Texto: Pedro MATÍAS.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Con una marcha, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) recordaron el “crimen de lesa humanidad” cometido hace 13 años contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y, con ello, la exigencia de “cárcel” para que el ex presidente Vicente Fox Quesada y el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
“Les recordamos que el crimen de lesa humanidad no se prescribe, las atrocidades de URO, Fox, Abascal se deben pagar pues la cuenta está pendiente. No hay borrón y cuenta nueva”, exigió el movimiento magisterial.
Y al presidente Andrés Manuel López Obrador le pidieron honrar su palabra para que “el mismo Gobierno Federal promueva sin dobles discursos el acceso a la justicia, cero impunidad a los crímenes de Ulises Ruiz Ortiz en el 2006 contra la APPO y la Sección XXII; cárcel para los orquestadores de la Evaluación Punitiva y de la masacre en Nochixtlán: Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, Osorio Chong, Gabino Cué…; Justicia para Ayotzinapa y para la desaparición de los luchadores sociales del país”.
“AMLO expresó que cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”, citaron.
Respecto a la “represión del 2006 no es muy difícil saber, hay una comisión de la verdad que documentó el crimen de lesa humanidad. Por eso, a 13 años de impunidad la Sección 22 de la CNTE sale a las calles en una marcha representativa a exigir castigo para quienes desempeñaron la violencia en la gobernabilidad del Estado”.
Y “nuevamente a 13 años, mantenemos la exigencia de castigo al asesino de Ulises Ruiz Ortiz quien sigue libre y discursando de manera impune sus aspiraciones políticas. ¡URO en Oaxaca no pasarás, la cuenta está pendiente!, ¡25 de Noviembre, Ya basta de impunidad”.
Hicieron hincapié que “los actos represivos del año 2006 en la ciudad de la resistencia, Oaxaca, donde la crónica de la impunidad fue establecida en los pasillos de la Secretaría de Gobernación cuando Vicente Fox, Carlos Abascal Carranza y toda la politiquería de los Partidos decidieron la protección de uno de los asesinos más repudiados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección 22; Ulises Ruiz Ortiz”.
Mencionaron que “desde el 14 de junio del 2006, los maestros democráticos y las organizaciones sociales hemos documentado una serie de hechos y graves violaciones a las garantías constitucionales del pueblo en lucha, hasta la comisión de la verdad instalada en Oaxaca dio cuenta del crimen de lesa humanidad de Ulises Ruiz Ortiz y su séquito de asesinos para quienes el Estado Mexicano ha garantizado impunemente su libertad”.
Recordaron que “el 14 de junio de 2006, el saldo del fallido desalojo de la policía estatal de Ruiz Ortiz fue desastroso según consta en el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el número de lesionados fue de 143 personas de los cuales 102 fueron policías victimizando la fuerza represora para arreciar con más fuerza la agresión en contra del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO)”.
Sin embargo, “nuestra organización sindical reportó al pueblo de México cientos de trabajadores de la educación torturados entre mujeres y hombres, hasta hijos de compañeros afectados por los gases lacrimógenos”.
Y luego “el 25 de noviembre del 2006, en un día como hoy, se dio cuenta de la barbarie de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la ciudad de la Resistencia. Desde los altos mandos llegó la orden de agresión a la actividad pacífica que mantenía la APPO y el magisterio para exigir el retiro del cuartel policial de Oaxaca y la solución del conflicto. En ese día fueron más de 250 compañeros aprehendidos y muchos los perseguidos, hostigados y vejados, una evidente violación sistemática de los derechos humanos del Estado Mexicano”.
“La magnitud del conflicto de ese momento obligó a Abascal a deslindar a Fox argumentando que nunca se comprometió a resolver el conflicto pues él no lo había generado, porque era de competencia local, pero las fuerzas federales con el CISEN nunca cesaron sus violentos operativos que tenían como propósito el restablecimiento ‘gobernabilidad’”, añadieron.
Finalmente dijeron que “la cronología de hechos del 2006 y 2007 y las caravanas de la muerte son evidencia de un crimen de Estado en el territorio oaxaqueño, no obstante, el principal responsable y demás funcionarios del Gobierno Federal no han sido castigados, el mismo Estado ha tratado de desechar las evidencias de su violencia”.
