CIUDAD DE MÉXICO — Los mensajes llegaron en un momento de crisis conocido para la frágil comunidad periodística de México: otro reportero había sido asesinado mientras cumplía con su trabajo.
Un día después de que el destacado periodista de investigación Javier Valdez fuera asesinado a balazos, llegó información inesperada: sus colegas recibieron mensajes de texto que afirmaban que los homicidas estaban detenidos.
Los compañeros de Valdez reaccionaron con sospecha. En México, más del 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver, ¿cómo es que las autoridades habían solucionado este caso tan pronto?
Los periodistas pensaron que lo más probable era que los mensajes fueran un intento de infiltrarse en sus móviles; parte de un patrón de intentos de hackeo con una sofisticada tecnología de espionaje que fue comprada por el gobierno mexicano.
Tenían razón.
Los mensajes estaban infectados con el programa espía Pegasus, que el gobierno mexicano le compró a un vendedor de armas cibernéticas israelí llamado NSO Group, de acuerdo con un análisis forense del Citizen Lab, parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.
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Un solo clic al enlace que venía en los mensajes habría infectado los celulares con un programa lo suficientemente poderoso para poder leer sus mensajes encriptados, revisar sus correos electrónicos y activar la cámara y el micrófono de manera remota.
Alguien estaba tratando de espiar a los amigos y colegas más cercanos de Valdez apenas un día después de su homicidio, en mayo de 2017. El principal sospechoso, según las víctimas del intento de ciberataque, es el gobierno mexicano.
“Creo que querían buscar entre nuestras conversaciones y mensajes pistas sobre el asesinato de Javier, pero estamos totalmente en contra”, dijo Ismael Bojórquez, cofundador y director de noticias de Ríodoce, el medio donde trabajaba Valdez. “Nada obtenido ilegalmente debería usarse en una investigación y particularmente nada que venga de quienes están involucrados profesional y emocionalmente con la víctima”.
El uso ilegal de la tecnología de vigilancia en México surgió durante el gobierno de Peña Nieto, el cual compró Pegasus con la condición de usarlo únicamente contra terroristas y delincuentes.
No obstante, Citizen Lab ha confirmado en el último año y medio que hubo una veintena de blancos del programa que no cumplen con esa condición, entre ellos algunos de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción más importantes de México.
El año pasado, cuando se dio a conocer que esto había sucedido, el gobierno mexicano de Peña Nieto denunció el espionaje y abrió una investigación federal para determinar si hubo un uso incorrecto de la tecnología.
Sin embargo, esa investigación no ha tenido avances. Ni una sola persona ha sido castigada por el uso indebido del programa.
Bojórquez, al tanto del escándalo, dijo que sospechó de los mensajes de texto. Él y otro blanco del ataque —el director de noticias de Ríodoce, Andrés Villarreal— no hicieron clic en los enlaces. Tenían motivos para sospechar.
Ambos están a cargo de uno de los pocos medios independientes del país, dedicado a cubrir a la delincuencia organizada y a exponer las vastas redes del crimen y de la corrupción en México.
Es un trabajo que no les hace ganar muchos amigos; las amenazas eran de esperarse, y no solo por parte de la delincuencia organizada. Los datos oficiales muestran que los funcionarios públicos son responsables de la mayoría de los ataques y agresiones a periodistas en México.
Aun así, habían pensado que el trabajo y el perfil internacional de Valdez lo protegerían. El periodista era conocido y querido por colegas nacionales e internacionales por igual y había ganado premios y reconocimientos en todo el mundo.
Su muerte y los intentos de ciberataque a quienes lideran las redacciones en el país dejan en claro dos de los riesgos más devastadores para la libertad de expresión en el México actual.
El primero son las amenazas físicas a los periodistas y, por extensión, a su libertad de expresión. Más de 47 periodistas han sido asesinados desde que Peña Nieto llegó a la presidencia a finales de 2012, quince de ellos desde mayo de 2017, cuando murió Valdez, según la organización de defensa y protección a periodistas Artículo 19.
“Pensábamos que un periodista tan prestigioso como Javier era intocable”, dijo Bojórquez.
“Cuando mataron a Javier, entendimos que podían matar a cualquiera”, agregó. “Entendimos que el paradigma se había roto”.
El segundo riesgo para quienes ejercen el periodismo en México es una faceta distinta, pero vinculada del Estado de derecho: existe una impunidad casi absoluta en lo que concierne a cómo se rompe o se aplica, una dinámica que se hizo evidente con el uso ilegal de un programa espía para intimidar y espiar a quienes se pronuncian públicamente por la democracia.
Desde 2016, la lista de blancos de Pegasus incluye a algunas de las figuras más importantes que exigen la rendición de cuentas en el país, entre ellos los directores de Ríodoce.
Nota completa: https://www.nytimes.com/es/2018/11/27/javier-valdez-riodoce-pegasus/
