Diana Manzo/Corresponsal

Juchitán, Oax. (#pagina3.mx).- Organizaciones sociales que conforman el “Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios” dieron a conocer que en Oaxaca persisten de forma constante las violaciones a los derechos de los pueblos consultados de parte de las dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Semarnat.

El “Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios” está conformado por organismos sociales como Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Tequio Jurídico A.C., Unión de Comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (Ser Mixe), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

En el marco del informe presentado sobre la “etapa consultiva del proceso de consulta indígena en valles centrales sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967”, las organizaciones sociales manifestaron que las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personas, que han dificultado los compromisos, y en general el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.

En un comunicado, las ONG´s informaron que la etapa consultiva que inicio en febrero del 2017 y en la cual fungen como observadores, han constituido unas 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones) en las que han estado presentes el pueblo y también la autoridad responsable que es la Conagua, el Órgano Garante y el Comité Técnico Asesor, respecto a estos últimos, explicaron que en la etapa Consultiva han visto la repetición constante de la violación a los derechos de los consultados.

“A nivel nacional, el marco jurídico en materia de derechos indígenas, la falta de armonización de leyes secundarias, las nuevas leyes derivadas de las reformas energéticas y las reformas en materia de derechos humanos, han provocado una dificultad en el momento de articular un instrumento jurídico que vincule y haga operativos los posibles acuerdos de modificación al decreto de veda y la reglamentación local”, señalaron.

El principio de buena fe que se incluye dentro del convenio 169 de la OIT, se ha convertido en una excusa para disculpar la inoperancia e incumplimiento de acuerdos.

Dijeron en la misiva que se ha profundizado un patrón sistemático de violación a los derechos por parte de las instituciones federales y estatales involucradas en el proceso de consulta, lo cual obstaculiza y viola el derecho de consulta de los pueblos que participan en el proceso.

Exigieron a las autoridades responsables que es urgente que se establezca una coordinación efectiva entre los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor y se haga entrega de convocatorias en el tiempo y la forma acordadas.

“Es urgente respetar y reconocer la diversidad cultural de las comunidades participantes en el proceso, dicho reconocimiento debe traducirse en un trato digno e igualitario, en metodologías culturalmente adecuadas, puntualidad, asimismo debe traducirse en el Glosario de Términos y la propuesta de modificación del decreto de veda”, indicaron.

Recordaron que es importante hacer entrega de la información solicitada por las comunidades participantes desde el inicio del proceso de Consulta y que . exista una metodología clara y consensada para el análisis de las propuestas de reglamentación del afluente.

Finalmente señalaron que en México hace falta las reformas constitucionales y que reconozcan plenamente los derechos territoriales, autonomía y libre determinación de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, para que las consultas no se conviertan en un instrumento de legitimación de proyectos y políticas públicas que benefician intereses particulares en nombre del “bien público”.