en diversos puertos del país.

Al respecto, señalamos que el reporte de EIA y las propias revelaciones de la IMEXFOR apuntan a lo siguiente:

Se confirman las estimaciones de SEMARNAT y PROFEPA de que una buena parte del volumen de madera que se consume en México es ilegal y de que sería procedente tanto de territorio nacional como de otros países como es el caso de Perú.

Es muy preocupante que el mercado mexicano esté consumiendo sistemáticamente madera de procedencia ilegal y contribuyendo a la destrucción de los bosques del planeta, en particular de la selva amazónica, considerada el mayor pulmón del mundo, ya muy asediada por diferentes “motores” de deforestación. Al ser los bosques y selvas los mayores sumideros de carbono, el consumo de madera ilegal en México estaría contribuyendo a la emisión de GEI y por lo tanto al Cambio Climático.

El mercado de madera ilegal es uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas forestales comunitarias mexicanas para su buen desempeño, pues constituye una fuerte competencia en desigualdad de condiciones y de costos y uno de los principales factores de la deforestación y degradación forestal.

Se presume que un grupo muy importante de empresas en México, Perú y posiblemente otros países, forman parte de cadenas industriales donde se “lava” madera ilegal, que abastece el 60% de la madera tropical que se consume en México.

Por lo anterior, diversas organizaciones civiles hacen el siguiente llamado a autoridades federales y legisladores:

La legislación y normatividad en México requieren ser revisadas de inmediato para incorporar aquellas disposiciones que impidan que México siga siendo destino de importaciones de madera ilegal, para ello es fundamental que los Senadores abran la discusión sobre la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Senado debe iniciar la revisión de acuerdos bilaterales con Perú y otros países tropicales, para blindar el comercio contra el tráfico de madera ilegal.

La autoridad ambiental debe iniciar de inmediato los trabajos para que contemos en México con mecanismos de supervisión del abasto, la transformación y comercialización de madera y productos de madera, que permitan dar certidumbre de su legal procedencia. Una certificación de legal procedencia o un sello de productos “libres de madera ilegal” es urgente y es importante no confundirlo con las certificaciones de buen manejo forestal como es el FSC o el estándar mexicano, ni con los certificados de inocuidad fitosantaria que son los únicos que requiere la autoridad mexicana actualmente.

Deben instrumentarse de inmediato medidas suficientes para asegurar que las compras de gobierno sean de productos legales, incluyendo en esto la cadena de abasto, así como para la aplicación de las disposiciones al respecto contenidas en el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos y Adquisiciones del Sector Público.

La autoridad ambiental, a través de la PROFEPA, debe lograr un compromiso formal de los socios de la IMEXFOR de garantizar de manera fehaciente y documentada, que sus operaciones sean sólo con madera de legal procedencia, más allá de la buena fe.

En el contexto del último periodo de sesiones de la actual legislatura, y con un dictamen de ley forestal ya aprobado en comisiones del Senado, consideramos muy importante que los legisladores abran la discusión de la ley para incorporar de manera contundente el tema de la legalidad del mercado forestal, y que los aspirantes a puestos de elección popular, particularmente aquellos interesados en ser legisladores se pronuncien al respecto.


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