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Por Ángeles Mariscal

Chiapas.- Un grupo de siete reos indígenas, recluidos en tres penales de Chiapas, se sumaron a la huelga de hambre que iniciaron desde el pasado viernes, otro grupo de reclusos. Demandan su libertad, mejores condiciones carcelarias, y justicia por actos de tortura cometidos en su contra.

El grupo de reos en huelga de hambre ahora suma a 13, que tienen como común denominador, haber sido detenidos sin orden de aprensión, y sometidos a actos de tortura para que se declararan culpables. Algunos llevan 15 años presos, sin recibir sentencia.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Gilberto Hernández, explicó que el centro humanitario ha estudiado los expedientes penales de decenas de reclusos, y al menos en menos 60 casos hay evidencia de detenciones arbitrarias y torturas como método para declararse culpables de delitos que posiblemente no cometieron.

Aún con esas irregularidades procesales -explicó- en la mayoría de los casos los jueces dictan sentencias condenatorias, violando el debido proceso.

Gilberto Hernández expuso la situación particular de los reos indígenas -en Chiapas una de cada tres personas son indígenas- a quienes se viola con mayor frecuencia sus derechos, y se suma el hecho de que en muchos casos son monolingües y no se les da oportunidad de alegar en su defensa.

Bajo estas condiciones, el pasado viernes iniciaron la huelga de hambre Abraham López Montejo y Germán López Montejo, recluido en el penal de Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz presos en Comitán. Este martes se sumaron los hermanos Mariano, Marcos y Martín Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mario Díaz Rodríguez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez. Todos ellos son indígenas.

Algunas de las irregularidades en sus procesos judiciales son evidentes. Por ejemplo, a Adrián Gómez Jiménez, indígena tsotsil de San Juan Chamula, no hay quien lo acuse. El 3 de febrero de 2004 acudió con un compañero de trabajo a buscar un curandero de la comunidad Saclamantón, para que tratara a su madre enferma. Tomaron un taxi. Por esa fecha se había cometido un secuestro y el coche de la víctima había sido localizado en esa misma comunidad.

Al pasar por la zona un grupo de policías los detuvieron argumentando que el taxi en el se transportaba no tenía placas, y lo acusaron del homicidio. A pesar de que en el proceso penal no tuvo ningún delito en contra, el juez lo mantiene en prisión con el argumento de que los policías que lo detuvieron deben presentar las evidencias. Lleva 15 años recluido y sin sentencia.

Otro de los huelguistas, Mariano Pérez Velasco quedó sordo del oído izquierdo por los golpes que recibió el 4 de febrero de 2004, cuando fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Entonces tenía 24 años y vivía en el municipio indígena de Mitontic.

Recuerda que lo sacaron de su casa. “Me golpearon, me golpearon fuerte en la oreja y sangré. Me pusieron algodón mojado en la boca y una bolsa en la cabeza, luego pusieron agua en mis pies, y me pusieron un cable con electricidad. Me pedían que dijera que yo había cometido el delito. Un mes me tuvieron así, golpeándome, arraigado en una casa allá por Tuxtla (la capital de Chiapas). Luego me dijeron, ‘ya te vas libre, firma’. Yo no quería firmar pero me agarraron la mano y me hicieron que firmara unas hojas (donde se declara culpable del delito). Yo tenía tapada la cabeza para que no los viera a los que me golpeaban… en ese entonces no hablaba la castilla (español)”. Mariano supo después que lo acusaban de secuestro.

“Nunca dije que yo lo cometí el delito porque no lo hice. Yo no decía nada, el juez miraba que yo no sabía hablar (español) y decía ‘qué van a saber estos indios’”.

Los reos que ahora se encuentran en huelga de hambre, han logrado organizarse en grupos donde analizan sus propios procesos penales.

Sobre el movimiento de protesta, el Frayba explicó en una carta dirigida a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que la huelga de hambre iniciada, se considera una herramienta usada para demostrar la injusticia sobre su encarcelamiento y sentencia. Ante tal situación exponen su vida demostrando su inocencia, al mismo tiempo exigiendo un derecho.

“Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitamos se respete el derecho a la manifestación, reunión y expresión de las personas indígenas en huelga de hambre, se inicie la investigación por posibles actos de tortura dentro de los penales, y se garantice condiciones adecuadas para las personas en huelga, tomando en cuenta el espacio físico, revisión médica y visita de familiares y asesores”.

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