El ejercicio de consulta realizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene vacíos legales que coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos afectados, como el de decidir qué hacer con su territorio, por lo que rechazan el ejercicio gubernamental realizado este fin de semana en Morelos, Puebla y Tlaxcala para definir la operación de la termoeléctrica Huexca y del Proyecto Integral Morelos, señalaron abogados de los pueblos afectados.

Este martes, López Obrador evadió responder a Pie de Página en su conferencia matutina cómo su gobierno haría valer el derecho de la autodeterminación, y argumentó que nunca había habido consultas en México como las que su gobierno está realizando: “si existe una inconformidad, existe un conflicto, vamos a preguntarle a la gente y que la gente decida. Eso nunca se había hecho en el país, nunca. Y por eso también, mi reproche fraterno a las organizaciones que se presentan como de izquierda o radicales”.

El presidente señaló que todas las personas son afectadas por la operación de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM), porque el costo del megaproyecto es cubierto con dinero público, por ello también valían los votos emitidos en ciudades como Cuernavaca y no sólo en las comunidades afectadas directamente.

López Obrador aludió a los contratos con vigencia de hasta 25 años, que el gobierno mexicano firmó en años anteriores con empresas extranjeras, que obligan a pagar por indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran el PIM.

“Todo somos afectados en un sentido u otro”, y reiteró “Yo entiendo que existe inconformidad de parte de los afectados directos, pero también hay una afectación a la hacienda pública, el presupuesto es dinero de todos. Son 25 mil millones de pesos”.

Hasta el momento son siete comunidades directamente afectadas que han realizado el ejercicio de autodeterminación, alterno a la consulta gubernamental: Huexca y Hueyapan firmaron un acta de asamblea en rechazo a la termoeléctrica; Tetela del Volcán, Amilcingo, Zacatepec llevan a cabo en estos días un ejercicio de autoconsulta; San Vicente Xiloxochitla y San Lucas Atzala votaron en la consulta gubernamental y reiteraron ese mismo domingo que con los resultados de la consulta ratifican el “no” que ya habían manifestado en las asambleas previas hechas por usos y costumbres. La asamblea es el máximo órgano rector de las comunidades indígenas.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, aseguró este martes que “no se puede obviar la consulta indígena”, ignorada por el gobierno federal, por lo que desde su punto de vista debe realizarse la consulta indígena apropiada en Huexca, de acuerdo con la entrevista que ofreció con Carmen Aristegui.
Sin marco jurídico

El abogado agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena, Carlos González, no llama al ejercicio del gobierno federal consulta sino “encuesta”. Explica que no tiene base legal ni un marco jurídico para el acto que realizó la Secretaría de Gobernación, en un clima de polarización y violencia, que los pobladores le adjudican al presidente.

“No se conocieron las bases, no se foliaron tan siquiera las papeletas que se usaron para recabar la opinión de los ciudadanos, la organizó el gobierno, el mismo interesado en que la termoeléctrica opere, fue juez y parte.

González explica que la Constitución señala con precisión cómo y para qué temas se hace una consulta pública de acuerdo con los artículos 26 y 35 constitucionales.

El abogado contrasta lo que llama “encuesta” con el derecho a la consulta de los pueblos originarios que garantiza la Constitución mexicana y el Convenio 169 de derechos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

El padrón electoral en Morelos es mayor al millón de habitantes. Participaron 53 mil 532 personas.

“No hay elemento para transparentar el proceso”, explica.

El defensor del territorio e integrante del Frente de Puebla, Morelos y Tlaxcala, Juan Carlos Flores explica que hay un amparo que interpusieron en Atlixco (402-2015), ante el juzgado primero de lo penal, es un amparo ganado desde 2017, que dice que se viola el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de cuatro comunidades de Atlixco, San Isidro Huilotepec, Santa María Cosamaloapan y San Felipe Xonacayucan, por lo tanto se les tiene que consultar para ver si la comunidad da el consentimiento para el gasoducto o no.

Después de la conferencia de la Asamblea de Permanente de los Pueblos de Morelos y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla Morelos y Tlaxcala, realizada en Cuernavaca, Jaime Domínguez, del pueblo morelense de Jantetelco aseguró: “Son las elecciones más fraudulentas”.

“Perdieron, pero oficialmente ganaron”.

Mostró una de las boletas abandonadas en Jantetelco: “Si se dan cuenta, atrás tienen puras bondades de la termoeléctrica. Ninguna cosa en contra”.

Los resultados del ejercicio no han sido desglosados por parte de la Segob. Los integrantes de la APPM y del Frente de Pueblos acusan que hubo escaso tiempo para informar sobre los efectos, la falta participación de expertos vulcanólogos y sismólogos para los estudios ambientales y que estos se harían posteriores a la consulta, de acuerdo con lo que dijo el presidente en su conferencia.
La consulta por derecho

El tratado 169 de la OIT, al que México se adhirió a nivel constitucional, señala que las comunidades deben ser consultadas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, establecer los medios para que participen libremente, de manera informada, por lo que se deben establecer las herramientas para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y proporcionar los recursos necesarios, para que la consulta sea “de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas”.

Hay varios factores que hicieron falta en la consulta del gobierno lopezobradorista.

“No se cumplió que fuese informada cuando se empezó a instalar el gasoducto, y ahora se vuelve a violar ese apartado al hacer la consulta sin tomar en cuenta antes a las comunidades, esto ejerce presión social sobre de ellas, que ya no le da un ambiente de libertad”, asegura Juan Carlos Flores.

“Que sea libre implica que la comunidad esté en un ambiente de tranquilidad, sin hostilidad, sin división social o sea la menor posible”, cuestión que tampoco se cumplió. Además “De buena fe, que las partes busquen llegar un acuerdo y no haya influencia sobre la decisión, como por ejemplo eso de bajar la luz si me dices que sí”, asegura Flores.

Juan Carlos afirma que la consulta debe ser adecuada culturalmente, de acuerdo con los tiempos de las comunidades.

“Si dura des meses, un año y cruza sus fiestas patronales, todo eso tiene que ver con lo adecuado culturalmente, la forma de tomar la decisión. No tiene que ser solo por una boleta, puede ser por usos y costumbres adecuada culturalmente, quiere decir que lo pueden hacer por asamblea”.

La autodeterminación

Para contrarrestar y crear una alternativa a la consulta presidencial, habitantes de los pueblos de Hueyapan y Huexca (el principal afectado por el megaproyecto) rechazaron las urnas y realizaron sus propias asambleas donde reiteraron el no a la termoeléctrica.

“Las asambleas sí tienen validez”, explica el abogado Carlos González, “tienen un marco jurídico. A través de sus asambleas e instituciones representativas tienen el derecho de expresar, manifestar y decidir”.

González explica que de acuerdo con el Convenio 169 las consultas deben realizarse en las poblaciones directamente afectadas por el proyecto: el paso del gasoducto, la utilización de las aguas del río Cuautla, la operación de la termoeléctrica, como Ayala, Cuautla, Temoac, Yecapixtla (donde por cierto, ganó el No). Y agrega que estas asambleas son el respaldo legal de las comunidades tanto para ganar una batalla política contra la consulta del gobierno federal, para recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para entablar amparos con el fin de detener la operación del Proyecto Integral Morelos.

El abogado reitera que otros derechos afectados con el PIM: a la autonomía, territorio de comunidad y ejidos que forman parte del pueblo indígena nahua.

“El ejercicio que están haciendo las comunidades es el adecuado, es un aviso al gobierno de la República de que la decisión les toca tomarla a ellos y en la forma adecuada por la asamblea”, reitera.

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