La violencia no termina en Aldama. Las denuncias, los llamados de auxilio, las reuniones con autoridades de gobierno, los heridos, los muertos, no logran detener la impunidad con la que civiles armados atacan una y otra vez a las comunidades de Chiapas. Una violencia que tiene rostros, tiene origen, tiene antecedentes y tiene un alto grado de impunidad. En Aldama ya no se puede vivir, más de 2 mil personas viviendo en situación de desplazamiento forzado dan cuenta de ello.
El asesinato de Ignacio Pérez Girón, líder comunitario y autoridad de Aldama, es una muestra de ello. Pérez Girón, en los años en los que se recrudeció la violencia y agresiones en Aldama, fue una de las voces que llamaron a la cordura y a la pacificación.
Apenas a inicio de este 2019, fue una de las voces que habló en una reunión que sostuvieron habitantes de la zona, con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para pedir por enésima ocasión su intervención.
Por ello, resulta poco creíble que autoridades del gobierno atribuyan su muerte a un intento de extorsión con fines económicos.
¿Qué intereses se mueven tras la complicidad e impunidad con la que operan los grupos de civiles armado en Aldama, en Chenalhó, en Chilón, Yajalón, Chalchiuitán, Sitalá, entre otros municipios? La teoría sobre la disputa por tierras resulta inverosímil ante la magnitud de la violencia, y la inversión que se requiere mantener la operatividad de estos grupos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y organizaciones que han acompañado a los afectados por la violencia en la zona, lo resumen en una frase: El Estado mexicano (es) omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.
Reproducimos su posicionamiento tras la muerte de Pérez Girón.
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.
En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.
Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.
Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego».
En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.
Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.
Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:
Cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades tostsiles de Aldama.
Implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado, de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región.
Investigar y sancionar a los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región.
Investigar de manera eficaz el asesinato de Ignacio Pérez Girón para garantizar el derecho a la justicia y la verdad. Cabe señalar que en menos de 24 horas han detenido a un presunto inculpado mientras que en Aldama son 25 personas asesinadas y no hay ningún avance.
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CDMCH)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
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