En Torreón, se ha denunciado ante la CNDH al Instituto Mexicano del Seguro Social por abuso de autoridad, tortura psicológica y amenazas contra la vida, la integridad y la seguridad personal.
Según el oficio con fecha a 4 de julio de 2019, dirigido al maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mexicanos residentes de Torreón, Coahuila han hecho saber violaciones a derechos humanos.
En el oficio, se solicitan medidas cautelares a los ofendidos, quienes permanecen anónimos.
Las medidas son por protección al derecho humano de la vida, la integridad y la seguridad personal, atentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado.
Los hechos ocurren la Subdelegación del IMSS en Torreón, Coahuila. El quejoso, quien se reconoce como el Jefe de Departamento, asegura haber sido convocado a la sala de juntas de la Subdelegación y recibido ahí por Ricardo López, presunto Asesor del Subdelegado Ricardo Ramírez Vie.
Recién reunidos, Ricardo López pide al Jefe de Departamento que deje su celular afuera, con la secretaria. Habiéndolo hecho el empleado, entra en la sala quien se identifica como el Jefe de jurídicos de la Delegación Coahuila, Carlos Rubén Álvarez Colocuris.
Con aquél entran dos mujeres, supuestas funcionarias de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ninguno de los personajes se ha acreditado.
Enseguida dos invitados armados entran en la sala de juntas de la subdelegación, vestidos de civiles aseguran ser personal de la Fiscalía del Estado; no dan sus nombres.
Ni Ricardo López ni Ricardo Ramírez Vie, asesor y subdelegado, fueron identificados por el empleado citado, ya que, asegura en el oficio, nadie les había mencionado en el trabajo, ni conocían que estos cargos públicos existían. Los Ricardos nunca enseñaron credenciales.
López habla y comunica que investigaciones institucionales han encontrado inconsistencias en expedientes que oscilan en el departamento de auditoria a patrones y que se ha dejado de cobrar cuotas.
Son las 11:30 y entran otros dos empleados del IMSS, a quienes les citan las mismas acusaciones de desvío de recursos.
Aseguran los presuntos funcionarios que otro presunto funcionario, Pablo Francisco Linares Martínez, Delegado Estatal, también desconocido para el denunciante, está detrás de las órdenes que provocan la escena.
Ahora los tres acusados deben firmar una renuncia, según apuntan los Ricardos, que sino, «algo podría pasar con nuestras vidas».
Que sino «primero nos llevarían esposados por las personas que se encontraban ahí de la fiscalía, privándonos de la libertad por un lapso de 32 horas sin derecho a fianza», se lee en el oficio de denuncia.
Los empleados se defendieron argumentando que no eran las formas de correr personal, que eran inocentes de los hechos implicados.
Los Ricardos, los funcionarios de la Junta de Conciliación y los oficiales de la Fiscalía insistieron con más amenazas hasta que el personal del IMSS dio las firmas por obligación, contra su voluntad.
Hecho el cometido, les sacaron de la sala y los escoltaron afuera de la Subdelegación Torreón, hasta una camioneta blanca con logo del IMSS, acompañados de Carlos Álvarez y Ricardo López.
Llegaron hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje y les ofrecieron a firmar unas actas «ya redactadas», que firmaran para luego llevarles presos sin ninguna orden.
El documento indica que les liquidarían con cantidades de 54 y 48 mil pesos, que les hicieron firmar otra vez bajo amenaza, con los oficiales empuñando las armas.
Los denunciados estamparon las huellas digitales de los empleados y pidieron las credenciales para votar para tomar una copia fotostática.
Los ciudadanos pidieron copias de todos los documentos de renuncia. Se las negaron.
En consecuencia, los quejosos solicitan medidas cautelares precautorias para asegurar el resguardo de las grabaciones de las cámaras dentro de la Subdelegación del IMSS. Para integrar debidamente la queja y que haya investigaciones.
