Desde 2001, la empresa Aguas de Barcelona llegó a México para administrar el agua en Saltillo, Coahuila, con la promesa de garantizar la accesibilidad del líquido entre los pobladores; desde entonces las leyes, incluida la Constitución estatal fue modificada para favorecer a la empresa, que ahora controla tres cuencas en el territorio mexicano hasta por tres décadas

Por: Ricardo Balderas y Eduard Martín-Borregón

El agua, en diferentes cuencas de México ha sido tomada por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), que pasó de ganar una concesión municipal a la expansión de sus ingresos en tres cuencas del territorio nacional.

En torno a la presencia de Agbar en México hay denuncias por proyectos inconclusos, modificaciones a modo de las legislaciones locales, estudios de explotación acuífera a empresas cuestionables, relaciones con compañías señaladas de sobornos, y el encubrimiento de sus propietarios.

Además, de cortes definitivos, pese a que se según se lee en la Carta Magna en su Artículo 4°: “El Estado garantizará el derecho al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para cumplir con el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. Empero, los pobladores de Saltillo, Veracruz y Medellín jamás han probado esta garantía.

Las tres localidades donde se presentaron estas denuncias a las que PODER tuvo acceso vía Méxicoleaks son Saltillo, en Coahuila; y Veracruz y Medellín de Veracruz. Su crecimiento, de acuerdo con pobladores y defensores del agua, es inexplicable.

La historia de las sequías de Coahuila y Veracruz se narra desde las, ahora áridas, tierras de Saltillo donde los habitantes de las comunidades ejidales de Parras de la Fuente y General Cepeda libran una batalla desigual en contra de las grandes industrias manufactureras que convirtieron al municipio de Ramos Arizpe en una “Ciudad Modelo”, pero con ambiciones de despojo.

Cuando Aguas de Barcelona llegó a la municipalidad en 2001, lo hizo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los saltillences”. En ese entonces, el presidente municipal era el priista Óscar Pimentel González. Seis años después, la empresa ya era señalada como un “Millonario Fraude”, por la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), quienes aseguraban que Agbar realizaba extracciones mucho mayores a las que reportaba.

Según se lee en la Carta Magna en su Artículo 4°: “El Estado garantizará el derecho al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para cumplir con el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. Pero, los pobladores de Saltillo, Veracruz y Medellín jamás han probado esta garantía.
El negocio que enturbia el agua

El negocio comenzó cuando Pimentel González ocupó el cargo como alcalde en un momento en que (al igual que ahora) se padecía de una preocupante escasez de agua. Ante esta situación, Pimentel González aprovechó para plantear un reordenamiento de los servicios públicos, quedando él mismo como parte del Consejo de Administración de la empresa. Y el negocio fue el siguiente: según el mandatario, el municipio debía asociarse con una empresa extranjera para “fortalecer sin privatizar” (sic) el ahora extinto Sistema de Aguas de Saltillo (Simas). Para ello, Pimientel González contrató a la firma Freese Nichols (FN) para que estableciera las bases de la licitación.

FN propuso que el juez de la misma concesión fuera la auditora Arthur Andersen (que desapareció en 2002 tras el escándalo de Enron por cometer los delitos de obstrucción a la justicia y de destrucción y alteración de documentos relacionados con la quiebra de Enron), misma que trabajaba como asesora contable de Agbar durante el periodo en que fue juzgada.

En el momento de la concesión hubo ocho empresas interesadas, pero únicamente la española realizó una oferta. El despacho Arthur Andersen había fijado un mínimo de 80 millones de pesos y Agbar ofreció 81.9 millones, ganó de inmediato y sin competencia. De este modo, obtuvo el 49 % de las acciones de Simas.

Ocho días después de ganar la licitación, Agbar formó una nueva empresa integrada por una sociedad denominada Interaguas de México, a la que revendió el 49% de las acciones de Simas y fundó así Interagbar de México, que entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal).

La información de la constitución de la empresa estuvo oculta varios años debido a que el Archivo General de Notarías de Coahuila se negó a revelar los nombres de los socios e inversionistas, y derivado de esto, en el Palacio Legislativo local, vía el diputado Alejandro Martínez Hernández del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se promovió un punto de acuerdo en el que solicitaban a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se hiciera pública dicha información.

Pero PODER tuvo acceso al documento de constitución de Agsal. Y se revela que la empresa fue constituida como una sociedad mercantil el 15 de julio de 2001 mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76 de la Notaría Pública 42 de Coahuila por el fedatario Rubén Roberto Sánchez Montemayor, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del registro Público de la Propiedad.

La sociedad quedó repartida con 25,500 acciones para el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo y 24,500 acciones para Interagbar de México S.A de C.V. Su consejo quedó conformado por el ex alcalde Óscar Pimentel González y Alejandro Treviño Saldaña como suplente.

Pero las quejas en materia legislativa no terminan ahí. Agsal (como es conocida en Saltillo Agbar) también es acusada de modificar las leyes a su favor para mejorar su recaudación. En 2007, la Ley Estatal del Agua tuvo que ser modificada para que Agbar tuviera el privilegio de mejorar sus recaudaciones y cambiaron el artículo 84 de la Constitución de Coahuila, permitiendo suspender completamente el servicio de agua a quienes no paguen las cuentas; con eso, la compañía logró que la cobranza pasara del 65% al 95%, pero violando la Carta Magna.

La AUAS, algunos legisladores y varios activistas siguen esperando que las autoridades de Conagua revelen la información sobre la empresa, pero hasta el momento Conagua no ha respondido el llamado, y mientras tanto el señor Pimentel González fue nombrado, en diciembre del año pasado, director del Instituto Municipal de Planeación (Imeplan).

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