Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- La titular de la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en Oaxaca, Esther Araceli Pinelo López, confirmó que iniciaron investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas, por la presunta coacción de subordinados para que participen en actos proselitistas.
Y es que tras la muerte de la comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, su madre a periodista Soledad Jarquín Edgar, reveló que su hija fue comisionada por el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Francisco Montero López, a cubrir las actividades de su hermano Hageo Montero, candidato a edil de Juchitán por la coalición Todos por México.
Por lo pronto, confirmó que hasta éste domingo, a la Fepade, no hay una denuncia presentada de manera formal.
Sin embargo, se inició de oficio una carpeta de investigación, integrada a través de información divulgada por medios de comunicación, a fin de integrar y conocer el presunto uso de recursos públicos o subordinados a favor de una campaña.
“Eso es un delito electoral, de acuerdo al artículo 11 de la ley general en materia de delitos electorales, por ello se inicia la carpeta de investigación para determinar responsabilidades en el caso de servidores públicos involucrados en los acontecimientos de la candidata de Juchitán de Zaragoza”, informó.
Tras las declaraciones de familiares de los afectados directamente, confirmó que se inició por el delito que se tipifique, la coaccionar o amenazas a subordinados para que participen en actos proselitistas o proporcionar apoyo y servicio a algún candidato o partido.
La ley señala que es un delito si se hace por si, o a través de subordinados en horarios de labores, admitió la titular de la Fepade.
“Acá estamos (en el caso de María del Sol Cruz Jarquín) realizando actos de investigación para sustentar la relación laboral que se tenía, los efectos de las comisiones que tenía y los horarios de trabajo en que se estaba realizando en el lugar. Todos los elementos que sirvan para comprobar y tipificar el delito electoral que es grave”.
Pinelo López, puntualizó que el titular de la SAI, no solamente será el investigados, “porque pueden estar varios servidores públicos implicados. Dependiendo del grado de subordinación que tenía (María del Sol Cruz Jarquín), quiénes eran sus jefes directos, quiénes le daban las instrucciones, de quiénes recibía órdenes, y subordinados directos”.
Para ello, se han girado oficios para citar a comparecer a funcionarios de la SAI ante Agentes Estatales de Investigación, para efecto de ir delimitando responsabilidades. “Tendrán que ser las personas que tengan la relación laboral directa y dieron la instrucción directa”, asentó.
Explicó que no solo se determinará una acción penal, también administrativa porque como servidores públicos tienen que acatar la ley general de responsabilidades administrativas, tratándose de procesos electorales, tienen que acatar las reglas del blindaje electoral y no echar mano de recursos públicos ni humanos.
Con todos los elementos, se realizarán las imputaciones, explicó.
Por lo pronto, Pinelo López, exhortó a los servidores públicos de los todos los niveles de gobierno, realizar funciones en plena imparcialidad y equidad para no afectar la competencia electoral de los partidos y sus candidatos, así mismo conocer el grado de competencia por la comisión de conductas.
“Se ha iniciado la carpeta. La Fepade investigará la comisión de delitos por el uso de recursos públicos y subordinados en la competencia política, mientras que los homicidios serán atendidos por los Vice-Fiscalía del Istmo”, puntualizó.
De acuerdo al artículo cuarto de la Ley General en materia de delitos electorales, “el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley”.
En el apartado III del artículo once de la misma Ley, se señala que se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato”.
Además, en el apartado IV estipula que infringe esa Ley quien “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
