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Por Ángeles Mariscal

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. Diego López Méndez fue detenido a los 20 años de edad, cuando se encontraba en su lugar de trabajo. La historia de su encarcelamiento incluye una detención sin orden judicial, golpes, descargas eléctricas, asfixia, objetos introducidos en las uñas.

“Lloraba yo de los golpes, sentía que me iban a matar. ‘Tú fuiste’, me decían. Hasta que ya no aguanté y dije: ´yo creo que sí…´. Ahí dejaron de golpear”.

Lo acusan de homicidio. La única prueba en su contra es la declaración de un compañero de trabajo, al que detuvieron días antes y a quien, también a golpe de tortura, le pidieron diera el nombre de “sus cómplices”. “Yo no sé por qué dio mi nombre, pero luego me dijo que fue por los golpes, y me pidió perdón. Yo lo perdoné, porque a él también lo torturaron mucho”.

Su excompañero de trabajo logró demostrar su inocencia y salió libre, pero el juez no supo cómo acomodar el proceso contra Diego y declararlo inocente, sin reconocer que había firmado una declaración autoinculpatoria, sin reconocer la tortura en su proceso.

En el expediente penal 59/2017 se señala que Diego fue detenido el 18 de julio de 2012 “por una orden de captura” expedida por una autoridad judicial. De manera contradictoria, el expediente dice también que Luis Abelardo Castro Cruz, primer secretario de Acuerdos, declaró que las autoridades ministeriales detuvieron a Diego “en flagrancia”.

Como el Diego, en México y en Chiapas se cuentan por cientos los casos documentados contra personas indígenas a las que se les obliga a declararse culpables de delitos a través de la tortura practicada por integrantes del aparato de justicia.

Representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organismo donde confluyen más de 200 organizaciones de la sociedad civil, visitaron hace unos días el estado de Chiapas, como parte de sus actividades previo a la sesión 66 del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el gobierno mexicano será evaluado por 10 expertos en una audiencia de dos días que tendrá lugar el próximo mes de abril, en Ginebra, Suiza.

La OMCT prepara un “informe sombra” o alternativo al que presentará el gobierno mexicano, mismo que será entregado a los expertos de la ONU, y servirá también como instrumento para la evaluación del país.

Uno de los temas que abordará el informe alternativo es justamente la desprotección de los pueblos indígenas frente a la tortura.

Los organismos que integran la OMCT aseguran que cuando se tortura a una persona, la otra víctima es la familia.

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