Adrián Lobo

OAXACA, (pagina3.mx).- En el hospital, sobre nuestras cabezas pende una ominosa espada esperando para dar un golpe mortal, y lleva el nombre de APP. 

Y no estoy hablando de smartphones. La A.P.P. (Asociación Público Privada) es un modelo de negocio ideado para que empresas privadas se encarguen de la operación de instituciones públicas bajo el supuesto que ello implica mayor eficiencia administrativa y que es una forma de aumentar la inversión en infraestructura sanitaria.

En el caso de las APP, en materia de salud, todo es falso. 

Esto me hace recordar la película “RoboCop”, donde la empresa O.C.P. (Omni Consumer Products) toma el control de la policía de Delta City, en Detroit, Michigan, U.S.A., mediante un contrato con las autoridades de la ciudad. Quienes hayan visto la película no me  dejarán mentir: Fue un desastre. 

Uno de proporciones similares podría ocurrir (sí, estoy exagerando un poco, pero es para darme a entender) si se llega a implementar una Asociación Público Privada para operar nuestro viejo H.G.D.A.V. 

Ya se han acercado empresas interesadas, porque como seguramente ustedes saben, la salud puede ser un muy buen negocio.

No es por nada que de los cuatro mil hospitales existentes en México en el 2011, solo mil eran públicos. 

Total, que han estado investigando qué se hace aquí y qué se podría hacer. Han estado haciendo números y calculando cuánto podrían obtener de ganancias. 

Aunque el nombre suene muy moderno, no es un concepto nuevo. En México, supuestamente los primeros contratos de este tipo tienen hasta 14 años, aunque la Ley de Asociación Público Privada se aprobó recién en el 2012 y se modificó en el 2016 y usualmente en el contrato se estipula una duración del mismo de 25 a 30 años. 

Uno podría imaginar que se trata de otra cosa, pero en la práctica no es otra más que la privatización de los servicios públicos. 

Como ejemplo de las dimensiones de la catástrofe que podría ocurrir podemos comparar el costo de alrededor de $ 20,000.00 que puede llegar a tener un parto por cesárea en la práctica privada contra los cero pesos con cero centavos que cuesta en el humilde Hospital Civil. 

Y no es sólo eso, en este hospital toda atención a mujeres embarazadas se brinda sin costo mientras que una consulta de seguimiento regular de un embarazo puede costar hasta $ 500.00 con un especialista privado. La atención al embarazo en el hospital es tal que cuando el servicio está saturado -lo que ocurre con cierta frecuencia-, se envía a la paciente a alguna clínica privada para su atención sin ningún costo para ella y su familia, mismo que es cubierto por el Seguro Popular. 

Quisiera saber qué empresa en el mundo puede igualar la oferta. Si alguien sabe de alguna por favor que me avise, soy capaz de pagarle una hora de mariachi al director de la misma.

Para una empresa, la APP es un modelo sumamente atractivo porque, como en el caso del H.G.D.A.V. (Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso), el monto que tiene que invertir es mínimo, toda la infraestructura ya existe, todo el personal ya está contratado y el lugar está funcionando. 

Además, supongo que para que sea aún más atractivo seguramente también hay una aportación económica gubernamental. 

Total que es un negocio redondo, pero lamentablemente en detrimento de la población más necesitada. 

Pero existen diferentes modelos de APP en materia de salud que se han implementado en América Latina, son conocidos como Bata gris, Bata verde y Bata blanca. 

En el primero -según una nota de eleconomista.com.mx firmado por Karina Hernández Mundo con fecha 7 de agosto del 2018 (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-Chile-lideran-en-hospitales-bajo-APP-20180807-0144.html)- es aquel “donde el inversionista dota de todas las herramientas (desde el diseño, construcción o reparación de infraestructura; operación y mantenimiento de la misma, hasta el equipamiento y servicios de apoyo no clínico –alimentación y ropa de pacientes, vigilancia, etcétera) a los prestadores de salud, pero los médicos y enfermeras son del sector público”. 

La misma nota explica que el modelo de Bata verde incluye lo anterior y además “el inversionista privado también manipula los equipos biomédicos y servicios de apoyo clínico, por ejemplo, el banco de sangre”. 

Finalmente, en el modelo de Bata blanca “el inversionista privado dota tanto de infraestructura [como de] servicios clínicos”. 

En el mismo portal se publicó el 14 de octubre del 2018 una nota muy interesante (https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hospitales-APP-no-se-utilizan-pero-si-se-pagan-20181014-0031.html) firmada por Maribel Ramírez Coronel, que hace un esbozo del panorama cómo se encuentra actualmente y cómo podría lucir en el futuro.

El IMSS y el ISSSTE han avanzado más otorgando este tipo de contratos. Las condiciones son sumamente ventajosas para la empresa ya que de inicio la parte gubernamental generalmente debe proveer el terreno en un área bien ubicada que cuente con todos los servicios básicos y donde existan las vías de acceso requeridas, y además el gobierno paga anualmente una renta por concepto de uso de la obra durante la duración del contrato, eso dice  Asa Cristina Laurell  (asacristinalaurell.com.mx), quien según la Wikipedia “es una investigadora, médica y política de origen sueco y naturalizada mexicana en 1971”, y que publicó en el diario La Jornada el 7 de noviembre de 2010 un artículo, de los muchos que ha escrito, muchos más sobre este y otros temas:

(http://asacristinalaurell.com.mx/articulos/divulgacion/47-hospitales-de-asociacion-publico-privada-caros-e-ineficientes.html) donde expone el estrepitoso fracaso que es el esquema de la APP no solo en México sino en todo el mundo y el enorme y lucrativo negocio que ha estado representando para empresas como la española Acciona y personajes ligados al poder como el cuñado del nefasto Salinas de Gortari, un tal Gerard Rivero, el consorcio Teya–IGSA del mismo dueño del nefasto Grupo Higa, Grupo Ángeles -de la familia Vásquez Raña- además de miembros de la familia Mariscal Servitje. 

En dicho artículo aparece un recuadro que muestra los costos de tres Hospitales Regionales de Alta Especialidad federales y uno estatal y resulta que la suma de los costos excedentes que ha implicado el esquema APP en esos casos equivale al de construir otros 12 hospitales de alta especialidad mediante uno más tradicional. 

El monto más elevado (4 mil 548 millones de pesos) corresponde a uno estatal en Zumpango, en el Estado de México, curiosamente.