Jaime GUERRERO

OAXACA, (pagina3.mx).- Este martes será la última sesión extraordinaria de la LXIII Legislatura y el Juicio Político contra el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo siempre sí se quedó en la congeladora de la Comisión Instructora que preside la profesora y diputada de Morena, María de Jesús Melgar Vásquez.

El pasado 26 de septiembre la Presidenta de la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura rechazó que hubiera un pacto o acuerdo político con el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, para no desahogar el proceso de Juicio Político en su contra.

No obstante, admitió que aún no existía dictamen para sancionar al ex mandatario y no ha logrado juntar las firmas para que sea sometido ante el pleno del Congreso.

Aun cuando minimizó su fallida pretensión de consensuar un borrador de dictamen en la última sesión ordinaria del segundo y último año de ejercicio legal, justificó que no tuvo las condiciones, porque el emplazamiento les llevó mucho tiempo y posteriormente la emisión de los edictos se pudo continuar, posteriormente en el periodo probatorio recibieron pruebas erróneas, luego siguió el periodo de alegatos.

El juicio político contra el ex gobernador de Oaxaca, que llegó bajo las siglas del PRD, PAN, MC, PT y con el apoyo de muchos de los hoy dirigentes, diputados y alcaldes de Morena, inició el 3 de mayo de 2017, tras de la demanda interpuesta por el ex colaborador de Cué Monteagudo, el hoy diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya.

Robles Montoya acusó a su ex amigo de un presunto desvío de más de 30 mil millones de pesos, destinados a obras de infraestructura, salud y compra de medicamentos.

Así, a dos semanas de que finalice el último ejercicio legal de la actual Legislatura, el proceso de juicio político contra Cué Monteagudo solo concluyó su fase probatoria, previo a la elaboración del dictamen con el cual el pleno del Congreso determinará si es culpable o no del desvío de más de 30 mil millones de pesos.

Previo a una última declaración, la presidenta de la Comisión Instructora evitó dar detalles a este reportero, que en más de tres ocasiones solicitó información sobre el proceso contra el ex Mandatario.

No obstante, el pasado 21 de agosto declaró a un medio de comunicación que se concluyó el proceso de pruebas luego de que la defensa del ex mandatario aportó la documentación y el Órgano Superior de la Fiscalización del Estado (OSFE) entregó los dictámenes de las auditorías a la Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016.

Melgar Vásquez, encargada de elaborar el dictamen para que éste fuera sometido al Pleno de la LXIII Legislatura, para determinar si es culpable o no, reiteró que la sanción a Cué Monteagudo solo sería la inhabilitación de uno a 9 años, para ejercer cualquier cargo público.

Según los dichos de Melgar Vásquez, el retraso en el procedimiento contra Cué Monteagudo es de los diputados del PRI, a quienes acusó de no participar.

La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández, aclaró que el juicio político está en manos de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, en donde el procedimiento continúa su curso para determinar su grado de responsabilidad y con ello su inhabilitación y probable consignación a la Fiscalía General del Estado.

Cabe recordar que en febrero de 2017, el entonces senador de la República, Benjamín Robles Montoya, presentó la solicitud de juicio político contra su ex patrón y amigo, al tiempo que sostuvo que se mantienen abiertos los expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el ex gobernador Cué Monteagudo y ex colaboradores por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita.

Fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su ex amigo y colaborador, las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.

También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los 2 mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de 6 millones; el de salud, de más de 9 mil millones, es decir, recalcó, un monto total de más de 30 mil millones de pesos.

Insistió en que hay pruebas de la corrupción de Gabino Cué, Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Nezahualcóyotl Salvatierra, Jorge Castillo, por eso deben responder, y todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño.

Por lo pronto, tres ex colaboradores de Gabino Cué se encuentran procesados –los ex secretarios de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas y el ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara-, mientras que el ex secretario de Finanzas Gerardo Cajiga Estrada.

La Comisión Permanente Instructora está integrada por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Tomas Basaldú (PRD), así como por los diputados, Juan Mendoza Reyes (PAN) y Juan Bautista Olivera (PT).