Texto: Alejandra Ibarra Chaoul / José Ignacio De Alba / Lydiette Carrión. Fotografías: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro
Este trabajo pertenece a Pie de Página, y se reproduce aquí por medio de la Alianza de Medios de la red de Periodistas de a Pie. Encuentra la publicación original en el siguiente enlace: García Luna, el oscuro hombre detrás de la guerra contra las drogas

El panismo convirtió a un espía cazaguerrilleros en el estratega de la guerra contra el narcotráfico. Hoy, García Luna enfrenta cargos en Nueva York, por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa

A finales de 2018, un testigo colaborador de la fiscalía estadounidense implicó al otrora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una red de corrupción con el Cartel de Sinaloa. En su momento, los políticos mexicanos respondieron cuestionando la veracidad de los dichos de criminales confesos. Casi exactamente un año después, autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna, de 51 años, en Texas, presentándole cuatro cargos: tres por conspiración para traficar cocaína y uno por corrupción. Por estos cargos, podría enfrentar entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Víctima del juicio del siglo

Fue el 20 de noviembre de 2018 cuando el primer testigo colaborador de la fiscalía estadounidense –en el famoso juicio contra Joaquín Guzmán Loera– habló de Genaro García Luna. Se trataba de Jesús Reynaldo Zambada García, alias el Rey, hermano menor del Mayo Zambada, socio y compadre del Chapo. Fue ese martes del incipiente invierno neoyorquino, cuando el abogado del Chapo, William Purpura, empezó a preguntar por el ex funcionario mexicano.

Si hubiera podido, su hermano hubiera sobornado hasta al presidente, ¿no?”, le preguntó Purpura al Rey Zambada. El testigo esperó.

Su hermano tenía un particular interés en un tal Luna, ¿no es así?”, ahondó el abogado.

Defensa de narcos

En su momento, los abogados dirigiendo la defensa de Guzmán Loera querían comprobar que el Chapo era tan sólo un chivo expiatorio, utilizado por el Mayo Zambada y el gobierno mexicano para seguirse enriqueciendo con el tráfico de drogas. Mucha gente cuestionó las declaraciones, incluidos los funcionarios públicos salpicados, como Genaro García Luna, Gabriel Regino y Enrique Peña Nieto.

En el caso particular de García Luna, el Rey Zambada declaró que el Cartel de Sinaloa le había hecho pagos de millones de dólares, entregados en maletines personalmente por el abogado mexicano del Mayo Zambada: Óscar Paredes Echegaray.

Según el testimonio, el primer pago se dio entre el 2005 y el 2006, cuando García Luna era el director General de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio de Vicente Fox. Le entregaron 3 millones de dólares para que colocaran a un hombre que sólo identifican con el apellido de “Higueras”, como jefe de la policía de Culiacán.

El segundo pago, de 50 millones de dólares, venía de una coperacha entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva, el Indio y la Barbie. El propósito del soborno, según lo que recordó el Rey Zambada, era que García Luna los protegiera entre 2006 y 2007 mientras las tensiones al interior del Cartel de Sinaloa, y en particular contra el Chapo, incrementaban.

Finalmente, en 2007, ya como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, García Luna habría recibido un nuevo pago de 3 a 5 millones de dólares del cartel, en esta ocasión para “no interferir con su negocio de narcotráfico”.

Nuevos testimonios

Hubo mucha especulación en México sobre la relevancia de estos dichos o la capacidad de que se tradujeran en materia legal y en acusaciones contra los políticos mencionados. En el caso de García Luna, casi un año exactamente después del testimonio que lo señaló, se desclasificó una acusación en su contra. Ésta proviene de la Corte Este de Distrito de Nueva York, en particular de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero e Integridad Pública. La investigación está liderada, entre otros dos abogados, por Michael P. Robotti, uno de los principales fiscales en el juicio contra Guzmán Loera.

En la carta que dirigen los fiscales al Juez Brian M. Cogan –el mismo que sentenció al Chapo en julio de 2019— enlistan los cargos que se le imputan a García Luna. La evidencia que citan son el testimonio del Rey Zambada, así como testimonios de otros testigos colaboradores que corroboran la historia del hermano del Mayo. Según la carta, el ex funcionario ayudó al Cartel de Sinaloa a traficar droga por la frontera a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios, con tal de hacerse de la vista gorda y permitirles operar con impunidad.

El arresto

El día 9 de diciembre de 2019 las autoridades de Texas arrestaron a García Luna en el estacionamiento de un edificio del departamento que rentaba y el 10 de diciembre se presentó en una audiencia de la Corte Norte Distrital de Dallas en Texas ante el juez David Horan vistiendo pantalones de mezclilla y un sueter Hugo Boss. El otrora secretario de Seguridad Pública no presentó declaración como culpable ni como inocente. Se agendó una audiencia para el 17 de diciembre donde se determinará si García Luna quedará detenido o si le permitirán salir bajo fianza. La fiscalía de Nueva York solicitó que se le detenga y se espera que las próximas semanas lo trasladen a Nueva York donde se le presentarán oficialmente los cargos.

