Pobladores y comuneros del núcleo rural de Tilzapote, perteneciente a la agencia municipal de San Francisco Cozoaltepec en Santa María Tonameca, denunciaron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), violación a derechos de niños, niñas y ciudadanos, por la pretensión de demoler instituciones públicas en Tilzapote derivado de un conflicto agrario.

Edith Santibáñez Borges, representante de los comuneros, señaló que el conflicto por despojo de tierras en Tilzapote aún prevalece y que cada día se agudiza más, ya que continúa la situación de amenazas de desalojo a los comuneros, derivado de la sentencia emitida por el Magistrado de los Tribunales Agrarios, Luis Ponce de León.

Y es que a través de la sentencia del juez solicitan al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) demoler las instituciones públicas, como es la primaria, el centro educativo de preescolar, y a otras autoridades solicitan demoler la casa de salud, la iglesia y otros inmuebles, al resolver a favor de dos particulares.

Nos hemos movilizado y hemos asistido a diferentes dependencias y autoridades, pero no vemos un avance, teníamos programado para hoy una reunión de trabajo con el procurador Agrario Nacional, porque la semana pasada estuvimos en la Ciudad de México, se comprometió a que el día de hoy en la tarde recibiría a las autoridades municipales y comunales, además de una comisión que viene de la población, sin embargo, dicha mesa fue cancelada de última hora”, reprochó.

Santibáñez Borges, explicó que las instituciones educativas no han sido demolidas porque los maestros, padres de familia y autoridades, no lo han permitido, “hay solicitudes y peticiones para que el IEEPO retire a su personal y que la sección 22 haga lo mismo con los maestros, pero no lo van a hacer”, puntualizó.

Refirió que en la comunidad tienen más de 70 años establecida las escuelas, y advirtió que no permitirán que sean demolidas por un capricho de dos personas desconocidas para la población. Lo mismo, advirtió que no permitirán que se les niegue el derecho a la educación a los niños y a las niñas que son un aproximado de 300 entre la escuela primaria y preescolar.