Proponen legisladores federales de Oaxaca transparentar asignación de plazas en el sistema educativo

Jaime GUERRERO

OAXACA, (#pagina3.mx).- En medio de las protestas del magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la sede del Congreso federal y la inminente reforma a la Ley educativa, las y los diputados federales de Oaxaca anunciaron que plantearán que la asignación de plazas sea mediante procesos públicos, transparentes y equitativos.

Por ello, propondrán la reforma al artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el 50 % de las plazas vacantes que actualmente son cubiertas por el sindicato y el otro 50% por los titulares de las dependencias gubernamentales, no sea aplicable para los trabajadores de la educación.

“Vamos por la transparencia y por cancelar decisiones arbitrarias, bajo la observancia de todas las partes”.

Al emitir un pronunciamiento conjunto, afirmaron que es distorsión señalar que el tema de fondo es el control de las plazas educativas.

Firman el posicionamiento, Carol Antonio Altamirano, Irineo Molina Espinoza, Irán Santiago Manuel, Daniel Gutiérrez, Armando Contreras, Jorge Sibaja Mendoza, Margarita García, Beatriz Pérez López

El ex dirigente de la Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, Rosalinda Domínguez Flores, Benjamín Robles, Alejandro Ponce Cobos, Graciela Zavaleta Sánchez, Víctor Blas López, Manuel García Corpus, Virginia Merino García y Maribel Martínez Ruiz.

Por lo pronto, respaldaron la profesionalización del servicio educativo, para que, acompañada de inversiones en infraestructura y adecuados enfoques pedagógicos, mejore la educación pública. “Estamos a favor de la educación pública, porque es el mejor instrumento para la superación de las personas, la disminución de la inequidad social y el desarrollo del país”.

Así mismo, reiteraron su apoyo a la demanda magisterial para que se consagre de manera clara y explícita que los trabajadores de la educación básica se rigen por lo dispuesto en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución y su ley reglamentaria, de manera que no se les establezca un régimen laboral excepcional.

Para ello, proponen que se incorpore en el texto del dictamen que: La relación jurídica de los trabajadores de la educación, se llevará a cabo conforme al Apartado B) del artículo 123 Constitucional y su ley reglamentaria.

“No tenemos duda y es evidente que los maestros del país son trabajadores federales al servicio del Estado Mexicano, que deben cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos. Pretender lo contrario es ir en contra de los principios de igualdad jurídica, irretroactividad y progresividad de las normas de acuerdo a nuestro marco constitucional y las convenciones internacionales suscritas por nuestro país”.

Sostienen que el espíritu de la nueva reforma educativa debe ser el desarrollo de la educación para el beneficio nacional y no la cancelación de los derechos en materia laboral.

Por lo pronto, afirmaron que el debate sobre la evaluación profesional es una falsa disyuntiva. El consenso, agregaron, es a favor de una evaluación formativa, no punitiva, y el desarrollo de los maestros, por medio de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, dejando que la legislación secundaria establezca lo correspondiente a su organización y funcionamiento específico.

Así mismo, avalaron reforzar los procesos de formación que permitan a los egresados de las escuelas normales desempeñarse profesionalmente.

Y en medio de las protestas de la CNTE en el Congreso de la Unión, llamaron a reforzar el diálogo entre el magisterio, las autoridades educativas y los legisladores.

“No es momento de privilegiar la cerrazón ni de imposiciones. No cometamos el mismo error de la reforma promovida por Peña Nieto, que se realizó de manera precipitada y sin análisis de sus consecuencias. Es en tiempos de debate y legítimas diferencias cuando más se aprecia la democracia”, suscribieron.

Los legisladores federales oaxaqueños, se dijeron convencidos que la educación pública, el dialogo y los derechos de los trabajadores son las prioridades entorno de las cuales se deberán construir los acuerdos necesarios.