Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A pesar del hostigamiento, criminalización, amenazas, intimidaciones y agresiones en contra de defensores comunitarios de Unión Hidalgo que se oponen al proyecto Central Eólica Gunaa Sicarú, la Secretaría de Energía convocó para este sábado 23 de marzo a la comunidad de Ranchu Gubiña a una asamblea comunitaria, en el marco de la Fase de Acuerdos Previos del “Procedimiento de consulta, previa, libre e informada”.
Así lo dio a conocer la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) que acompaña jurídicamente a la comunidad de Unión Hidalgo contra la construcción y operación del parque eólico impulsado por la empresa EDF.
Considera que este primer proceso de consulta indígena impulsado por la nueva administración, significa, una oportunidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poner en práctica, lo que en forma discursiva ha dicho sobre garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas y de demostrar que hay una voluntad política de cambiar las condiciones de desigualdad a las que han sometido a los pueblos originarios”.
ProDESC resaltó que ante la reactivación del Proceso de Consulta Indígena en Unión Hidalgo, por parte de Dirección de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (SENER), es necesario que se conozcan agresiones por parte de actores con intereses económicos en megaproyectos de energía eólica, en contra de defensores comunitarios de Unión Hidalgo, ya que lo anterior vulnera el carácter libre de la consulta.
Recordó que debido a la posible instalación del parque eólico impulsado por la empresa EDF y por la sentencia de amparo dictada a favor de la comunidad de Unión Hidalgo, por el juzgado primero de distrito del estado de Oaxaca, en octubre de 2018; la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, convoca a una asamblea comunitaria sobre la construcción y operación del proyecto Central Eólica Gunaa Sicarú.
De acuerdo a la sentencia de amparo, SENER está obligada a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para la población que participe en el proceso de consulta. Es decir, SENER no solamente tiene la obligación de llevar a cabo una consulta, sino que tiene la responsabilidad de cumplir con los estándares mandatados por la propia sentencia.
ProDesc destacó que ha sido un proceso donde se han detectado de forma oportuna, la falta de condiciones adecuadas para llevar a cabo la consulta indígena de acuerdo con los altos estándares internacionales por lo que esperan la presencia de organismos internacionales y autónomos de derechos humanos.
Consideran que este proceso de consulta debe tener una participación efectiva de todos los sectores de la comunidad, en una forma culturalmente adecuada.
Y es que a partir de los intentos de inicio del proceso de consulta indígena, se ha registrado un aumento significativo en la situación de riesgo de integrantes de la comunidad de Unión Hidalgo.
Cabe señalar que desde 2013 la comunidad de Unión Hidalgo es beneficiaria de medidas cautelares comunitarias, otorgadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque exige una rendición de cuentas por parte de las autoridades y de las empresas.
Así como hacer valer su derecho al acceso a la información y a la participación en asuntos públicos, sin embargo, ambos se les han negado, no solamente por parte del estado, sino también, por parte de la empresa.
Al contrario, señalan que las empresas y sus representantes han impulsado un patrón de violaciones frente al pueblo indígena y la comunidad agraria, omitiendo el carácter de propiedad social de las tierras y la característica de generar acuerdos mediante un consenso comunitario para la toma de decisiones trascendentales.
Muestra de ello es que representantes de empresas y comités de propietarios de la comunidad se acercan de manera particular a la población para hablar de los beneficios económicos y las bondades particulares si acceden al arrendamiento de sus parcelas que tienen en posesión.
Esto ha sucedido desde 2004 cuando comienzan a llegar los megaproyectos de
energía eólica en la región, las empresas buscan enganchar a familias completas mediante un “pago de apartado de tierras”, es decir, entrega de dinero para garantizar que las personas se comprometan a impulsar los proyectos antes de darlo a conocer en la población en general.
Este patrón genera una fragmentación de las relaciones al interior de la comunidad y tensión entre los diferentes actores de la comunidad.
Y citó como ejemplo el proceso de consulta indígena que se ha impulsado desde 20017 y 2018 para el proyecto de la empresa EDF y su filial Eólica de Oaxaca S.A de C.V. Hasta el momento se han realizado dos sesiones de la etapa de “acuerdos previos”, reuniones que se han llevado a cabo mediante gritos, acusaciones y tensiones entre los asistentes.
