Jaime GUERRERO

La Presidenta de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura, Magaly López Domínguez, urgió al gobernador Alejandro Murat a girar instrucción a la Sedesoh para realizar la entrega inmediata de uniformes y útiles escolares.

Señaló que el pasado 26 de agosto se inició el ciclo escolar y muchas familias han denunciado la dilación en la entrega de esos apoyos.

Han transcurrido dos meses y los uniformes y útiles escolares no se entregan; nadie informa el motivo del retraso y las familias siguen esperando, manifestó.

Refirió que en el ciclo escolar del 2018 la Sedesoh reportó el gasto de más de 500 millones de pesos para adquirir los apoyos que recibieron 975 mil infantes.

No obstante, López Domínguez denunció que la calidad de dichos apoyos no correspondía a los gastos reportados.

“Las familias han denunciado que los uniformes y útiles escolares además de ser entregados a destiempo, son de baja calidad y no duran”, cuestionó.

López Domínguez criticó que no se ha explicado la nueva dilación en la entrega de estos apoyos ni proporcionado una fecha para que las y los estudiantes cuenten los apoyos establecidos en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019.

Demandó entonces que los uniformes y útiles escolares no representen una puerta a la corrupción en Oaxaca; mientras que el Gobierno del Estado, a través de la Sedesoh que, encabeza Yolanda Martínez López, debe garantizar la entrega de estos apoyos en tiempo y forma y con la calidad correspondiente.

Y es que recordó que padres y madres de familia han denunciado que los uniformes no correspondían a la calidad anunciada por el Gobierno del Estado, además que las tallas eran o muy grandes o muy pequeñas, lo cual no permitía su uso.

Respecto al alza en los precios que las tiendas encargadas del canje de vales realizan, reiteró que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realice acciones necesarias de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios de uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos, con el objetivo de que el apoyo que reciben las familias no sea objetos de abusos comerciales.