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CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- Nada parece más difícil que la paz en un país que suma más de 270 mil personas asesinadas y 37 mil desaparecidas en 10 años.
El arranque de los foros “escucha”, convocados desde el equipo de transición para definir una ruta hacia la pacificación del país, se da bajo dos premisas: “no vamos a hacer demagogia” (o “no vamos a simular”) y “venimos a escuchar”.
Pero el martes 7 de agosto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el equipo se topa con el primer muro: “Tenemos que aprender a perdonar”, dice en su discurso el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Las familias de desaparecidos le responden: “primero justicia”. El mensaje de López Obrador no es claro, deja más dudas que certezas. ¿Perdonar a quién? ¿Y el derecho a la verdad? ¿Quién puede perdonar cuando las heridas de la guerra no han pasado, si ni siquiera la guerra ha pasado? Sólo en esta ciudad han sido asesinadas más de 13 mil personas en la última década. Y la semana anterior al foro, Ciudad Juárez vivió uno de los momentos más dramáticos de los últimos meses, cuando 11 jóvenes fueron asesinados en una casa de una colonia popular.
Los futuros integrantes del gabinete federal reconocen que los foros sólo forman una parte (pequeña pero importante) del trabajo para lograr el objetivo:
“No se logrará la reconciliación y pacificación de México con amnistías, o reducción de penas, o con la despenalización de ciertas drogas. Ni las comisiones de investigación ni las comisiones de la verdad lo lograrán por sí mismas”, dice Olga Sánchez Cordero, la ex ministra jubilada a la que López Obrador le ha encargado la tarea de pacificar el país.
“No es tarea sencilla, ni se puede construir de la noche a la mañana, lleva años, se requieren reformas de fondo, económicas, políticas públicas y laborales, reformas legislativas y judiciales”, insiste la próxima secretaria de Gobernación.
El propio candidato ganador (el evento se realiza un día antes de que reciba su constancia como presidente electo) repite lo que ha dijo en toda la campaña: hay que atender las causas de la violencia y buscar soluciones integrales: “vamos a cambiar la política económica”, advierte el tabasqueño, que atribuye el problema al sistema económico neoliberal y al “saqueo de los recursos de la nación”.
Desde el podio, también lanza un mensaje que va más allá de las víctimas: “no voy a delegar este asunto (de la seguridad) a ningún funcionario, lo voy a abordar yo”.
La política de seguridad de las últimas dos administraciones consiste en confrontar a los grupos delincuenciales en la calle, en una la lucha que es, sobre todo, una demostración de poder bélico. Las víctimas de la süi géneris guerra mexicana han estado aisladas de las decisiones políticas y su participación relegada a hacer protestas. El ex presidente Felipe Calderón las consideró “daños colaterales” de su estrategia militar y el presidente Enrique Peña Nieto las dejó a su suerte.
Los familiares de víctimas, en muchos de los casos con pocos recursos y escasos conocimiento técnicos, se aventuraron a buscar a sus desaparecidos. Y aunque se legislaron leyes de víctimas y se invirtió en una policía de investigación los resultados fueron muy pobres: la falta de voluntad política y de planeación empobrecieron los resultados: Ahora hay más muertos, más grupos delictivos y el negocio no se detuvo. El Índice Global de Impunidad publicó en marzo de este año un informe que coloca a México como el cuarto país más impune del mundo, sólo el 0.7 por ciento de los delitos son investigados.
Por eso, para Carlos Cruz, activista por los derechos humanos que trabaja en la recuperación de pandilleros y jóvenes que están en las cárceles, el mérito del encuentro es que se buscó genuinamente “acabar con el patrimonialismo de la política” y la asimetría entre los gobernantes y las víctimas: “El momento clave, en términos simbólicos, fue cuando los funcionarios se levantaron para poner a las víctimas al frente”.
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