Texto: Pedro Matías.
Imagen: Animal Político

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Entre los escombros políticos que dejó el terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre de 2017, empiezan a emerger réplicas de corrupción, empresas fantasma y otras ligadas a personas del servicio público, obras abandonadas y la desaparición de alrededor de cuatro mil 800 millones de pesos.

Lo más ruin es que en medio del desastre y la crisis humanitaria, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la mano de Rosario Robles Berlanga, así como servidores y servidoras públicas del gobierno de Oaxaca, convirtieron la reconstrucción en un negocio.

A dos años de los sismos de septiembre, la Comisión Legislativa de Reconstrucción pidió que se investigue y se finquen responsabilidades contra quienes estuvieron al frente del Programa Nacional de Reconstrucción, como la ex secretaria de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, Virgilio Andrade, de Bansefi y de la Comisión Nacional de Vivienda.

Así como del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, como los directores del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Orlando Hernández Montes y Mario Bustillos Cacho, y al secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Herrera Villagómez.

Por lo pronto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está documentando las observaciones de las cifras que no cuadran a la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de los recursos públicos y de igual forma se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación para que presente la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la República.

El presidente de la Comisión Especial Legislativa del Congreso de Oaxaca, Pável Meléndez Cruz, aclaró que la “Señora Robles está llevando un proceso judicial, pero es por otro asunto y ahora puede enfrentar otro por el uso indebido de los recursos públicos para la reconstrucción”.

De igual forma, dijo que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, también tiene que transparentar los recursos; de entrada, “necesitamos saber ¿dónde quedaron las donaciones internacionales?, además el Gobierno del Estado abrió varias cuentas en la época del desastre y no sabemos qué pasó con esas cuentas, cuánto dinero recibieron y a dónde los canalizaron.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó que haya predominado el negocio por encima de la ayuda humanitaria.

En tanto que el Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, confirmó que han integrado 14 carpetas de investigación por presuntos casos de corrupción relacionados a la reconstrucción por los sismos de septiembre que devastaron la región del Istmo de Tehuantepec.

El que no da una es el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), José Ángel Díaz Navarro, a quien lo conminan a que “se ponga a trabajar” porque no hay sanciones por estos presuntos actos de corrupción.

DEUDA PENDIENTE

A dos años de los sismos de septiembre, la deuda del gobierno con el pueblo sigue pendiente, afirmó el magisterio que con bloqueos carreteros, tomas de oficinas y denuncias exigen la reconstrucción de al menos mil 655 escuelas dañadas por los sismos de septiembre de 2017.

El vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Wilbert Santiago Valdivieso, se pronunció por la transparencia de los recursos para la reconstrucción porque todo apunta a presuntos actos de corrupción donde 232 escuelas siguen en ruinas y más de 4 mil 500 alumnas y alumnos toman clases casi a la intemperie bajo la sombra de árboles, plásticos o lonas.

Hizo hincapié que “la tan anhelada reconstrucción ha sido larga y las voces de exigencia se cuantifican en miles ante el olvido y la omisión del Gobierno, sus funcionarios y las obras inconclusas”.

Dos años han transcurrido, con movilizaciones y protestas para que las escuelas y viviendas vuelvan a ser dignas para la gente; sin embargo, la corrupción, el despilfarro y engaños han prevalecido en este proceso que solo ha beneficiado a las constructoras y funcionarios corruptos que caminaron sobre las calles derrumbadas prometiendo millonarios recursos que escasamente llegaron hasta las familias.

Enterramos a las personas muertas, acondicionamos espacios para vivir, dar y recibir clases porque las necesidades lo apremiaban, surgimos con el pueblo desde los escombros porque el pueblo organizado siempre demuestra fortaleza y unidad ante la tragedia.

Abundaron que “desde las 23:49 horas del día 7 de septiembre del 2017 se vivió un panorama desolador, por ello y, en memoria de los muertos, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) exige que la reconstrucción de las viviendas, escuelas y hospitales se consolide en una respuesta puntual para las regiones afectadas sin dilación ni más promesas”.

Desde nuestras trincheras y compromiso con la educación pública, la Sección XXII de la CNTE reitera la exigencia firme de reconstrucción responsable y comprometida con el pueblo que quedó devastado después del sismo del 7 de septiembre y el abuso de funcionarios  y funcionarias de Enrique Peña Nieto, remató el magisterio.

