@anajarnajar

Hace algunos años una amiga, recién concluido su doctorado en derecho, pidió consejo a uno de sus maestros para instalar su despacho.

No cobres barato, si lo haces nos perjudicas a todos” respondió el profesor, uno de los juristas más conocidos y respetados en México.

Hace unos días recordé la anécdota al leer el mensaje en Twitter de la procuradora de Ciudad de México, Ernestina Godoy, tras la protesta de cientos de mujeres por el abuso sexual a menores de edad por parte de policías.

Algunas de las participantes de la marcha rompieron la puerta de cristal y ventanas en una de las entradas de la sede central de la Procuraduría, conocido como “El Búnker”.

La respuesta de la procuradora desató la polémica.

Sobre la provocación de hace unos momentos en las instalaciones de la PGJ, señalar que no vamos a caer en la misma y que se han aperturado diversas carpetas de investigación para indagar los hechos”, publicó Godoy.

El mensaje provocó el enojo de cientos de tuiteros. La procuradora decidió concentrarse en buscar a quienes rompieron unos cristales antes que investigar a los policías acusados de violación.

La indignación aumentó cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, avaló la versión de que la marcha fue una provocación.

Más allá de la extraña sintaxis, el tuit de Ernestina Godoy revela un aspecto poco conocido sobre el mundo de los abogados, jueces, y fiscales de México:

La manera como se forman los profesionales en el derecho penal. Desde las escuelas se enseña a ver la profesión desde un ámbito estrictamente legalista, ajena la mirada a nada que no sea la aplicación de las normas escritas.

Nada que no esté en las leyes debe atenderse. La única sensibilidad permitida es la interpretación de una norma, la mejor forma de conseguir una sentencia o librar al cliente de la cárcel.

Es una parte de la formación. La otra se imparte en los tribunales y agencias del Ministerio Público, plagadas de triquiñuelas, corrupción y una profunda dosis de misoginia.

En México, el derecho penal es un ámbito masculino y no sólo porque la mayoría de los litigantes –en ambos lados de la mesa- son hombres, sino porque los usos y costumbres fueron diseñados por y para varones.

Se nota en las cantinas y restaurantes donde se reúnen los abogados, las comilonas de larga sobremesa donde el lenguaje hacia sus compañeras litigantes, secretarias y empleadas del Poder Judicial suele ser cuestionable.

Es evidente en las diligencias y trámites en juzgados y fiscalías, donde como en muchos espacios del país ser mujer es una enorme desventaja.

Las abogadas aprenden que para salir adelante es necesaria una batalla cotidiana, a veces con más dureza que sus compañeros varones.

Un espacio duro, complicado donde mimetizarse con el ambiente es fácil. De ese mundo proviene la procuradora Godoy.

Eso no justifica la poca sensibilidad de su mensaje en Twitter. La funcionaria forma parte de un gobierno local encabezado por una mujer, que a su vez es parte de un proyecto político donde por primera vez parece haber esfuerzos por promover la igualdad en posiciones políticas y de administración pública.

Por eso mismo es fundamental que Ernestina Godoy, y otras abogadas en posiciones similares, se olviden de la escuela y el entorno misógino del que provienen.

Más aún: lo que ahora sucede puede ser una oportunidad para revisar los procesos de formación para los expertos en derecho penal, y sobre todo de jueces y fiscales.

En el país de los feminicidios y la violencia de género es fundamental cambiar el paradigma. La justicia no es sólo aplicar las leyes.

Esta es una columna de opinión que pertenece al sitio web Pie de Página, se reproduce aquí gracias a la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Encuentre el post original en el siguiente enlace: La escuela de la procuradora.