Una vez asumida la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo denunció ante la entonces Procuraría General de la República (PGR) a un grupo de empresas fantasma que operan en Jalisco, ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la herencia que dejó el fracaso de la “Operación Jalisco”1. A seis meses del acto, el narco sigue gozando de la secrecía fiscal del Estado.

El caso Jalisco definió el malogro del sexenio pasado en materia de seguridad. El viernes primero de mayo de 2015, una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana fue derribada en las inmediaciones de la comunidad de Villa Purificación con un lanza proyectiles del tipo RPG-7 dejando un saldo de seis militares abatidos. Tras el atentado, las autoridades federales encabezadas por Enrique Peña Nieto ejecutaron el protocolo denominado “Operación Jalisco”, cuyo principal objetivo era capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de la banda criminal el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desmantelar las operaciones comerciales y detener al líder del CJNG, se convertiría en la obsesión y fracaso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda2. Cuatro años después, el sicario encargado de la operación, fue detenido. Heleno Madrigal Virrueta, alias “El 20”, explicó durante su audiencia que el atentado en contra de la aeronave se trataba de un operativo para evitar que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) capturara a su líder.

El origen del dinero con el que financiaron del armamento, y las empresas que comercian con armamento pesado que termina en manos del crimen organizado, fue catalogada como información confidencial.

El secreto fiscal y el crimen organizado

Para conocer quiénes son los responsables de financiar a grupos criminales en México, es necesario (por omisión de las autoridades) consultar información en otros países. La captura del Estado por poderes ajenos a los intereses de la nación, dejó al país sumergido en un círculo de opacidad y proteccionismo.

Funcionarios públicos y sus empresas son quienes aparecen, en el escenario mundial, acusados por delitos como lavado de dinero, asociación delictiva y financiamiento criminal.

Personajes de la talla de Saúl “El Canelo” Álvarez, afamado boxeador; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas3; Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo4; un colaborador de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua5; y ahora Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit6, encabezan listas de investigaciones policíacas de financiación a grupos terroristas y crimen organizado, principalmente en Estados Unidos (EE.UU).

Este escenario se puede identificar gracias a registros como el de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EE.UU, de los que PODER posee copias. Ellos, por ejemplo, ubican como los estados más prolíferos para el lavado de dinero en México a Jalisco con 260 casos registrados, Sinaloa con 136, Baja California con 86 y Ciudad de México con 58.

Al contrario de su homólogo del norte, México actualmente carece de un listado público para consultar las investigaciones en curso que, según la propia información institucional, son responsabilidad de UIF dependiente de la SHCP7. Estas dependencias llevan ya 13 años sin hacerse responsables de esta información.

La opacidad de la UIF

Según consta en el sitio web oficial de la SHCP, la UIF tiene la facultad y obligación de llevar a cabo las investigaciones oportunas para detectar daños financieros y mantener informada a la población. No obstante, la dependencia no posee evidencia de que así ocurra, carece de una agenda de acción pública y propia, y dificulta el acceso a la información, debido a que los documentos que se comprometió a hacer públicos no se han actualizado.

El compromiso de presentar esa información fue adquirido por el Gobierno Federal en 2006, cuando México se unió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Empero, desde aquel momento el Gobierno Federal no realizó ninguna publicación. En el mismo sitio web de la UIF, únicamente se pueden consultar dos documentos: El primero se trata de una carta emitida por el nuevo titular de dicha Unidad, Santiago Nieto Castillo, en donde justifica el motivo por el cuál no harán públicos los nombres o datos de contacto de los servidores públicos adscritos a la UIF con excepción del titular, debido a que según interpretaciones de él mismo, se pone en riesgo la seguridad nacional8; el otro documento se trata de un oficio con 10 páginas en donde se estipulan las bases de las funciones de la UIF9.

En ese segundo documento (el de las bases), es que las autoridades mexicanas reconocen que sólo tienen como herramienta el tratado GAFILAT. Sin embargo, en los archivos de dicha agrupación, desde el 1 de enero del 2006 a la fecha, no existe una sola sentencia emitida por México, es decir, fue un acuerdo sólo de papel y foto10.

La OFAC en el mundo, la lucha por el poder

“La OFAC es un instrumento de guerra en tiempos de paz”, dice Oswaldo Zavala investigador de la Universidad de Nueva York y periodista, y continúa: “Imagina que Venezuela, Colombia o México congelaran el dinero de Larry Fink (CEO de BlackRock) por acusaciones o investigaciones independientes, sería un hecho insólito. Estos escándalos siempre tienen utilidad política ¿No? OFAC, o su función, es crear un consenso de discurso en el que son indispensables y depende claramente de que se hagan públicas sus investigaciones”.

El problema con esto, es que México no posee sus propios documentos. La OFAC es una organización única en su tipo pues posee la facultad de congelar activos de extranjeros en caso de que sus investigaciones determinen que los señalados son culpables de los delitos antes mencionados.

La OFAC emite una lista anual identificada como SDN que se actualiza constantemente conforme avanzan las investigaciones de la Central Intelligence Agency (CIA)11. En países como Cuba, Honduras o China, a la SDN también se le conoce como “La lista negra”.

El exgobernador de Nayarit apareció en la SDN el pasado 17 de mayo, cuando por medio un comunicado de prensa12 se le señaló por lavado de dinero y financiación criminal. En dicho documento se anunció que las investigaciones se habían realizado en colaboración con el Gobierno de México para sancionar a perpetradores de corrupción y sus redes, pero fue la OFAC y no México quien señaló a un magistrado y a un ex gobernador debido a su presunta participación en actividades de corrupción.

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