Desastre ambiental, suficiente para cancelar el NAIM: SCT

Éstas son las irregularidades enlistadas por el gobierno de AMLO para cancelar el aeropuerto de Texcoco. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimenez Espríu, anunció que remitirán documentación a la Secretaría de la Función Pública

 

por piedepagina

 

Texto y fotos: Daliri Oropeza

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un informe pormenorizado de las irregularidades en el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Máxico (NAIM).

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, enumeró omisiones, atropellos, favoritismos, contratos con anexos opacos -algunos señalados como “maniobras dolosas”- en los que estuvieron involucradas instancias públicas y empresas privadas.

“El Aeropuerto en Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse, fue un error gravísimo, cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor”.

Javier Jiménez Espriú

Durante la conferencia ofrecida en Palacio Nacional, el secretario aseguró que remitirán la documentación que tienen a la Secretaría de la Función Pública, pues no es de su competencia investigar o decir que hay corrupción, sin embargo, quedan las dudas, ya que hay cláusulas en anexos de los contratos con la empresa Parsons, que contienen los nombres de Alfredo del Mazo.

“Por una planeación deficiente, un proyecto oneroso y complejo y cambios constantes en la concepción del aeropuerto, el costo de la construcción se elevó considerablemente, sin que se actualizara el análisis costo beneficio original provocando que las fuentes de financiamiento resultaran insuficientes”, lamentó.

Estos son los puntos que dio Jimenez Espriú en el informe titulado “Razones Para la cancelación del Proyecto Del Nuevo Aeropuerto En Texcoco”:
Motivos ambientales y sociales, razón primera para cancelar

“El impacto ambiental y social son dos factores suficientes para cancelar la construcción del NAICM. Hay daño irreversible”.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes

A lo largo de la construcción del NAIM, ha habido opacidad y poca claridad con las manifestaciones de impacto ambientales por parte de las autoridades locales y federeales. El secretario Espríu aseveró que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del NAICM no llevó a cabo un análisis de los impactos acumulativos que las obras del proyecto.

En los planes del grupo aeroportuario estaba convertir el Lago Nabor Carrillo en laguna de regulación, lo cual implicaba la eventual desecación del lago y la incorporación de aguas residuales. El daño que esto provocaría fue advertido por los pueblos y comunidades afectadas, académicos, ecologistas e historiadores; y ahora lo reitera el secretario Jimenez Espriú. Esto aunado a la pavimentación y entubamiento de cerca de 200 kilómetros de cauce, lo que implicaba un grave efecto sobre el ciclo hidrológico de nueve ríos.Se perdería el hábitat de miles de especies de aves que migran del norte en invierno, y también las más de 150 minas de tezontle en 15 municipios para realizar la nivelación de la plancha, cuestión que pudo observar el equipo de López Obrador en un recorrido por los pueblos afectados.

Los interesados en el proyecto del NAIM-Texcoco, dijo el secretario, omitieron los efectos negativos mencionados:

“La seguridad y los derechos humanos de la población local y de que se trataba de una inversión exagerada, para un país con las carencias que tiene México”.

El proyecto, añadió, de aeropuertos estaba acompañado por infraestructura inmobiliaria y carretera, por lo que el verdadero negocio radicaba en la urbanización de las tierras.

Detalló que con el NAIM llegaría el crecimiento urbano acelerado y una sobrepoblación que se estimaba en más de 3 millones de personas en una zona que actualmente sufre por desabasto de agua y sobrexplotación de acuíferos, que involucra municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán en el Estado de México, y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lugares afectados directamente por la mega obra.

El incremento de la temperatura sería inevitable, aseguró. Además, No existían proyectos ejecutivos ni presupuestos para obras de interconexión del aeropuerto.

“El impacto en las comunidades directamente relacionadas con dicha obra habría sido mayúsculo, no sólo en detrimento de la disponibilidad de servicios básicos, sino en las nuevas formas de convivencia social de esas comunidades”, afirmó Espriú.

Aspectos técnicos ocultos y planeación y deuda que se extendió en el tiempo

Para el NAICM, nadie dio cuenta de la integralidad y profundidad de los estudios técnicos que requiere un proyecto de esta magnitud, de acuerdo con el informe presentado por el titular de la SCT.

El hundimiento pudo haber sido hasta de 40 metros por el terreno de lago, declaró el secretario, y nunca informaron que la puesta en operación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco implicaría el cierre de Santa Lucía y del Aeropuerto Benito Juárez, pues no es viable el tránsito de aviones. En suma, nunca fue detallado el proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Otra prueba contundente de la irresponsable forma de acometer el proyecto de infraestructura más ambicioso y oneroso de la pasada administración, es el hecho de que el contrato para construir el Edificio Terminal se licitó y adjudicó por un monto de $85 millones de pesos, sin disponer de un proyecto ejecutivo que incluyera la ingeniería de detalle, lo que provocó una demanda por parte del Consorcio ganador al Grupo Aeroportuario en octubre del 2018, ya en plena construcción de la terminal”, detalló Espriú.