Cazaguerrilleros

García Luna inició su carrera dentro de áreas de seguridad nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo. Era 1989, el ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Fue reclutado para el área de inteligencia en “terrorismo y contraterrorismo”. Es decir: para el combate a grupos guerrilleros. Wilfrido Robledo Madrid ha sido señalado como su padrino.

El equipo de Robledo y García Luna investigó el secuestro del entonces presidente de Banco de México, Harp Helú, el 14 de marzo de 1994. El banquero permaneció privado de su libertad por 100 días, y después liberado. El secuestro lo atribuyeron a guerrilleros del EPR.

En 1996, el diario La Jornada publicó que se pagaron 10 millones de dólares para el rescate. Pero luego las fuerzas de seguridad nacional recuperaron el monto. Lo hicieron durante un operativo en el que se desmantelaron varias casas de seguridad.

Extraoficialmente, la resolución del caso se atribuyó a Robledo Madrid y García Luna.

Siempre contrainsurgente

En 1999, García Luna se integró a la entonces flamante Policía Federal Preventiva (PFP), al lado de Wilfrido Robledo. Ahí, ambos también explotaron esa veta de contrainsurgencia, poco conocida entre la opinión pública, y que acompañó al superpolicía toda su carrera.

El escritor e intelectual Carlos Montemayor escribió al respecto en su ensayo: “Los movimientos guerrilleros y los servicios de inteligencia”:

Wilfrido Robledo, quien encabezó primero la Policía Federal Preventiva, impulsó “un vasto acopio de información, procesamiento y concentración de datos”, lo que facilitó “un amplísimo seguimiento de cuadros del EPR, ERPI, FARP y otros núcleos y organizaciones subversivas”.

Las investigaciones, escribió Montemayor, buscaban conocer la estructura toral de los grupos, “pero no capturar las células que no condujeran a las cabezas rectoras de las organizaciones”.

Y agrega:

El encargado del manejo y establecimiento de esta especie de banco de datos del crimen organizado, una parte del cual correspondía a movimientos subversivos, era Genaro García Luna, posteriormente fundador de la AFI en la PGR y secretario de Seguridad Pública al principio de la administración de Felipe Calderón”.

Carlos Montemayor

Para abril del año 2000, el trabajo de inteligencia que Wilfrido Robledo y su “hombre de confianza”, Genaro García Luna, dio como resultado el operativo que acabó con la huelga de estudiantes en la UNAM. Y con el inicio del nuevo milenio se desató el desmantelamiento de las guerrillas y otros movimientos sociales.

Pero la carrera de García Luna arrancó a las grandes ligas unos meses después de su paso por la PFP.

El hombre del PAN

En diciembre de 2000, García Luna fue nombrado Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. Él reestructuraría esta instancia. Desde ahí se acercó mucho al círculo de confianza de Vicente Fox.

Tanto se acercó que, para su Primer Informe de Gobierno, el presidente de la alternancia anunció la extinción de la Policía Judicial Federal. En su lugar se creó la Agencia Federal de Investigación (AFI), y designó a García Luna como su titular.

Fox presentó la AFI como una policía de investigación moderna. Una institución que supliría a los antiguos judiciales y sus métodos, y acabaría con la corrupción.

Por su parte, García Luna, que ya salía mucho en televisión, hablaba de medición y controles de confianza y desempeño. “Lo que no se mide no se puede evaluar”, repetía como mantra. En este periodo, la AFI obtuvo presupuestos millonarios.

García Luna creó un sistema de compartimentación de información al interior de las unidades de inteligencia, para evitar filtraciones a bandas de secuestradores. En efecto sí organizó, midió y sistematizó la AFI.

Represión, ante todo

García Luna estuvo al frente de la AFI durante casi todo el sexenio de Vicente Fox. Por un lado era el policía estrella del foxismo. Por el otro, la AFI se consolidó como un brazo de la represión social.

Uno de los casos más emblemáticos quizá fue el de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial. Ellas eran comerciantes indígenas hñähñú, que vendían sus mercancías en el mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro. En agosto de 2006, agentes de la AFI decomisaron mercancía a varios vendedores ambulantes. Alegaron que era piratería. Cometieron excesos y violencia contra población muy pobre.

La población retuvo a seis de los agentes; demandaron que regresaran las mercancías. Los agentes acusaron a las tres mujeres indígenas de secuestro. Ellas pasaron 10 años en la cárcel, a pesar de la diferencia de fuerzas entre tres mujeres indígenas y seis agentes armados. A pesar de las violaciones de derechos humanos que los agentes cometieron. A pesar que no había pruebas.

Finalmente un tribunal colegiado de la Ciudad de México las liberó . El Estado mexicano tuvo que disculparse públicamente sobre el caso, en 2017.

Producciones García Luna

La tendencia a la teatralidad acompañó siempre a Genaro García Luna.

Por ejemplo, el caso de Rubén Romano, entonces técnico del Cruz Azul. El 19 de julio de 2005, Romano salía de un entrenamiento al sur de la ciudad, cuando fue secuestrado. Los criminales exigían más de 5 millones de dólares. Tras dos meses, el exfutbolista argentino fue rescatado, ileso. Fue ciertamente un operativo exitoso.

