Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde presentaron un amparo contra los decretos de privatización del agua firmados por Enrique Peña Nieto al calificarlos de ilegales e inconstitucionales.

Su preocupación radica en que, según el análisis del Colegio de Biólogos, los Decretos dejan a 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionadas por periodos de hasta 30 años, renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.

Y según el Registro Público de Derechos al Agua, a 25 días de la firma de los Decretos, la Conagua había otorgado más de 500 nuevas concesiones.

Es por ello que interpusieron esta acción legal con lo que suman mas de 30 amparos que acogió la campaña Agua para Todos en todo el país al tiempo que proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución.

Fue el Comisariado de Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, quien presentó el amparo contra la declaración del Río Verde como zona de reserva, sin embargo, el recurso legal esta en proceso de ser admitido.

De esta forma, pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos han presentado más de 30 amparos en 12 estados frente a los 10 Decretos levantando vedas firmados por Peña Nieto el pasado cinco de junio

Consideran que los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos y dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas: “el agua es de quien la solicita primero”.

La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua exigió reemplazar la actual ley antes de febrero 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.

En el marco segundo Día Nacional de Acción por el Agua, organizaciones y pueblos indígenas realizarán este viernes 27 de julio una serie de acciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar por sus abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.

En particular, se darán informes de los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).

Los amparos argumentan que “el levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación. De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del ‘acceso equitativo’ establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua”. De igual forma, se emitieron los Decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados.

Adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la naturaleza, los cuales son reconocidos en esta entidad federativa.

Según el análisis del Colegio de Biólogos, los Decretos dejan a 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionadas por periodos de hasta 30 años, renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.

Según el Registro Público de Derechos al Agua, a 25 días de la firma de los Decretos, la Conagua había otorgado más de 500 nuevas concesiones.

Analistas de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida explican que los Decretos representan un intento de “pintar de verde” el levantamiento de vedas, para así extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, en pleno desacato a la obligación constitucional de haber reemplazado dicha ley antes de febrero 2013 con una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.

Hicieron hincapié que “es ingenuo pensar que la Conagua ahora sí va a respetar las reservas, cuando ha otorgado concesiones en violación de las vedas a lo largo de su existencia”.

“Lo que ha cambiado ahora es que las empresas trasnacionales que están entrando al país debido a la reforma energética exigen concesiones con mayor seguridad jurídica, otorgadas sin la sombra de una veda”, puntualizaron.

Por consiguiente, las organizaciones exigen que Enrique Peña Nieto vuelva a establecer las 30 vedas canceladas y que rescate a favor de la Nación cualquier concesión o asignación que se haya otorgado en estas regiones desde la firma de los Decretos.

También hicieron un llamado a los legisladores electos de lograr la pronta aprobación de una Ley General de Aguas, que ofrecería una verdadera protección del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.