Mixes se amparan contra decreto del corredor interoceánico porque no han sido consultados y sí han sido ignorados

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas, Dagoberto Toribio Severo, Raúl Martínez de Jesús y Ruvicela Toribio Zacarías presentaron la demanda de amparo indirecto para solicitar la suspensión provisional y en su momento definitiva del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

La demanda de amparo que presentaron ante el Juez de Distrito de Salina Cruz es en contra de la ilegal convocatoria emitida el 14 de marzo de 2019 y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec.

Y señalaron como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber ordenado el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Mientras que al gobernador Alejandro Murat Hinojosa lo acusaron de “omisión” por no velar por los intereses y derechos de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directa o indirectamente.

Asimismo cuestionaron al secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa (quien renunció este martes 9 de julio) y los secretario de Economía, Comunicaciones y Transporte, al director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo y a los oaxaqueños Adelfo Regino Montes (director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a Ceyla Cruz Gutiérrez responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas.

Juana Inés Ramírez Villegas y Dagoberto Toribio Severo, originarios de San Juan Guichicovi, Raúl Martínez de Jesús es actual agente municipal de Palomares perteneciente a Matías Romero y Ruvicela Toribio Zacarías, originaria de Santa María Petapa, reclamaron ante la autoridad federal la “expedición irregular e inconstitucional del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario de la Federación el 14 de junio de 2019, sin que se hayan respetado, observado y cumplimentado los procedimientos que se establecen en la constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas.

Como descendientes del pueblo Ayuuk jaay o mixe denunciaron que “a lo largo de décadas se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación; y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”.

“Ante tales embates, la resistencia de los diversos pueblos indígenas que habitamos y compartimos territorios en el Istmo de Tehuantepec, ha podido frenar su implementación, evitando con ello un saqueo desmedido de los recursos naturales; así como la alteración a gran escala del impacto medioambiental”, puntualizaron.

Consideran que “la ausencia de la minería en la región como la preservación de la selva de los Chimalapas que constituye un importante pulmón de todo el territorio mexicano, son dos ejemplos que ilustran la trascendencia, para la los pueblos y la humanidad, la defensa que como pueblo hemos hecho de nuestros territorios”.

Aunque el presidente López Obrador anunció la construcción de un tren transistmico, así como la modernización y construcción de diversos puertos marítimos tanto en Oaxaca como en Veracruz, “hasta el día de hoy nuestros pueblos y comunidades, así como las personas que lo conformamos, no hemos recibido ningún tipo de información oficial por parte de las autoridades del gobierno federal, no hemos sido convocados, por medio de nuestras instituciones comunitarias, a participar en consulta alguna respecto de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas.

Por tal razón, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal formándose el expediente de amparo 135/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito que se encuentra pendiente de resolver.

Pedro Matías-Diana Manzo