Diana MANZO / Corresponsal

UNIÓN HIDALGO, OAX., (pagina3.mx).- Padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 33 en este municipio interpusieron una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Con el acompañamiento de CodigoDH, exigen a los tres niveles de gobierno atender el tema de la reconstrucción de 12 aulas que resultaron dañadas gravemente por el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Explicaron que a casi 8 meses del terremoto, de las 12 aulas colapsadas, cinco han sido demolidas por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) y el resto, las otras 7 aulas, se encuentran de pie sin que dé inicio tampoco con su reconstrucción.

Ante la falta de atención de las autoridades educativas y de los tres niveles de gobierno, padres y madres de familia emprendieron una lucha legal.

Además de la queja ante la Defensoría, también interpusieron una demanda de amparo indirecto contra los tres niveles de gobierno por su desatención.

En febrero pasado, las autoridades de Iocifed les hicieron la entrega de 12 aulas provisionales, las cuales fueron construidas en el espacio donde derribaron las cinco aulas dañadas, pero las y los profesores se negaron a impartir clases en esos refugios temporales.

Argumentaron que el calor era intenso y por otro lado no eran seguras, pues dos de los refugios sufrieron daños por los fuertes vientos registrados en marzo siguiente.

A casi 8 meses de la tragedia  natural que devastó el 70 por ciento de la localidad, estudiantes toman clases de forma irregular en espacios improvisados y debajo del domo principal de la escuela.

Quienes están inscritos en tercer grado acuden todos los días, pero los grupos de primero y segundo, solo dos veces a la semana.

Edgar Martín Regalado, Flor de María Fuentes Ordaz y Elva Carrasco Cruz, padre y madres de familia y además representantes del Comité ante la institución, señalaron que su única exigencia es que las autoridades demuelan las aulas faltantes y den comienzo con la reconstrucción de las 12 aulas.

Narraron que el calvario de exigir una educación digna después del terremoto ha sido una experiencia no grata.

Señalaron que las autoridades apenas han comenzado a ver las necesidades de la institución, después de meses, cuando debieron hacerlo a los pocos días de haber ocurrido el terremoto.

Flor de María Fuentes Ordaz dijo que como representantes decidieron tomar el camino legal para exigir la reconstrucción de las aulas para no desgastarse con bloqueos carreteros o toma de oficinas ante la omisión gubernamental.

Elva Carrasco Cruz señaló que hasta la fecha la única que se ha acercado a solicitar un diálogo es la Regidora de Educación de Unión Hidalgo, Carmen Alonso, quien pidió reunirse con el Comité de Padres y ver la forma de ayudar para que las y los estudiantes tengan espacios dignos para tomar sus clases.

“Nosotros lo que pedimos es que las autoridades educativas cumplan con la institución, sabemos que no es fácil debido a que son muchas escuelas, pero vemos su desidia y desentendimiento, por eso hemos acudido a la vía legal”, agregó.

Edgar Martín Regalado informó que las autoridades de los tres niveles tienen como plazo hasta el 10 de mayo para responder en qué han aportado para el beneficio de la institución.

“Hemos tenido pláticas con el director de Iocifed, Orlando Emilio Hernández, respecto a las necesidades de la escuela, acudimos cada semana o quincena a la capital oaxaqueña, viajamos cinco horas desde nuestro pueblo hasta allá, y todo lo que hacemos es para exigir una reconstrucción digna, porque todo se ha vuelto lento y tedioso”, añadió.

Los padres y madres de familia recalcaron que su única finalidad es que las y los estudiantes puedan retornar pronto a sus aulas y que las autoridades cumplan con sus promesas de la reconstrucción, porque este tema se vislumbra muy lejos de la realidad y de lo que dicen en diversos discursos.

“El mensaje es claro y pedimos la reconstrucción, queremos que esta lucha que hemos emprendido sea un ejemplo para los padres de familia y maestros de otras escuelas,  que opten por la vía legal para exigir el derecho a una educación en aulas dignas, porque lo merecemos, han transcurrido más de 7 meses y hasta la fecha las autoridades están más preocupadas en las campañas políticas que en cumplirnos”, concluyeron.