Texto: Jaime Guerrero.
Imagen: NSS Oaxaca.
De los seis municipios de Oaxaca que reciben recursos del programa de Fortalecimiento a la Seguridad Municipal (Fortaseg), sólo uno ha cumplido con lo establecido en ese programa para la certificación única policial en registro nacional de personal de seguridad pública, Santa Cruz Xoxocotlán. El resto está en franco desacato a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por lo pronto, el director general del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, Alejandro García Núñez, advirtió que quienes inscriban a personal que no cuente con la certificación correspondiente o asigne nombramiento de policía, perito o ministerio público será sujeto a acción penal de hasta 8 años de prisión y hasta mil días de multa.
De su lado, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca, José Manuel Vera Salinas, advirtió que todos los elementos preventivos, persecutores del delitos y de prevención social, tienen que estar certificados al 100 por ciento, al igual que el universo de más de 2 mil policías municipales.
Llamó entonces a los ediles a asumir su responsabilidad porque, de los 6 municipios que reciben recursos del Fortaseg, solamente uno cumple con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otro lado, Santa María Yucuiti tiene certificados a 6 de sus 10 policías y 4 están en el proceso; sin recibir recursos del Fortaseg, además de ser de usos y costumbres.
En la entrega de certificados únicos policiales a ediles de los municipios de Yucuiti, Xoxocotlán, Pinotepa, Ocotlán, Miahuatlán, Sola de Vega, Vera Salinas, advirtió que es un delito contratar o mantener a un policía que no se encuentre certificado y se castiga con penal corporal.
Los recursos de Fortaseg son destinados a capacitación, compra de patrullas, equipamiento y estímulos de policías; Oaxaca de Juárez, Xoxocotlán, Juchitán de Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, han sido acreedores a recursos. Cinco han desacatado la ley.
El director general del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, Alejandro García Núñez, informó que entre 2018 y lo que va del 2019, el Centro Estatal de Evaluación y Confianza ha emitido un total de 2 mil 169 certificados únicos policiales de los cuales, mil 501 pertenecen a la policía estatal, 309 a custodios penitenciarios, 209 a policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado y 150 a policías municipales.
En conjunto eso representa un 34.5 por ciento para Oaxaca en materia de certificación única policial.
Sin embargo, de acuerdo con el registro nacional de personal de seguridad pública, actualmente 8 de cada 10 elementos en activo cuentan con una evaluación de control de confianza vigente, por lo que todos éstos son candidatos a tener una certificación única policial, una vez que cubran con tres evaluaciones.
García Núñez advirtió que la federación mandata certificar el 100 por ciento de elementos en corporaciones estatales y municipales.
Actualmente, en el registro nacional de personal de seguridad pública, Oaxaca tiene dado de alta a 2 mil 521 elementos municipales, los que representan el 35 por ciento de la plantilla operativa del estado.
De ellos, el 78 por ciento, es decir mil 966, tienen una evaluación de control y confianza aprobada y vigente, por lo que es necesario que los presidentes municipales hagan las gestiones necesarias para lograr la certificación única policial de cada uno de sus elementos.
García Núñez señaló que es necesario que cada administración municipal haga los procedimientos de ley para la depuración de aquellos elementos policíacos que cuentan con un resultado de no aprobado en sus evaluaciones de control de confianza, ya que dichos elementos incumplen con requisitos legales para pertenecer a corporaciones de seguridad y por ende no podrán obtener el certificado único policial.
A la fecha, en el registro de personal de seguridad pública, hay en activo 303 elementos municipales que no aprobaron los exámenes de control de confianza.
Advirtió entonces que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 39, fracciones 3 y 4, prevé sanción penal de hasta 8 años de prisión y hasta mil días de multa para quienes inscriban a personal que no cuente con la certificación correspondiente o asigne nombramiento de policía, perito o ministerio público a alguna persona que no ha sido certificada en términos de esa ley.
Se tiene que apegar la normatividad vigente, para mantener el orden y actualizados nuestros estados de fuerza, evitando incurrir en delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, apeló.
