Texto: Jaime GUERRERO

OAXACA, Oax. (pagina3.mx)- Al presentar el Informe Ciudadano “La Historia no olvida. Violencia feminicida en Oaxaca: Tres años de impunidad e injusticia”, organizaciones feministas demandaron al mandatario estatal Alejandro Murat Hinojosa, realizar una evaluación “punitiva” de su gabinete debido al incremento de feminicidios y distintas violencias de género. De acuerdo a las feministas, se contabilizan 368 asesinatos de mujeres.

Para las activistas, representa un incremento porcentual del 55 por ciento, y donde los principales casos se dan en los Valles Centrales con 79, el Istmo con 73, la Costa con 63, Papaloapan con 57, la Mixteca con 44, la Sierra Sur con 28, la Cañada con 13 y la Sierra Norte con 11.

En rueda de prensa realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ana María Cárdenas, portavoz de las organizaciones que participaron en el informe, durante el gobierno actual representa un incremento porcentual de 55 por ciento. Un dato importante, indicó es que el 59 por ciento de los casos se cometieron con arma de fuego “lo que deja sobre la mesa que existe un circulante ilegal de armas en Oaxaca.

Acompañada por Angélica Ayala, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos, así como por Soledad Jarquín Edgar, madre de Sol Cruz Jarquín- asesinada hace casi un año y medio, fueron contabilizados 338 casos de violencia familiar, 261 de violencia sexual, 669 desaparición de mujeres y 33 casos de violencia política.

Además de la evaluación punitiva al gabinete, las activistas demandaron que en su propuesta de presupuesto 2020 asigne y etiquete, suficiente para enfrentar todos los impactos del feminicidio; la destitución de los funcionarios que tengan antecedentes de violencia contra las niñas y mujeres en las diversas modalidades y tipos de violencias, así como cuando por sus acciones u omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de las niñas y mujeres.

De igual manera que se dicten en forma oportuna órdenes de protección para niñas y mujeres en situación de violencia; la creación del Refugio Estatal para niñas, niños y mujeres en situación de violencia con personal calificado y con recursos suficientes que cubran las necesidades de las niñas, niños y mujeres.

Al Congreso de Oaxaca, le solicitaron además del proceso de destitución del fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, realizar una evaluación exhaustiva de los recursos asignados para el 2019 en la materia y se finquen responsabilidades por el mal uso que se les dio; que al momento de aprobar el presupuesto 2020 se etiqueten recursos públicos en la materia y que la comisión para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género rinda un informe público sobre los resultados de su encargo e informe a la ciudadanía las medidas que tomará al respecto.

Angelica Ayala, destacó que hasta el momento las acciones realizadas por el gobierno para atender y prevenir la violencia contra las mujeres de Oaxaca sólo han sido mediáticas. En este sentido, citó el programa Mujer a Salvo, los botones de pánico y las rutas seguras para mujeres, en caso de transporte público.

Durante el acto, la periodista Soledad Jarquín advirtió que a casi un año y medio del asesinato de su hija Sol Cruz Jarquín, el caso continúa en la impunidad pues mantienen guardado el expediente penal electoral con el riesgo de que “me saque de la posibilidad de darle seguimiento al expediente bajo el pretexto de que es un delito electoral y yo como ciudadana no tengo ninguna posibilidad por no ser víctima directa”, expuso. Agregó que hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia que habla sobre la negligente actuación de la fiscalía en el homicidio, es decir que “la fiscalía no hizo bien su trabajo”.La periodista también exigió la destitución de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vázquez Colmenares.

Al mismo tiempo, exigieron a la 64 legislatura local iniciar el proceso de destitución del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez al señalar que la impunidad prevalente es atribuible a omisiones e inacción en su labor.