Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán denunció que por la “terquedad” del presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, se corre el riesgo de una confrontación entre opositores al proyecto minero y “grupos paramilitares”.
Por esta razón, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llamado a las autoridades y a la población de San José del Progreso para que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo concertado para evitar la violencia que ha generado el proyecto minero San José, desde la llegada de Fortuna Silver Mines y dejó ya dos muertos, mientras que tres opositores cuentan con medidas cautelares.
A través de un comunicado, la coordinadora resaltó que el presidente municipal pretende abrir de manera violenta el palacio municipal tomado desde 2008 en clara oposición a la presencia de la mina que solo ha roto el tejido comunitario y generado violencia con grupos “paramilitares”.
“Hacemos visible el autoritarismo y abuso de poder de Servando Díaz Vásquez, con su terquedad de querer abrir el Palacio Municipal de manera violenta y que ha actuado con grupos paramilitares, ya que esa no es la solución verdadera a la problemática que se vive en San José del Progreso”, puntualizó la coordinadora.
Recordó que “desde el año 2008, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), ha exigido por todos los medios al gobierno poner atención a la problemática generada en nuestro municipio por el proyecto minero San José, desde la llegada de Fortuna Silver Mines ha aumentado la violencia en nuestra comunidad”.
Por consiguiente, hizo responsable a la empresa minera, a la Secretaría General de Gobierno a Servando Díaz Vásquez y a todo su cabildo por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de pobladores de San José del Progreso.
De igual forma exigieron a las autoridades que intervengan de manera imparcial y que garanticen la seguridad e integridad de los miembros de la Coordinadora porque “¡no queremos más agresiones ni asesinatos!”.
A su vez, la defensoría manifestó su preocupación por el llamado que hizo el 3 de febrero último el presidente municipal de San José del Progreso para recuperar el palacio municipal que, debido al desacuerdo con la empresa minera que se estableció en la población, está ocupado por integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), por lo cual el intento de recuperar dichas instalaciones podría generar una situación de conflicto entre habitantes de la comunidad.
El organismo defensor hizo un llamado a las partes en este conflicto para que mantengan la tranquilidad, eviten actos de violencia y busquen resolver sus diferencias mediante el diálogo pacífico, recurriendo a la mediación de las autoridades estatales, principalmente, a la Secretaría General de Gobierno.
La Defensoría llamó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del estado a garantizar la integridad física y psicológica de toda la población, pues recordó que por anteriores actos de violencia dos personas de esa población han perdido la vida y actualmente hay tres integrantes de la Coordinadora son protegidos con medidas cautelares.
Por ello, en seguimiento del expediente DDHPO/CA/0918/(16)/OAX/2015, el organismo defensor solicitó este lunes 4 de febrero, a los titulares de la SSP y la Fiscalía, reforzar las medidas cautelares para los tres integrantes de la Coordinadora en riesgo, mediante recorridos y vigilancia a favor de los cautelados.
La instancia defensora también hizo un llamado al presidente municipal y a los integrantes del ayuntamiento de San José del Progreso para que en todo momento privilegien el respeto a los derechos humanos en sus actuaciones oficiales, y a la vez, el organismo público autónomo exhortó a las y los integrantes de la Coordinadora que mantienen tomado el palacio, abstenerse de acciones violentas.
Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos urgió a la Segego a establecer mesas de trabajo en esta comunidad para evitar posibles confrontaciones violentas y lograr acuerdos que permitan restaurar la tranquilidad en este pueblo cuyos habitantes están divididos por la presencia de una empresa minera en la zona.
