El reconocimiento jurídico de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas no debería impedir que las autoridades de los pueblos que se rigen por los usos y costumbres sean investigadas.
Las violaciones a los derechos humanos deja en indefensión a sus propios habitantes y a toda persona que sea objeto de agresiones, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura, Magaly López Domínguez.
La diputada del Partido Morena señaló la imposibilidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos.
Ello implica la desprotección de los derechos de toda persona que pudiera verse o sentirse afectada por los actos o resoluciones de las autoridades, lo cual deriva en una franca contradicción con lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política.
Ahí se señala que las Legislaturas de las entidades federativas investigarían actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad.
“Es necesario garantizar a las y los habitantes de comunidades y municipios indígenas, así como a cualquier persona la protección a sus derechos humanos provenientes de autoridades indígenas”, señaló López Domínguez.
Por lo anterior, la diputada por el Distrito 15 propuso ante el Pleno Legislativo la reforma a los artículos 5 y 13 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Con ello, este órgano autónomo tendría competencia para conocer e investigar presuntas violaciones por parte de autoridades de los pueblos o comunidades indígenas.
En la iniciativa de reforma se establecería que la DDHPO tendrá competencia en todo el territorio estatal, para conocer de las peticiones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a autoridades o servidores públicos de carácter estatal o municipal, o a autoridades de los pueblos o las comunidades indígenas.
La Defensoría tendrá las atribuciones para conocer de peticiones e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
Por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos del Estado, de los municipios o de los pueblos y las comunidades indígenas.
La propuesta de López Domínguez fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la 64 Legislatura Local.
