Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- Luego de los hechos ocurridos en Juchitán de Zaragoza, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) inició un expediente de investigación por Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables al interior de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI).
Asimismo, fueron girados diversos oficios a las autoridades correspondientes, para el desahogo de las diligencias necesarias e informes diversos que lleven al esclarecimiento de los hechos y que pudieran derivar de faltas administrativas en contra de Servidores Públicos involucrados.
Por lo pronto, la Secretaría de la Contraloría inició con las diligencias en el ámbito de su competencia respecto al expediente administrativo para clarificar y calificar las posibles faltas que deriven de la investigación de los hechos ocurridos.
La dependencia aclaró que se ve imposibilitada para adelantar juicios o valoraciones, “pues la misma ley en la materia mandata tiempos que no podrán modificarse de manera alguna para el desahogo de las pruebas necesarias por parte del o de los presuntos indiciados”.
En tanto, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en Oaxaca, Esther Araceli Pinelo López, confirmó que iniciaron investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas, por la presunta coacción de subordinados para que participen en actos proselitistas.
Y es que tras la muerte de la comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, su madre, la periodista Soledad Jarquín Edgar, reveló que su hija fue comisionada por el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Francisco Montero López, a cubrir las actividades de su hermano Hageo Montero, candidato a edil de Juchitán por la coalición Todos por México.
Por lo pronto, confirmó que hasta este domingo, en la Fepade no hay una denuncia presentada de manera formal.
Sin embargo, se inició de oficio una carpeta de investigación integrada a través de información divulgada por medios de comunicación, a fin de integrar y conocer el presunto uso de recursos públicos o subordinados a favor de una campaña.
“Eso es un delito electoral, de acuerdo con el artículo 11 de la ley general en materia de delitos electorales, por ello se inicia la carpeta de investigación para determinar responsabilidades en el caso de servidores públicos involucrados en los acontecimientos de la candidata de Juchitán de Zaragoza”, informó.
Tras las declaraciones de familiares de los afectados directamente, confirmó que se inició por el delito que se tipifique, como coaccionar o amenazas a subordinados para que participen en actos proselitistas o proporcionar apoyo y servicio a algún candidato o partido.
La ley señala que es un delito si se hace por sí, o a través de subordinados en horarios de labores, admitió la titular de la Fepade.
“Acá estamos (en el caso de María del Sol Cruz Jarquín) realizando actos de investigación para sustentar la relación laboral que se tenía, los efectos de las comisiones que tenía y los horarios de trabajo en que se estaba realizando en el lugar. Todos los elementos que sirvan para comprobar y tipificar el delito electoral que es grave”.
Pinelo López puntualizó que el ex titular de la SAI no solamente será el investigado, “porque pueden estar varios servidores públicos implicados. Dependiendo del grado de subordinación que tenía (María del Sol Cruz Jarquín), quiénes eran sus jefes directos, quienes le daban las instrucciones, de quiénes recibía órdenes, y subordinados directos”.
Para ello, se han girado oficios para citar a comparecer a funcionarios de la SAI ante Agentes Estatales de Investigación, para efecto de ir delimitando responsabilidades. “Tendrán que ser las personas que tengan la relación laboral directa y dieron la instrucción directa”, asentó.
