SANTA CRUZ ITUNDUJIA, Oaxaca, febrero 11.- A Artemio Cruz Vázquez le mataron a su hermano Juan el 26 de noviembre de 2007 y desde esa fecha ha dedicado doce años de su vida a buscar una justicia que no llega y cada vez se hace más complicada entre la maraña burocrática del Gobierno de Oaxaca.

El crimen de su consanguíneo, derivado de problemas entre vecinos en su natal Agencia de Policía de Hidalgo Itundujia, ocurrió a mediados de la administración del priista Ulises Ruiz Ortiz, que más ocupado en salvar su puesto por la revuelta magisterial-popular del 2006, sólo registró la denuncia con la promesa de investigar “hasta sus últimas consecuencias” para castigar al culpable “con todo el peso de la ley”.

Llegó la alternancia con el perredista-panista-convergente Gabino Cué Monteagudo y todo se fue en trámites y vueltas para no solucionar nada. La nueva esperanza vino con las promesas de Alejandro Murat Hinojosa, pero igual que sus antecesores, los primeros dos años del priista, hasta 2019, se han ido sólo en promesas.

Sin ayuda del gobierno ni de la instancia encargada de indagar, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), dependiente de la Fiscalía General del Estado, Artemio pidió prestado, empeñó pertenencias y se endrogó para buscar por su cuenta hasta que encontró al presunto asesino de Juan: Edmundo Hernández García, mejor conocido como “El Ratón”.

La denuncia penal por el asesinato ocurrido el 26 de noviembre de 2007 quedó registrada meses después en la causa penal número 51/2008 documentada por el Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, en contra de “El Ratón” Hernández como probable responsable del delito de “homicidio calificado” en contra de Juan Cruz Vásquez.

Desde ese tiempo inició Artemio su peregrinar en busca de justicia por el crimen de su hermano y a la fecha, 12 años después, no llega, sólo culpas, responsabilidades y evasivas de un gobierno que sigue prometiendo una justicia pronta y expedita, pero que desespera y estalla en impotencia.

El 30 de octubre de 2018, a petición de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, el comandante de la A.E.I. destacamentado en Putla, Armando Pinacho Morales, informa al titular de la agencia, José Antonio Yglesias Arreola, que él lleva la investigación y tiene en su poder la orden de aprehensión correspondiente.

Con el número de expediente A.E.I./381/PG/2018, Pinacho Morales reconoce que fue Artemio el que le proporcionó los datos precisos para la localización de Edmundo Hernández García, “El Ratón”, quien desde hace años radica en una ciudad de Estados Unidos.

El jefe policiaco refiere, además, que desde el 2 de junio de 2018, mediante el oficio A.E.I./183/P.G./2018 con acuse de recibido el día 4 del mismo mes y año, informó “de manera detallada” a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma Fiscalía “el lugar específico donde puede ser localizado el inculpado, … para que dicha instancia realice los trámites ante las instancias correspondientes y se efectúe la detención de esta persona (“El Ratón), al igual que para la elaboración de la ficha roja”.

El Comandante de la A.E.I. del “Grupo Putla” justifica su falta de resultados. “Es claro precisar que con la información con que se cuenta se establece que efectivamente el C. Edmundo Hernández García radica en la Unión Americana, siendo por esta razón que el suscrito no ha podido darle cumplimiento al mandamiento judicial…”.

El reparto de culpas entre funcionarias y funcionarios de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, se pierde en una petición interminable de datos e informes que llegan, pero nunca se concreta en resultados.

El 30 de mayo de 2018, con el oficio A.E.I./184/P.G./2018, el “Grupo Putla” solicita al director de Inteligencia de la misma, Edgar Nemesio Sánchez Cruz, su valiosa colaboración para obtener la documentación necesaria que permita emitir la “notificación roja” para la localización y captura de “El Ratón”.

La misma petición se le hace el 2 de junio de 2018 a la Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, María Soledad Pérez Chavarría, sin obtener resultados.

Ante la inacción de la Fiscalía, Artemio, el hermano de Juan, el asesinado, reclama ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), consignado en el expediente DDHPO/2118/(18)/OAX/2018, violaciones a sus derechos humanos, lo que genera el 30 de octubre de 2018 otro oficio del “servidor público designado” en la A.E.I., Miguel Ángel Carrasco Escudero, en busca de más informes ahora con el director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Bernabé Lalito Hernández Flores.

Y Hernández Flores contesta al visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, mediante el oficio DDH/QR/XI/5035/2018, que “ha realizado las acciones necesarias para poder localizar a Edmundo Hernández García”.

Tres días después, el 8 de noviembre de 2018, el visitador Rodríguez Ramos entrega copia simple del oficio que le envió Bernabé Lalito, y lo emplaza a que en un plazo de cinco días hábiles “manifiesto lo que a sus derechos convenga” o, en su caso, “colabore con la DDHPO aportando los elementos de prueba con que cuente, tendientes a demostrar los actos reclamados” (sic).

Doce años después de cometido, el crimen de Juan Cruz Vásquez sigue sin ser castigado, a pesar de que el presunto asesino ya fue ubicado, mientras los funcionarios de la Fiscalía, la A.E.I. y hasta la DDHPO se pierden en peticiones de documentos y trámites burocráticos.

Cada vez debe empezarse de cero en detrimento de la esperanza de la ciudadanía. Esta es la “justicia” que se imparte en Oaxaca.