Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Arturo Contreras y Presidencia
Este texto pertenece a Pie de Página, se reproduce por aquí por medio de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
La Secretaría de Gobernación informó que se han identificado este año 200 cuerpos, aunque no todos han sido entregados aún a sus familiares; familiares de víctimas ven con buenos ojos los avances, sin embargo, todavía está pendientes las investigaciones para que haya verdad y justicia. Mientras, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo.
El registro de fosas clandestinas localizadas en México no deja de crecer. De acuerdo con la información presentada este viernes por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, de 2006 a la fecha se han encontrado 4 mil 874 cuerpos y un sin números de restos humanos en 3 mil 24 fosas clandestinas. El último informe, presentado hace tres meses y basado en investigaciones independientes, apuntaba a poco más de 2 mil.
De la cifra dada por Encinas, 522 fosas han sido descubiertas durante los 9 meses de la actual administración; en ellas se han encontrado 671 cuerpos.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha identificado y entregado a sus familiares los restos de 116 personas desaparecidas, informó Karla Quintana, titular de la instancia. Aseguró que hay otros 84 restos identificados, que aún no han sido entregados.
Este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el gobierno federal dio avances de los trabajos de esta comisión, creada para atender el problema de más de 40 mil personas desaparecidas en el país, lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “la peor herencia” que recibió este gobierno.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas realizará una visita al país en el segundo semestre de 2019 para apoyar los trabajos en el área. Desde 2013 la ONU había requerido a México que permitiera la visita del Comité, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó la ayuda.
Otras líneas de trabajo para los siguientes meses, informaron, serán la firma de un convenio con el Consejo Nacional para la Ciencia y la Cultura para el apoyo en las labores de búsqueda, y la comisión de la Unidad de Búsqueda de Policía Federal a tareas asignadas por la CNB, así como la presentación de una iniciativa legislativa o normativa que permita hacer efectivo el Mecanismo Extraordinario Forense.
Las desapariciones forzadas siguen en la 4T
Desde las 7 de la mañana, decenas de familiares de personas desaparecidas esperaron al subsecretario Encinas afuera de Palacio Nacional para entregarle 102 mil firmas con las que solicitan que de atención expedita a la búsqueda de personas desaparecidas.
Al término de la conferencia matutina del presidente, el subsecretario Alejandro Encinas, salió del Palacio Nacional para recibir las firmas que recolectó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. Ahí, aseguró que el trabajo en los estados se está redoblando, pues de las 10 comisiones locales de búsqueda que existían, en estos pocos meses de trabajo que lleva, se han expandido a más de 25.
Además, se comprometió a crear el Mecanismo Extraordinario Forense, un antiguo reclamo de los familiares ante la precariedad y la poca efectividad con la que operan los institutos de ciencias forenses de los estados del país.
Al respecto, aseguró que se tiene un convenio con el gobierno del estado de Durango para entregar 90 millones de pesos para la construcción de un Centro de Identificación Humana en esa entidad que servirá como un centro de identificación regional.
Además,dijo que ya se tiene proyectada la construcción de tres cementerios forenses, dos en Zacatecas y otro en Durango. Se espera que se construyan un total de 15 de estos en todo el país en los próximos años.
Entre los familiares reunidos esta mañana frente a Palacio Nacional estuvo José Domingo Hernández. Hace dos meses, sus seis hijos y su esposa desaparecieron. Cuando él llegó a su casa, ellos no estaban y nunca regresaron. Él asegura que todos fueron víctimas de desaparición forzada, aunque no sabe por qué razón.
Lleva un mes pidiendo ayuda a las instituciones y a la fiscalía, y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Por eso, asegura que se va a plantar frente al Palacio Nacional hasta que alguna autoridad salga a brindarle ayuda.
José Domingo es albañil, del municipio de Jáuregui, en Guanajuato. Cuenta que la última vez que supo de su familia, fue cuando salieron a Celaya, y de ahí nunca más regresaron. Ahora, no le queda nada y espera la respuesta de las autoridades.
La voluntad política no es suficiente
“La verdad es que nosotros, o al menos yo, como familiar de una persona desaparecida, tengo la esperanza de que estamos trabajando en conjunto con el gobierno”, aseguró Araceli Rodríguez Nava, madre de Luis Ángel León, un policía federal que desapareció en 2009 mientras estaba en funciones. Desde entonces, Araceli se convirtió en un referente de la lucha porque el Estado busque a las personas desaparecidas en el país.
“Hay mucha voluntad política, sí la hay”, dijo Araceli en entrevista después del anuncio del subsecretario, “pero no basta. Lo que bastaría realmente sería no que quede en teoría, sino que se lleve a la práctica estos puntos que se dijeron. Cómo dijo él (Encinas): no le voy a dar la espalda a las familias. Esperemos y se cumpla”.
Araceli reconoce el trabajo del subsecretario y aplaude que el gobierno haya entregado 47 millones 950 mil pesos a siete comisiones estatales de búsqueda, así como la proyección que tiene el gobierno de entregar 123 millones más en subsidios a otras comisiones.
“Les faltan recursos humanos y monetarios”, reconoció Araceli sobre las acciones de búsqueda del gobierno. Además, señaló que aún persisten inercias perjudiciales como los funcionarios del “no me toca, vaya para allá”, y otro tipo de trabas burocráticas con las que desde hace 10 años se ha tenido que enfrentar.
Para Araceli Rodríguez, la Fiscalía General de la República aún tiene una gran deuda pendiente respecto a la investigación e impartición de justicia por estas desapariciones.
“Hay un mensaje de ello hacia la sociedad. Pareciera que con eso de que son autónomos, se están separando de sus tareas con la sociedad. El tema es que, yo no sé cómo, pero se está desdibujando la Fiscalía.
Al ser autónoma, hasta el día de hoy no nos ha recibido ni ha querido darnos razón de cómo está llevando tantas y tantas investigaciones”.
Además, Araceli asegura que pareciera que el gobierno asume que las desapariciones ya pararon en el país, cuando no es así.