Santiago Valdivieso dijo que “en este inicio de ciclo escolar, los maestros se están pronunciando con bloqueos, acto presencial educativos para exigir término de obras; además estamos revisando el pago de anticipos y procesos que siguen pendientes porque lo que hemos visto es que cambian a los funcionarios, cambian a las empresas, cambian la razón social como si fuera una estrategia simular a la Estafa Maestra”.

Mientras, el alumnado toma clases en paredes empapeladas, maderas empotradas, mecates entretejidos, plásticos decolorados por el sol, zanjas convertidas en charcos y cimientos o construcciones con cadenas de corrupción.

LAS CIFRAS NO CUADRAN

Un informe del diputado de Morena Pável Meléndez revela que el gobierno federal de Peña Nieto y del actual gobernador no saben cómo cuadrar las cifras.

A dos años los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, de 8.1, 6.8 y 7.1 grados en la escala de Richter, respectivamente, los avances de la reconstrucción son muy pobres, lo que tenemos es que el gobierno de Peña Nieto y la señora Robles vieron la reconstrucción como un negocio.

Y es que respecto a los 4 grandes ejes de la reconstrucción en infraestructura educativa el avance no le llega al 30%; en cuestión del patrimonio histórico y cultural, llámese iglesias, apenas llevan un avance de menos del 10%; en cuestiones de vivienda hay un avance muy menor en el Istmo, aproximadamente de un 30%.

Según cifras oficiales del gobierno federal, en 291 municipios se declaró emergencia extraordinaria y resultaron dañadas 65 mil 044 viviendas, de las cuales 26 mil 808 fue daño total; 134 hospitales y unidades médicas resultaron afectadas, tres mil 500 escuelas y 54 templos.

Según el secretario de las Infraestructuras de Oaxaca, Fabián Herrera Villagómez, en su comparecencia del 6 de septiembre de 2018, dijo que el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ejerció tres mil 799 millones de pesos y el gobierno de Murat mil millones de pesos que en suma dan 4 mil 799 millones de pesos.

Mientras, la Secretaría de Finanzas informó que el presupuesto ejercido por el Gobierno del Estado para la reconstrucción durante 2018 fue de 673 millones 327 mil 115 pesos y se aplicaron:

425 millones 882 mil 793 pesos para la reconstrucción de planteles de educación media superior y superior;

140 millones 200 mil pesos para escuelas básicas con daños menores;

85 millones 41 mil 743 pesos a rehabilitación y reconstrucción de unidades médicas; y

22 millones 201 mil 579 pesos a rehabilitación y reconstrucción de mercados públicos.

Sinfra y Finanzas no coinciden en las cifras y de entrada aquí hay más de 200 millones de pesos que no aparecen como tampoco aclararon los 200 millones de pesos que se etiquetaron para la reconstrucción en el ejercicio fiscal 2018.

Tampoco concuerda con los mil millones que dicen haber invertido, se pregunta por los 200 millones de pesos y ellos responden que en realidad se usaron 673 millones de pesos, pero contrasta con lo que dijo Sinfra de mil millones de pesos”, quién miente se preguntó.

Lo más grave, dijo, “es que la comisión de reconstrucción con asesores hicimos una minería de datos de las tarjetas de Bansefi y arroja que fueron erogados solo para el Istmo de Tehuantepec, en cuanto a distribución de tarjetas de Bansefi 3 mil 889 millones de pesos y no se ven reflejados y estamos hablando solo de vivienda en el Istmo.

La señora Robles y su equipo solamente se dedicaron a dar un informe de la transferencia de las tarjetas, la lista de los posibles beneficiarios y los que recibieron, pero incluso todos sabemos que esa misma entrega de tarjetas estuvo malhecha porque además no estuvo evaluado los daños”, puntualizó.

Entonces, “fue un tratamiento cuantitativo y no cualitativo la reconstrucción por eso contrasta con el Gobierno del Estado que nos habían comentado se habían invertido con el Fonden 3 mil 799 millones de pesos, es decir más de mil millones de pesos que no coinciden con las cifras al menos en el tema del Fonden. Por eso pedimos que se pongan bien las cifras”.

Aunado a ello, en el informe de Sedatu, dijeron que en infraestructura médica de salud eran 134 unidades médicas afectadas y ahora vemos que son más, al igual que las escuelas que primero dijeron que eran 3 mil 500 y después dijeron que eran más de cinco mil pero que nada más van a atender poco más de 500 que tienen daño mayor, refiere el legislador.

En el materia de viviendas, el caso es escandaloso porque inicialmente dijeron que eran más de 65 mil viviendas solo del Istmo, no consideran las de la Mixteca, Valles, Costa, Cuenca y el Istmo y en el segundo censo hay cinco mil viviendas más solo en Juchitán.

