De acuerdo a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en su informe nuevemesino del 2019, la cantidad de derechos humanos que han sido violados con mayor recurrencia son aquellos que tienen que ver con abusos de autoridad de parte de las instituciones públicas.
Este informe está a cargo de la Coordinación de Sistemas Computacionales de la Defensoría y fue elaborado por la C.P. Patricia Judith Millán Urbieta. Usa datos de Archivo y Correspondencia recabados desde el inicio del año, el primero de enero, con corte al 30 de septiembre de este año.
Entre otros datos, que puede usted encontrar siguiendo este enlace: INFORME, los números muestran un preocupante acenso de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades.
En primera, en la tabla 1.2 del informe: «Dependencias señaladas con mayor frecuencia«, aparecen los ayuntamientos. Dice la DHHPO que las quejas han sido principalmente dirigidas contra ayuntamientos del estado de Oaxaca.
Mil 027 quejas fueron presentadas contra los ayuntamientos, 449 fueron contra el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 306 contra la Fiscalía General del EStado, 170 contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado y 156 fueron hacia la Secretaría de Seguridad Pública.
Lo grave es que en la tabla 1.3 de «Derechos violados más recurrentes y conductas violatorias más recurrentes«, aparece en primer lugar el llamado «Derecho a la legalidad» o «Principio de la legalidad«, según la definición del Orden Jurídico Nacional:
«El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en el orden jurídico mexicano artículos 103 y 107 de la propia Constitución […]
Es conveniente advertir que el principio de legalidad alude a la conformidad o regularidad entre toda norma o acto inferior con respecto a la norma superior que le sirve de fundamento de validez por lo que opera en todos los niveles o grados de la estructura jerárquica del orden jurídico«.
Esto apunta hacia aquel derecho protegido por la Constitución en el cual las autoridades deben hacer uso de sus facultades mediante la aplicación sensata de la ley que les da esas facultades.
Por eso, cuando un servidor o servidora pública usa su autoridad para cometer un acto a su favor por medio de un poder legal que no le compete, está violando ese derecho a la legalidad.
Este derecho ha sido vulnerado 751 veces en 9 meses del 2019, de acuerdo a la Defensoría.
En un segundo lugar, aparecería la «falta o deficiencia en la fundamentación o motivación de los actos de autoridad» viniendo a reforzar la primera conducta recurrente.
Los actos que realiza un o una individua con autoridad y que no tienen fundamentos, han sucedido al menos en 501 casos tan sólo en los registros de la DDHPO.
