Texto: Margena de la O
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Chilapa

Cuando Bonifacio Ramírez Hermenegildo salió de casa avisó que volvería entre las dos y tres de la tarde. Era el 25 de diciembre del 2014 de la mañana, en Alpoyeca, un pueblo del municipio de Atlixtac, de la región Montaña de Guerrero. El plan del hombre de 34 años era viajar a la cabecera municipal de Chilapa y vender los cinco costales de tomate verde que él mismo sembró, y después volver. Sólo cumplió con la mitad de su plan.

La última vez que lo vieron fue cerca de la tienda Chedraui, un lugar de Chilapa que se llena de comerciantes y transporte de los pueblos cercanos. El transportista que les dio las referencias contó que le preguntó a Bonifacio si se regresaba al pueblo en su camioneta pasajera, pero contestó que no, que esperaría un rato más.

Tuve esperando pero no volvió”, dice Alejandra Hermenegildo, su madre. La mujer se refiere a que ya no vio a Bonifacio con vida. El 15 de junio del 2018, casi cuatro años después de su desaparición, las autoridades estatales lo regresaron muerto a su familia.

Era un viernes el día que recibió el cadáver de su hijo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo. “Cuando me avisaron lo acepté, lo tuve que recibir. Me dieron una caja grande y me fue a dejar la carroza (a Alpoyeca). Lo recibí. Al llegar a mi casa ya había gente. Lo sepultamos. Ya no lo vi. (…) Me hicieron los estudios y dicen que sí, es mi hijo”, cuenta Alejandra.

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Si el gobierno de Guerrero tuviera un sistema de identificación de personas fallecidas funcional, o si al menos lo tuviera, Alejandra Hermenegildo no hubiera esperado que miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaran que Bonifacio estaba muerto. El cadáver de su hijo estuvo tres años y seis meses alojado en uno de los tres centros forenses del estado.

Guadalupe Rodríguez Narciso, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, tiene bien claro que desde el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores poco han hecho porque exista ese sistema.

Hay un avance, pero para la activista es resultado del peregrinar de los familiares de personas desaparecidas y asesinadas en Guerrero, quienes, en el deber ser, esperarían a que sus parientes los localizara e identificara personal de gobierno. En su lugar, ellos asumen roles desde abogados hasta investigadores.

Muchos de los familiares de desaparecidos y asesinados son integrantes de colectivos que buscan a sus consanguíneos vivos en penales o muertos en fosas clandestinas, se capacitan para conocer el procedimiento legal y saber qué exigir a las instituciones y cuáles son sus derechos como víctimas.

Aquí en el estado de Guerrero no se ha trabajado en nada, tan es así que han permanecido cuerpos en los semefos que no se saben de quién son, porque, primero, no tienen el archivo básico que cuente con todos los elementos y características del cuerpo, y segundo, porque a la familia no le han tomado el cuestionario”, dice Guadalupe Rodríguez, quien es madre de Josué Molina Rodríguez, de 30 años, desaparecido el 4 de junio del 2014, en Chilpancingo.

En estos cinco años de búsqueda de su hijo Guadalupe Rodríguez aprendió que la aplicación de cuestionarios y pruebas genéticas a familiares son fundamentales para la identificación.

El expediente o carpeta básica es la agrupación de toda la documentación oficial que tiene que ver con los cadáveres que llegan al Semefo, como el oficio de levantamiento (orden del Ministerio Público), cadena de custodia (secuencia de evidencias del caso), y dictámenes de necropsia, dactiloscopia, odontología, antropología, criminalística y de genética forense.

Con toda esta información, responsabilidad de la Dirección General del Semefo, se integra el cuestionario Post Mortem, una pieza fundamental de los protocolos de identificación de personas fallecidas.

Tomar las muestras y hacer las pruebas genéticas de familiares de personas desaparecidas o asesinadas le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE). También aplicarles el cuestionario Ante Mortem, donde los familiares ofrecen todos los detalles físicos, óseos y dentales de sus desaparecidos.

Estas dos piezas sirven para confrontar datos e identificar personas fallecidas.

El avance logrado en Guerrero en materia de identificación, al que se refiere Guadalupe Rodríguez, es el convenio que pactó el gobierno del estado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en agosto del 2018, en Acapulco, donde quedó establecido que destinarían de manera conjunta 20 millones de pesos para el proyecto de búsqueda e identificación de cadáveres con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Desde ese momento, Arturo Gerardo Cervantes Arronis, asesor forense del Comité, dijo que coadyuvarían en recopilar información dental, médica, antropológica, criminalística y genética, como parte del protocolo denominado Archivo Básico con Fines de Identificación.

En ese procedimiento se incluyen responsabilidades de la FGE y la Secretaría de Salud. La primera, a través de la Coordinación General de Servicios Periciales y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, y la segunda, con el Semefo.

El proyecto de búsqueda e identificación se pensó para los 751 cadáveres que en agosto de 2018 había alojados en los centros forenses, ubicados en Chilpancingo, Acapulco e Iguala. Este año hay más. Hasta julio, según los números de la Dirección General del Semefo, sumaban 921 cadáveres.

Un comunicado de la FGE, difundido el 25 de abril del 2019, establece que esta dependencia tiene entre sus responsabilidades aplicar el cuestionario Ante Mortem.

Es justo en esta fase donde, de acuerdo con los dirigentes de colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas, se hace el cuello de botella.

Guadalupe Rodríguez lo resume de la siguiente manera: “Estamos en pañales, no hay avances”. Reconoce que a la mayoría de los más de 90 casos que documentan y dan seguimiento, que se traduce en unos 800 miembros del colectivo, ya les aplicaron su cuestionario, pero faltan. “Ayer (15 de octubre) regresaron a un señora que porque no hay personal para levantar ese cuestionario”, expone.

Sandra Luz Román Jaimes, integrante del colectivo Madres Igualtecas, tiene la seguridad de que la FGE nunca ha llamado a las 183 familias que coordina para aplicarles ese cuestionario.

El sistema de identificación no podría iniciar sin antes concluir la integración de los expedientes básicos y los cuestionarios.

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