Igual pasó con el INAH que primero dijo que había 54 templos dañados y ahora dicen que son 587 templos en todo el estado de los cuales la mitad se debe de intervenir con dinero del Fonden y la otra mitad con dinero de los seguros.

Por tal motivo considera que “no hubo el liderazgo institucional necesario y, sobre todo, honesto en el manejo de los recursos federales para este fin, razón por la que creemos que deben de fincarse responsabilidades a los funcionarios federales y estatales que estuvieron a cargo de esto”.

EMPRESAS FANTASMA

Respecto a las 11 empresas fantasma que han salido a relucir, dijo que lo que predominó en la reconstrucción fue el negocio por encima de la ayuda humanitaria.

Pavel Meléndez instó al Órgano Superior de Fiscalización del Congreso a realizar las indagatorias necesarias para que se sancione a quienes incurrieron en estos actos de corrupción e hizo un llamado al contralor del estado, que ya se ponga a trabajar porque a la fecha no hay ningún indiciado y mucho menos un encarcelado.

Una investigación de la periodista María de los Ángeles Nivón, publicada en su  portal Primera Línea, reveló que el daño patrimonial causado a Oaxaca por parte de ex funcionarios del Gobierno del Estado son incalculables, esto por las 11 empresas “fantasma” utilizadas para hacer “negocio” con la reconstrucción de 294 escuelas dañadas por los sismos de septiembre de 2017, y siete constructoras más que dejaron las obras abandonadas.

Aunado a que dos grupos empresariales como Grupo Aguirre y Grupo ASIRI, que recibieron contratos, el primero por 29 millones 121 mil 774.73 pesos y el segundo son empresas supervisoras externas por un monto global de 15 millones 051 mil 492.24 pesos, están ligadas al titular de SINFRA, Fabián Herrera Villagómez.

De acuerdo con datos de transparencia, se documentó que 11 empresas constructoras son “fantasma” y siete más recibieron contratos del IOCIFED y abandonaron las obras educativas. En el caso del ex director Mario Bustillos Cacho habría incurrido hasta en conflicto de interés porque hay una empresa con dos contratos que son supuestamente de su propiedad.

La empresa es ARTEC con número de contrato 162-FDNAD/SE/DIE/IOCIFED/2018 por 598 mil 076.92 pesos y otro contrato a la misma constructora por 2 millones 911 mil 869.87 pesos, con número 015-FDN-AD/SE/IOCIFED/2018, las cuales sí existen.

Las siete empresas que obtuvieron contratos y abandonaron las obras, cuyas denuncias ya están en la Fiscalía Anticorrupción para su investigación por el daño patrimonial causado al Estado de Oaxaca, son las siguientes:

1. Edificaciones y Proyectos Arquitectónicos EPZONA, S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es Reynaldo Elizondo Cruz, por un monto de 1 millón 505 mil 476.34 pesos y la obra la dejó con un avance físico del 77%.

2. Desarrolladora en Obra Pública, Admon y Asesoría Contable DOPAAC S. de R.L. de C.V.; apoderada legal Alejandra Denise Aquino León, por un monto de 1 millón 525 mil 590.05 pesos y la obra la dejó con un avance físico del 33%.

3. Construcciones SIZZARO, S.A. de C.V., apoderada legal Grisel del Carmen Vásquez López, el monto es de 931 mil 278.00 pesos  y la obra fue abandonada con un avance físico del 30%.

4. Ingeniería Civil y Terrestre CHANDON S.A. de C.V., apoderado legal Omar de Jesús Sánchez Díaz, por un monto de 1 millón 203 mil 952.01 pesos y solo avanzó un 15% la obra física, también quedó abandonada.

5. Infraestructuras Civiles ABELIM, S.A. de C.V., su apoderado legal es Branly Cortés Ramírez, monto de 524 mil 137.75 pesos y dejó abandonada la obra con un 26% de avance físico.

6. LAHARBE, S.A. de C.V., apoderado legal Pawel Celaya Arellanes, monto contratado 1 millón 044 mil 082.50 pesos, obra abandonada con el 67% de avance físico.

7. BAUSTELLE S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es Víctor Aquino Hernández, monto contratado por 669 mil 001.87 pesos, obra abandonada con un 43% de avance físico.

