Las últimas decisiones ambivalentes de Andrés Manuel López Obrador con respecto a las políticas migratorias de México han prendido focos rojos de activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que trabajan con migrantes.

A raíz de que el gobierno mexicano repartiera seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera centroamericana en un tramo de 965 kilómetros, distintos defensores de derechos humanos vieron mal la retórica que López Obrador está tomando, con la cuál da entrada al gobierno estadounidense de extenderse hasta el extremo sur del país.

“No hay duda”, expresaría al poco tiempo el padre Heyman Vázquez, párroco de Huixtla, en Chiapas respecto a las políticas migratorias: “Esto sólo confirma lo que siempre se ha dicho, que México es el patio trasero de Estados Unidos.

Heyman, fundador del albergue migrante “Hogar de la Misericordia”, en Arriaga, Chiapas, afirma que cada vez son más frecuentes las mujeres que sufren violaciones y llegan a refugiarse en su organización, víctimas de las rutas violentas que toman al inmigrar.

Vamos a regresar quince años atrás, cuando a los migrantes se les asaltaba y a las mujeres se les violaba, esas son las consecuencias de la militarización de la frontera sur. Pasamos pues de un discurso humanitario a una acción militarizada para reprimir la migración”, opinaría Heyman Vázquez.

Por su parte, el integrante del albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, Rubén Figueroa condenó la visible militarización del país. “Tal situación sólo trae zozobra; no sólo para los migrantes, sino también para la población civil que verá un mayor despliegue policial y ahora la figura de la Guardia Nacional”.

En su opinión, el gobierno mexicano enfrentará una crisis migratoria y humanitaria como consecuencia del movimiento militar a la frontera sur, el cual, además, considera como una extensión de las fuerzas estadounidenses al mando de Donald Trump.

Hay una retórica de respeto a los derechos humanos, pero al final todo se queda en represión y control y, en el mayor de los casos, en ver a los migrantes como mano de obra barata para los megaproyectos. Los que no quieran ser deportados les ofrecen trabajo en megaproyectos con derechos laborales nulos o mínimos“, expresa Salva Lacruz Zorita, responsable del área de incidencias del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordoñez, con sede en Tapachila.

Lacruz cree que el gobierno mexicano está entregando su política migratoria a Donald Trump. Además, ahora que Tonatiuh Guillén ha dejado su puesto a Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración, opina que todo será “mucho más duro contra los migrantes“.

En complemento, la preocupación por la nueva militarización en las políticas migratorias la comparten Claudia León Ang, coordinadora del área de incidencias del Servicio Jesuita a Refugiados México; el organismo Formación y Capacitación A. C., dirigido por Diana Damián; Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; entre otros.

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