Texto: Humberto Cruz. Dulce veneno
Foto: Estación Foto
La violencia crece, se extiende incontenible, contagia. La paz parece acorralada, inútil y despreciada.
La violencia se nutre con las armas, el crimen organizado, los discursos de odio y los negociadores oficiosos que a todo le ponen precio.
La paz no es redituable, no es negocio.
La muerte de 5 policías en San Vicente Coatlán es un capitulo nuevo en una larga estela de agravios, asesinatos, venganzas y emboscadas que en poco más de 60 años ha dejado casi un centenar de muertos, conflictos agrarios y la presencia del narcotráfico en esa comunidad.
Es un problema social; lo saben todos los que han manoseado el conflicto y ahora pretenden deslindarse y simular que solo es un problema de la policía, tal y como lo han hecho en Teojomulco, Amoltepec, Xanica, la zona lagunar del Istmo, Yosotato y Zimatlán de Lázaro Cárdenas en la Mixteca.
En medio de tanto, la zona Triqui también los tiene sin cuidado.
La violencia sin fin, la pobreza lacerante, el fenómeno de la migración y el abandono de las instituciones agobian a San Juan Copala y sus 23 agencias.
Más de 300 muertos en los últimos 40 años y la descomposición política de la región no parecen inmutar a las autoridades estatales y federales.
El fenómeno de la migración es tan grave que hace 10 años la población con el mayor número de Triquis ya no estaba en las montañas de la Mixteca sino en la comunidad de Maniadero, en Baja California Norte, de acuerdo con las últimas estimaciones, de los 35 mil integrantes de este grupo étnico apenas unos 15 mil permanecen en San Juan Copala y en las cabeceras distritales de Putla de Guerrero y Juxtlahuaca el resto abandonó la región, tal vez para siempre.
Con casi 40 años de existencia, el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, el MULT, construye lo que podría ser la última o la única vía de solución para el exterminio total de la etnia; la búsqueda de un acuerdo de paz que cuente no solo con el respaldo de las instituciones estatales y federales sino también de expresiones de la sociedad civil organizada.
Solo un proceso de paz similar al del levantamiento armado del EZLN en las montañas de Chiapas y una ardua campaña de reeducación podría devolver la esperanza a los indígenas Triquis.
Hace 10 años, en este mismo espacio, señalábamos que las autoridades decidieron convertirse en espectadores de la autodestrucción de los Triquis; el asesinato de Heriberto Pazos Ortíz el 23 de octubre del 2010 suspendió los acercamientos entre las organizaciones más representativas de la nación Triqui, entonces y ahora pareciera que nadie esta interesado en reconstruir el tejido social en esta zona de la Mixteca, por el contrario, solo los promotores y beneficiarios de la violencia rondan como buitres en la región.
En el 2017 resurgió la esperanza cuando desde el gobierno anunciaron un programa de atención prioritaria a las zonas de conflicto en la Mixteca, la Sierra Sur y en los Chimalapas. Un acuerdo de paz no solo formalizaría el cese de las hostilidades sino representaría una oportunidad para las comunidades de San Juan Copala, san Andrés Chicahuaxtla, San Martín Itunyoso y Juxtlahuaca.
El tiempo corre y el exterminio sigue.
