El campesino Ismael Rojas Mosqueda señala con la mano derecha hacia el fondo de una barranca en donde escurren aguas negras y dice: “eso es un mierderío”. Es un camino con maleza y al final un depósito de agua de un olor desagradable.

Lo que está aquí, explica, es lo que el gobierno presentó en el 2008 como una planta tratadora de aguas residuales.

Estamos a la salida de Atliaca, una comunidad nahua del municipio de Tixtla, a 40 minutos de Chilpancingo.

Los olores llegan hasta las escuelas secundaria y primaria, a unos 20 metros de “la planta tratadora”.

“Lo que hicieron aquí fue un fraude. Seguimos esperando que el gobierno, primero investigue a los responsables de esta obra mal hecha y después que esta planta sea rehabilitada”, denuncia el campesino.

En el 2009, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo rindió su cuarto informe de gobierno y reportó concluida, en Atliaca, la red de drenaje y alcantarillado y una planta tratadora de aguas residuales con una inversión de 30 millones de pesos.

Pero en el 2011, la propia Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) dio a conocer las irregularidades en esta obra y prometió una investigación.

“Seguimos esperando el resultado de esas investigaciones, pero vemos que no va a pasar nada”, dice el campesino vestido con una camisa de mangas largas para protegerse de las picaduras de los moscos que aquí abundan, al parecer por el agua sucia que hay alrededor.

Junto a la planta, muy cerca de donde estamos, hay un tubo de drenaje roto de donde salen las aguas negras.

En el 2011, durante la administración del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, la Capaseg realizó una inspección en la obra y detectó que habían desaparecido 32 metros de tubería, 12 pozos-caja y el equipo de bombeo. “Ya no hay nada bueno aquí, hasta los cables de energía eléctrica se los robaron”, menciona.

Al igual que Atliaca, en otras 20 localidades, entre comunidades rurales y cabeceras de 15 municipios, existen plantas tratadoras de aguas residuales que se han convertido en elefantes blancos.

En Tierra Caliente, en donde se invirtieron 200 millones de pesos, se construyeron 10 plantas, pero siete, ubicadas en los municipios de Zirándaro, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato (dos), Arcelia (dos) y Coyuca de Catalán, están sin funcionar.

Las otras tres plantas están en la cabecera de Ajuchitlán del Progreso; Corral Falso, un pueblo del mismo municipio, y en San Miguel Totolapan. Su operación es de un 30 y 80 por ciento.

La versión de las autoridades municipales donde están las plantas es que dejaron de operar por la falta de recursos, porque no tuvieron para darles mantenimiento, menos para pagar el servicio de luz eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El alcalde de Cutzamala de Pinzón, Timoteo Arce Solís dice que la planta que se construyó en el 2007 debía tratar 10 litros de aguas negras por segundo, pero nunca operó con esa capacidad por el alto costo de su funcionamiento.

La Capaseg y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se deslindan de la falta de operatividad de las plantas y endosan esta responsabilidad a los gobiernos municipales.

La Capaseg señala que la tarea que tiene el organismo es construir y proveer de infraestructura para la disponibilidad del agua y el saneamiento, pero la prestación y mantenimiento de los servicios es responsabilidad de los ayuntamientos y juntas locales de administración.

Números oficiales de las plantas y su funcionamiento se contradicen

La Capaseg y la Conagua se contradicen con cuántas plantas tratadoras hay en Guerrero y cuántas funcionan.

El organismo estatal señala que hay 102 plantas, pero la Conagua dice que son 76, de las que, nueve no operan.

La Conagua registra que hasta el 20 de agosto pasado se han acumulado 16 millones 36 mil pesos de multas a los municipios (no precisa cuáles) por la falta de tratamiento a las aguas residuales que genera la población.

En la recta final de la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) se juntó una bolsa entre el gobierno estatal y los ayuntamientos de 134 millones, 534 mil 840 pesos para la operación y mantenimiento de 31 plantas de aguas residuales ubicadas en los municipios de Acapulco, Tixtla, Ajuchitlán del Progreso, Huamuxtitlán, Pungarabato, José Azueta, Tecpan de Galeana, Malinaltepec, Heliodoro Castillo, Quechultenango,Azoyú, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Juchitán, Ometepec, Arcelia, Zirándaro, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri y Quechultenango, de acuerdo con un documento oficial del gobierno estatal.

“Sí, se juntó esa bolsa de recursos en el 2011, pero obviamente todo eso desapareció o se acabó el recurso porque supongo que ya no se le dio seguimiento a ese programa”, comenta Eva Leonor Pérez Romero, encargada de la planta tratadora de Huamuxtitlán.

La paralización de estas plantas ha originado problemas de contaminación. Las obras que debían ser generosas con el ambiente terminaron afectándolo más.

La encargada de la planta tratadora de Huamuxtitlán cuenta que las aguas negras que llegan a la obra se van a un canal y después corren hacia el río Tlapaneco. Lo contaminan.

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