Juchitán, Oax.- En el marco del  inicio del 44 aniversario de la Vela de las intrépidas, una de las festividades más grandes del mundo donde se festeja a la comunidad de la diversidad sexual, la comunidad muxe de Juchitán denunció que sin previo aviso las autoridades les retiraron las medidas cautelares que desde el mes de marzo gozaban como protección en el activismo que ejercen para el respeto de los derechos humanos de su comunidad.

En conferencia de prensa, las muxes activistas denunciaron que desde hace dos meses ya no firman bitácoras y tampoco los visitan las autoridades policiacas, por lo que señalaron requieren de una explicación.

Las medidas cautelares fueron otorgadas a diez integrantes de la diversidad sexual a raíz del asesinato del activista  Oscar Cazorla en el mes de febrero, quién durante más de 40 años fue un luchador incansable para el  reconocimiento de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y hasta la fecha su asesinato continua sin esclarecerse.

Felina Santiago, activista e integrante de la Intrépidas Buscadoras del Peligro señaló que las medidas cautelares fueron otorgadas de manera conjunta con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) debido a la peligrosidad que representa su papel como defensores.

“Cuando Oscar Cazorla, nuestro líder fue asesinado, en las mesas sugirieron que era necesario la protección también para nosotros y se nos concedió a diez, todo iba muy bien hasta que desde hace dos meses no sabemos nada, las reuniones se suspendieron y nosotros nuevamente quedamos expuestos”, dijo.

Recalcó que la ciudad de Juchitán es la segunda más violenta de la entidad, por lo que se sienten desprotegidos, y esperan las medidas de seguridad se reactiven por seguridad de toda la comunidad muxe.

Según informes de Amnistia Internacional,  en tan solo este año han sido asesinados 5 defensoras y defensores de los derechos humanos en la entidad oaxaqueña entre ellos el activista Oscar Cazorla, por lo que junto con Guerrero encabezan los estados con mayor asesinato a activistas en lo que va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.