A esto se suman las irregularidades con el gerente del gobierno: Parsons International Limited. Esta corporación anunció 2016 al GACM, que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría a entre 16 y 17 mil millones de dólares y que la fecha de inicio de operación sería hasta septiembre de 2024, seis años después de la fecha proyectada en el proyecto original: 2018.

“La información de Parsons de 2016 se ocultó siempre, se archivó y se mintió sin recato”, dijo Espriú, no se sabía ni cuánto costaría el proyecto, ni cuándo se podría terminar la obra, ¡un elefante blanco!, dijo, por lo cual no era conveniente al hacer el análisis costo- beneficio que da guía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Lineamientos de la Unidad de Inversiones.

Espriú enfatizó que el esquema de bonos solo endeudaba por 6 mil millones de dólares al gobierno en un tiempo de 10 y 30 años, el financiamiento quedaría comprometido al Estado.

En la conferencia mostró una tabla donde la SCT comparó la aportación federal estimada contra la aportación real, los cuales son dispares pues la emisión de Bonos no fue por crédito externo, sino como financiamiento privado, y en donde el único modo de pago sería a través de la Tarifa Unica Aeroportuaria (TUA).

“El hecho de no disponer de antemano de un proyecto financiero bien definido y al no contar con un presupuesto multianual, no sólo afectó la rentabilidad y el costo beneficio del proyecto, sino que fue una irresponsabilidad fiscal”, y explicó que la contratación de la FIBRA-E comprometía al GACM a pagar rendimientos del 10% a tasa real durante la duración del instrumento, sin posibilidad de amortización anticipada antes de 2026.

Nunca se actualizó el análisis costo beneficio. Todo se triplicó.

Esto fue catalogado por el titular de la SCT como maniobra dolosa por el elevado costo para el patrimonio nacional y para los compromisos del siguiente gobierno, lo que, además, no fue informado en la entrega-recepción.

Recordó que el Grupo Aeroportuario tiene abiertos 198 procedimientos fiscalizadores desde 2015 a la fecha y hay cuenta que detallan daño patrimonial por un monto superior a 6 mil millones de pesos, cuestiones que ya son procesadas por la SFP, informó.

La Secretaría de Hacienda debió cancelar el proyecto dos o tres meses antes, dijo.

Demandaron en octubre de 2018 al Grupo Aeroportuario de México por incumplimiento de los contratos y por nunca entregar el Proyecto Ejecutivo con Ingeniería de Detalle, y acusó la imposibilidad de cumplir con el Programa General de Ejecución por causas no imputables al contratista.

Asesores politicos: ¿Jugosas recompensas?

Javier Jiménez Espriú dio cuenta de los documentos de la Fibra-E (un fideicomiso) suscritos en marzo de 2018, donde detallan las enormes ventajas para los inversionistas: “adelanto de pagos e incremento del porcentaje en caso de cancelación definitiva o suspensión indefinida de la construcción del aeropuerto” “no haya iniciado operaciones el 1o. de enero de 2025”, se concedieron a sabiendas de que el proyecto, ya en discusión pública, de llevarse a cabo, no se concluiría, en el caso más optimista, antes de 2024, como les advirtió Parsons desde 2016”.

A los arquitectos de la obra se les dio adjudicación directa, al igual que a esta empresa norteamericana (Parsons), la cual cotizó a 2020 su contrato, y con convenios modificatorios, se incrementó el presupuesto 14%.

En los anexos no públicos del contrato del corporativo estadounidense Parsons, aparecieron nombres de priístas como “asesores estratégicos”; Espriú detalló que Alfredo Del Mazo González, ex gobernador del Edomex y padre del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, y a su amigo Alfredo Elías Ayub, ex director de la CFE, estaban en esa lista, a los cuales les asignaron recursos por por dos mil 692 millones de pesos por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
En qué va el proceso

El gobierno inició una estrategia basada en la honestidad, dijo Espriú, para llevar a cabo la cancelación de las obras conforme a la ley.

“Con esta documentación y la respuesta de la consulta ciudadana, el reto fue resolver todas las implicaciones que conllevaba la cancelación del proyecto, cumplir los compromisos ya establecidos, atender las demandas y las controversias de tipo contractual, financiero, social y ecológico, restablecer en lo posible la tranquilidad y daño que se hizo a las comunidades contiguas al polígono, terminar de manera anticipada con apego a la ley de obras públicas, definir qué se haría con ellas y cómo se renegociaría con los tenedores de bonos, inversionistas y tenedores de la FIBRA-E”.

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