La Agencia Federal de Investigación (AFI) ejecutó la investigación policial y el rescate. Sin embargo, hubo un detalle en la liberación: ésta fue televisada “en vivo”. Romano fue exhibido ante los medios portando una playera con la leyenda “Rescatado por la AFI”.

Más adelante, Romano narró a la revista Proceso que debió esperar más de una hora en la casa de seguridad; y probablemente se debió a que la AFI esperó a los medios para presentarlo ante el público.

El affaire Cassez

Para el 9 de diciembre de 2005, Televisa emitió la supuesta aprehensión en vivo y directo de dos secuestradores Israel Vallarte y la ciudadana francesa, Florence Cassez.

Un mes después –también en un programa con Denisse Merker–, Cassez advirtió que ella y su pareja no fueron detenidos el día 8 de diciembre y no el 9 de diciembre, como difundió la AFI con ayuda de Televisa.

Cassez recibió sentencia pocos meses después. Para 2013, la SCJN determinó ponerla en libertad por irregularidades en el proceso –el montaje televisivo–. Hasta la fecha, Israel Vallarta está detenido y sin sentencia.

Para 2010 –ya en el sexenio de Felipe Calderón–, García Luna, ahora como secretario de Seguridad Pública, pactó con Televisa la producción de una miniserie para la negativa imagen pública de los policías federales. La institución pagó 118 millones de pesos a la televisora.

El productor Pedro Torres se sirvió de las instalaciones de la corporación para armar la telenovela. Ante las críticas la transmisión de la novela se suspendió; pero el dinero ocupado en el show nunca se transparentó.

Calderón: mano libre

Una vez que Felipe Calderón llegó a la Presidencia, designó a García Luna como secretario de Seguridad Pública.

La Policía Federal y la AFI fueron fusionadas. Uno de los motivos, se dijo en su momento, era la infiltración del narcotráfico dentro de las agencias de seguridad del Estado. Pero el superpolicía tenía colgadas dos importantes medallas; el combate al secuestro y la creación de una policía científica.

La PFP el comodín del calderonismo

Una de sus primeras acciones, paradójicamente, fue rebautizar la PFP como Policía Federal (PF), y con un mando civil (no militar). Pero, para 2009, Calderón volvió a militarizar la PF, con el fin de ocupar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en su objetivo de desaparecerla.

De acuerdo con notas de aquel entonces, García Luna planeó un operativo similar al efectuado por la PFP en ciudad universitaria para dar fin a la huelga de estudiantes en el 2000.

Calderón le dio a García Luna cuanto quiso para la PF: dinero, infraestructura, equipo y hombres. De 5 mil pasó a más de 35 mil efectivos al final de su sexenio.

El teatro de la guerra

Durante la gestión de García Luna, los narcotraficantes eran presentados en los hangares de la Policía Federal; expuestos ante los medios. Montaban en una escenografía con policías encapuchados, portando armas automáticas. En el fondo de la imagen transmitida en noticieros de cadena nacional lucían flamantes helicópteros o aeronaves de la dependencia.

En la calle, “la mano dura” que presumía el presidente Calderón y en la televisión la teatralidad del supersecretario armaron la narrativa de la guerra contra las drogas.

Pugna Medina-García Luna

García Luna enfrentó acusaciones dentro y fuera del gabinete calderonista. El propio procurador general de la república Eduardo Medina Mora –ahora acusado de enriquecimiento ilícito- tuvo fricciones con García Luna por la visión de la guerra contra las drogas. El primero sugería la inteligencia financiera, el segundo aplicaba el uso de la fuerza.

En diversos encuentros con víctimas, fue el blanco de duras críticas. Después del asesinato de Francisco Sicilia, el activista Javier Sicilia pidió su renuncia en varias ocasiones “para evitar más muertes”.

Durante los seis años que duró en el cargo México se hundió en una crisis de seguridad, la cifra oficial de ejecuciones fue de 120 mil personas y más de 20 mil desaparecidos.

El final del superpolicía

Con la salida del PAN de Los Pinos, la carrera política de García Luna terminó.

En 2012, el ex funcionario se mudó a Miami, donde consiguió su residencia. Abrió una empresa de consultoría sobre seguridad llamada GLAC Consulting, con sede en Ciudad de México y Florida, Estados Unidos.

En 2018 intentó tramitar su naturalización como estadounidense. Las autoridades de aquel país investigaron los bienes de García Luna. Concluyeron que ascienden a una pequeña fortuna, inconsistente con su salario como funcionario público.

Para 2013 el presupuesto de la Policía Federal disminuyó por primera vez en siete años. Dos mil elementos fueron despedidos.

La ley en México, “investiga”

Desde mayo de este año el gobierno federal aseguró que investiga a García Luna. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se indagan presuntas irregularidades del exsecretario.

Apenas la tarde de ayer -cuando García Luna fue detenido- la Fiscalía General de la República comunicó que tiene una carpeta de investigación en su contra. Los delitos: “conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros”. El gobierno mexicano buscará extraditar al ex funcionario para procesarlo en México.