El 15 de agosto del 2010, el defensor de derechos humanos indígena zapoteco Pablo López Alavez fue detenido de manera arbitraria y con lujo de violencia en las cercanías del Río Virgen en su comunidad San Isidro Aloapam, agencia de San Miguel Aloapam, Ixtlán.

El caso de Pablo López Alavez es emblemático de la criminalización de la defensa del territorio, en particular del bosque y el agua. Al momento de su detención, Pablo López contaba con una trayectoria de más de 20 años de defensa comunitaria al haber ejercido diversos cargos comunitarios mismos que lo llevaron a representar a su comunidad en los procesos de denuncia de tala ilegal de arboles y exigencia de conservación del bosque de su comunidad. Como consecuencia enfrentó procesos diversos de criminalización desde el año 2000 culminando con la fabricación del expediente 102/2007 en su contra y con su detención arbitraria en agosto 2010 siendo acusado sin fundamento de homicidio. El defensor fue detenido de forma particularmente violenta por un grupo de más de 15 hombres encapuchados, sin orden de aprehensión y agrediendo también a los familiares que se encontraban con él.

Las graves violaciones cometidas en contra del defensor y de su familia fueron reconocidas a nivel internacional con la emisión en junio del 2017 de la opinión 23/2017[1] por parte del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Esta opinión es una de 6 opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre casos de personas defensoras criminalizadas en Oaxaca, la mayoría indígenas y todas con un patrón similar de tortura, incomunicación y otras graves violaciones. En su opinión 23/2017, los expertos de la ONU piden la inmediata liberación de Pablo López así como la debida reparación del daño. Pese a ello, a tres meses de la emisión de la opinión, y tras un proceso plagado de irregularidades, mismas que fueron reconocidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a través de su recomendación 11/2015[2], fue dictada sentencia condenatoria a 30 años de prisión, misma que fue confirmada en noviembre del 2018. Sigue el proceso de exigencia de justicia.

Como parte de las graves consecuencias de este proceso de criminalización cabe destacar el desplazamiento forzado de su esposa y defensora de DH Yolanda Pérez Cruz así como las constantes y graves amenazas contra la defensora y sus familiares mismas que derivaron en la emisión de medidas cautelares a su favor a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, medidas que siguen sin ser cumplidas y que han significado un proceso de discriminación racista y revictimización particularmente graves.

Frente al carácter sistemático de la situación de criminalización en el estado de Oaxaca y al carácter emblemático de este caso, pedimos al Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador que tome cartas en este asunto y garantice el cese a las graves violaciones contra Pablo López Alavez, Yolanda Pérez Cruz y demás familiares.

Por la gravedad de las violaciones documentadas así como por la urgencia de poner fin al dramático patrón de criminalización contra personas defensoras en Oaxaca, 18 organizaciones internacionales y nacionales damos inicio a la Campaña Internacional #LibertadParaPablo.

Bruselas, Dublín, Ginebra, Munich, Montreal, Ciudad de México, Oaxaca a 9 de abril 2019