Y las 12 empresas cuyos domicilios no existen o no coinciden con la numeración, la mayoría son casas habitación, son las siguientes:

1. Distribuidora de Materiales y Construcción MARU-YEKA S.A. de C.V., RFC DMC131203195 con domicilio fiscal Calle San Andrés #9 Colonia Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oax. CP 68276;

2. CASA ETZY Edificaciones S.A. de C.V., con el mismo domicilio, RFC CED131203NN1, cuyos contratistas son Jesús Cruz Santiago y Eliodoro Santiago Santiago. Las observaciones para ambas empresas es que coinciden en el domicilio fiscal, además de que se trata de una casa habitación y al constituirse en el lugar, no se tiene a la vista la numeración correcta.

3. Maderas, Maquinarias y Construcciones Colorado S.A. de C.V., RFC MMC150824JL2 con domicilio fiscal Calle Joaquín Amaro #308C colonia Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca;

4. TRUMP Ingeniería en Construcción S.A. de C.V., RFC TIC150824AQ9 con domicilio Primera Privada de Emiliano Zapata #111, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca CP 68050 y

5. Construcciones Civiles NEZAH S.A. de C.V., RFC CCN141120EB7 con domicilio fiscal en Avenida Jalisco #408-C Colonia San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. CP 68020.

6. Las observaciones de estas tres empresas citadas cuyos contratistas son Eleodoro Santiago Santiago y Adriana de Jesús García Bautista, es que el domicilio fiscal coincide con el de HELU Construcciones y Materiales S.A. de C.V., además se trata de una casa habitación y no presenta placa de identificación en el exterior.

7. Proyectos y Construcciones YERUTNAE S.A. de C.V., RFC PYC120202CX5 con domicilio Cosijoeza #79, Colonia Vista Hermosa, Oaxaca de Juárez, CP 68020, cuya observación es que se trata de una casa habitación, donde atienden personas que manifiestan no ser contratistas y solo reciben oficio sin firma de recibido. Contratistas Francisco Soriano Cruz y Manuel Juárez Padilla.

8. HELU Construcciones y Materiales S.A. de C.V., RFC HCM121218FP6, domicilio fiscal Avenida Jalisco #408-C Colonia San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, su domicilio coincide con el de Construcciones NEZAH S.A. de C.V., se trata de una casa habitación y no presenta placa de identificación en el exterior, por ello resultó difícil de localizar. Contratistas en el caso de HELU, además de Francisco Soriano está Higinia Santiago Cruz y Luis Armando Velz Guzmán.

9. Construcciones, Proyectos y Materiales Maritzas S.A. de C.V., RFC CPY13112RL3, domicilio fiscal Calle 5 de Febrero #200-A colonia 5 Señores, Oaxaca de Juárez CP 68020, la empresa presenta observaciones en que se trata de una casa habitación, la que atiende es una persona que manifiesta no ser el contratista que se busca, sin embargo, sí recibe oficios aunque no firma de recibido. Contratistas Francisco Adalberto Martínez Santiago y Teófilo Armando Rendón Gopar.

10. BINNY Construcciones S.A. de C.V., RFC BCO1508245D7, cuyo domicilio fiscal es Calle Guelatao, Lote 3, Manzana 22, Fraccionamiento Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. CP 71356. El domicilio coincide con el de Construcciones COLET S.A. de C.V., y se trata de una casa habitación que se aprecia abandonada. Contratistas Orlando Díaz Hernández y Enrique Rodríguez Rodríguez.

11. Construcciones COLET S.A. de C.V., RFC CCO150824MZ8, domicilio fiscal Calle Guelatao Lote 3, Manzana 22, Fraccionamiento Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. CP 71356, el domicilio coincide con el de BINNY Construcciones S.A. de C.V., y la casa habitación está abandonada. Contratista Pablo Enrique López González.

12. Construcciones, Proyectos y Agregados KARELY S.A. de C.V., domicilio Quinta Norte #200, Colonia La Soledad, Oaxaca de Juárez, CP 68010, el domicilio es inexistente. Contratista Alberto Santiago Santiago.

Finalmente, el legislador de Morena dijo que “lo más lamentable es que las empresas no están dando la cara. Ellos dicen que no les están transfiriendo los recursos del Fonden y el Fonden reclama algunas circunstancias técnicas y por ahí el grupo Salcedo -que estaba ligado con la señora Robles- subcontrató empresas en Oaxaca sin que hubiera de por medio una licitación o un contrato o documento y no hay antecedente jurídico y ahora con justa razón se está reclamando”.

De ahí que la señora Robles que se encuentra procesada por la Estafa Maestra también se le deben fincar responsabilidades por hacer de la ayuda humanitaria un negocio.