Este reportaje fue realizado por Diana Manzo en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera presidente de México, mantuvo reuniones por lo menos una vez al año con los directivos de la empresa Iberdrola, que tiene ubicada sus oficinas en Madrid, España.

Su papel, hasta 2018, era el de revisar las operaciones que se mantenían cada año en la empresa y entre ellas estaba la del desarrollo de La Ventosa, uno de los parques eólicos donde conviven miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que apenas reciben 10 dólares al mes por haber prestado sus tierras a esta gran transnacional.

Las energías eólicas no han sido negativas siempre. En distintos países de la Unión Europea se implementaron parques eólicos para disminuir la huella de carbono. Esto ha permitido generar avances en el combate a la contaminación ambiental.

Sin embargo, en el caso mexicano, a pesar de que hubo instituciones como el Banco Mundial que impulsaron estas políticas públicas, la falta de transparencia en los contratos y las problemáticas locales diluyeron los beneficios tanto fiscales como los beneficios directos a los pueblos indígenas, que hoy en día son los más afectados.

En otro momento, un año antes de concluir su mandato, el expresidente Enrique Peña Nieto otorgó un permiso a través de la Comisión Reguladora de Energía para que en Unión Hidalgo, Oaxaca, se construyera un parque eólico sin consultar a sus habitantes.

El 29 de junio de 2017, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –cuando su comisionado era Guillermo Ignacio García Alcocer— se otorgó el título de permiso E/1922/GEN/2017 a Eólica de Oaxaca, filial de Eólica de Francia, con una vigencia de 30 años.

Esto ocasionó un conflicto social de grandes proporciones. Mientras comuneros y defensores de la tierra aseguraban que se había violado el derecho a la consulta; propietarios y arrendatarios de las tierras pedían que el proyecto se construyera porque era “sinónimo” de progreso.

Desde las montañas de la selva de los Chimalapas o en cualquier punto del Istmo de Tehuantepec, hoy en día se observa una extensa mancha blanca de gigantes y hacinados armatostes, que hoy conforman más de mil 500 eólicas que se sembraron de forma acelerada desde hace 25 años, dejando atrás los campos agrícolas.

Además, quien viva a metros de estas turbinas, no descansa por tanto ruido.

Por “prestar” sus tierras, las y los oaxaqueños reciben un pago que va de los 16 mil pesos (798 USD) a los 2 millones de pesos en casos contados (99 mil USD) de manera anual, por concepto de renta. Tal es la razón por la que aceptaron al inicio estos acuerdos, pero sin saber o conocer el grado de afectación severo que tendrían sus tierras.

Son 28 los parques eólicos instalados en territorio oaxaqueño:

  • Juchitán,
  • Santo Domingo Ingenio,
  • Ixtaltepec,
  • Unión Hidalgo,
  • El Espinal y
  • Ciudad Ixtepec.

De estos, 23 son operados principalmente por empresas españolas y francesas y solo un contrato se otorgó directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el abastecimiento de energía y cuatro más están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, estos parques eólicos también han sido desarrollados con capital de origen español.

Al día de hoy, solo una eoloeléctrica fue instalada previa consulta a la población, tal y como lo ordena desde 2013 la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y un protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resto de los parques eólicos fueron instalados a través de contratos que pobladores aseguran fueron firmados de forma amañada. Solo unas cuantas personas eran enteradas previamente de los términos y condiciones y en algunas ocasiones ni pobladores contaban con los documentos originales.

La figura legal que utilizaron las empresas fue la de contrato de arrendamiento, además de un permiso que debió otorgar la Comisión de Regulación de Energía. Pero tiempo después varias empresas le vendieron a otras los parques eólicos y las responsabilidades hacia las personas locales se fueron diluyendo.

Mientras la disputa en Unión Hidalgo continúa por la instalación o rechazo de lo que sería el vigésimo noveno parque eólico en Oaxaca y el cuarto de la trasnacional Eólica de Francia (EDF) , el 25 de enero de este año, el subdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gustavo Salvador Danni, anunció la cancelación de una licitación en la entidad para líneas de transmisión a través de 13 parques eólicos porque advirtió que no había “las condiciones” para llevarla a cabo.

Juchitán es el municipio oaxaqueño donde están instalados el mayor número de parques eólicos, principalmente en sus agencias de La Venta y La Ventosa. Desde su calle principal, la 16 de Septiembre, se observan las aspas gigantes que han ido cubriendo toda su extensión territorial.

A diferencia de lo que no hicieron en Unión Hidalgo, en Juchitán sí hubo consulta indígena en 2014. Así fue como la empresa Eólica del Sur, filial de la transnacional Mitsubishi, se instaló.

Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán, expresó que aún y con consulta, las empresas siempre quedan a deber. La empresa Eólica del Sur se comprometió públicamente y con documentos a construir un parque eólico comunitario así como el pago de sus impuestos. Todo esto se ha incumplido.

“Los juchitecos cumplieron, aprobaron el proyecto, ahora convertido en un parque eólico, el 28, que le pertenece a Eólica del Sur, pero las autoridades no le han cumplido al pueblo”.

Entre las obras que se prometieron en el marco de la consulta indígena, fue la construcción de un parque eólico municipal con dos aerogeneradores, que sería operado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, instancia que ya posee un parque en Juchitán, cuya energía la vende a CFE.

También las autoridades de Oaxaca y del gobierno federal se comprometieron a colaborar con el municipio de Juchitán para gestionar la búsqueda de financiamiento para la adquisición e instalación de otros aerogeneradores que ayuden a satisfacer la demanda de los juchitecos. El acuerdo fue firmado por el entonces representante legal de la empresa, Eduardo Zenteno Gaza; el exalcalde, Saúl Vicente, y el exgobernador Gabino Cué. Ninguno de esos proyectos se concretó.

UNA DEMANDA INAUDITA

Antes de la llegada de Emilio Montero Pérez a la presidencia de Juchitán, gobernó Saúl Vicente Vásquez (2014-2016). El juchiteco fue el primer presidente municipal en exigir el pago de las obligaciones fiscales de las empresas y al no haber cumplimiento de ellas, las demandó.

De haber ganado, Saúl Vicente hubiera obtenido casi 3 billones de pesos, cálculo estimado en la demanda, por el impago en el que incurrieron todas las eólicas instaladas en la localidad. Juchitán es uno de los municipios más grandes de Oaxaca, con 90 mil habitantes y ocho empresas eólicas están instaladas aquí.

El dinero de las demandas nunca llegó, porque las empresas eólicas se ampararon y el siguiente presidente municipal dejó perder la demanda.

“Nosotros dejamos un precedente para Juchitán, exigir a las empresas el pago de impuestos municipales conforme al artículo 228 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juchitán, en donde también se contemplan recargos a razón del 2 por ciento mensual de interés simple sobre el monto total de los créditos fiscales por mes o fracción transcurridos. Lamentablemente nuestra administración llegó al fin, y la siguiente ya no le dio seguimiento y se perdieron las demandas”, expuso.

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