El 10 de diciembre 2019, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca organizó un panel de discusión entre cuatro expertos y expertas titulado «Retos para la Aplicación de los Derechos Indígenas en Oaxaca«.
Las temáticas fueron: Derechos lingüísticos, derechos a la consulta, muerte materna en comunidades indígenas y derechos de las mujeres en contextos comunitarios.
Al panel del Auditorio «Óscar Arnulfo Romero«, en el Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se sentaron la moderadora antropóloga Úrsula Hernández Rodrigo, consejera ciudadana de la DDHPO; la licenciada Elizabeth Olvera Vásquez, coordinadora de Coldiba A. C. «Mujeres Tejiendo Realidades»; Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A. C.; la doctora Paola María Sesia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el doctor Magdiel Hernández Caballero, defensor especializado en Pueblos de la DDHPO.
En voz del primer ponente, Tomás López Sarabia, se desenvolvió la prevalencia del monolingüismo en México, un país donde el lenguaje de la conquista ha prevalecido aún pos independencia.
Tomás señaló la importancia de exigir al Estado a que ponga interés en la creación de políticas públicas que protejan los derechos lingüísticos del país mediante la institucionalización de la lengua nativa y la descentralización del español como lengua aparentemente oficial, aunque tal título no existiera constitucionalmente.
López Sarabia dijo que estamos en riesgo de provocar deliberadamente el «lingüicidio» de comunidades indígenas cuyas palabras se están perdiendo a falta de personas mexicanas que las hablen; y, como consecuencia, el «epistemicidio» de toda la sabiduría que el lenguaje originario lleva consigo.
Ante el recién promovido interés por las comunidades indígenas de los nuevos gobiernos, el exponente declaró que mientras se valoran los avances, hace falta mucho más voluntad política «más derechos y menos folclor«, apuntó el presidente del CEPIADET.
Enseguida, el doctor Magdiel Hernández tomó el micrófono y apuntó hacia el poco reconocimiento que las comunidades indígenas han recibido de parte de los gobiernos, halagó que la visión cosmológica de los pueblos originarios ha resistido ya 500 años.
Dijo que si han sobrevivido es por los recursos comunitarios de integración y sus sistemas normativo. Luego amagó con el cogollo del asunto: el derecho de consulta, cuyos inicios se recuerdan por tiempos del Convenio 169 y su precedente 107 de la Organización Internacional del Trabajo, siendo estos los primeros en proteger los derechos laborales ante jornadas inhumanas de trabajo.
Las consultas, como cualquier otro derecho humano, se dijo en el panel, deben realizarse bajo principios de libertad, consenso y buena fe, encaminadas a los derechos más importantes.
Luego, el doctor aseguró que lo realizado por el gobierno de López Obrador para dar marcha a los megaproyectos de su proyecto de nación bajo presunto «permiso» fue un ejercicio unilateral enroscado en criterios únicamente de las administraciones encargadas: «No se aplicó el derecho de consulta«, afirma Magdiel Hernández.
Dentro de una tercera participación se presentó a Paola María Sesia, del CIESAS, quien expuso la importancia de visualizar la muerte materna en municipios donde se hablan lenguas indígenas, siendo este tipo de población la principal víctima de éste grave fenómeno.
La distribución de los datos analizados por la investigadora, apunta a una desigualdad y una discriminación de parte de las políticas públicas y los programas de salud, siendo que las madres de las comunidades son más propensas a perder la vida al parir o en el embarazo. El 68% de las mujeres entrevistadas por la doctora Paola María admitió que hubo un retardo en sus situaciones de salud para recibir el tratamiento adecuado.
A su vez, la doctora enuncia que la desaparición de la partería indígena se corelaciona al problema central, provocando que se infle el número de cesáreas hechas por instituciones médicas públicas, «México es el cuarto lugar en tasas de cesáreas en el mundo«, enfatiza María Sesia.
Además, los hospitales se sobresaturan frecuentemente y profesionales de la medicina tienden a negar atención médica o a ejercer violencia obstétrica, un fenómeno al cual le puso especial énfasis ya que 31.1% de las mujeres (es el dato duro revelado por la investigadora) aseguran haber sido maltratadas en instituciones públicas por medio de algún grado de violencia obstétrica, principalmente gritos y regaños de parte de los y las empleadas de salud pública.
Finalmente, la cuarta panelista tomó la voz por el cuarto de hora que le tocó, ella fue Elizabeth Olvera Vásquez y dedicó su participación a visualizar la importancia del rol femenino en los ecosistemas sociales indígenas.
Olvera Vásquez dijo que las mujeres han contribuido sustancialmente a las colectividades, aunque en muchas ocasiones no se les dé el crédito. Han sido, además, parte indispensable de los sistemas normativos que hoy modelan las dinámicas comunitarias en distintos municipios de Oaxaca y de otros estados en México.
«Las portadoras de las lenguas han sido las mujeres«, declara la experta, sobre la relevancia de las mujeres en la sobrevivencia de los lenguajes originarios que aún prevalecen.
Ella propone poner el ojo en reformas tangibles que engrandezcan la figura de la mujer como pieza sustancial de la comunidad, que sean de largo plazo y tengan un quehacer duradero y ético; en lugar de las reformas actuales que plantean soluciones a corto plazo y sin mucho contenido.
Elizabeth recordó el manifiesto zapatista que las mujeres del EZLN circularon extendiendo demandas de género a sus comunidades y al país. Aclaró que esta acción revolucionaría marcó pauta para otros movimientos, ya que las mujeres no habían podido hablar de las realidades internas, por miedo a dar sus opiniones y ser violentadas, hecho que aún es frecuente en varias regiones de México.
Al concluir el panel, las conclusiones respondieron a la gran relevancia que existe actualmente de involucrarse a la comunidad mediante acciones en temas de tinte público.
Específicamente, exigir que el gobierno oaxaqueño priorice, mediante presupuesto y administración, al mexicano indígena, ya que ni las políticas públicas ni el dinero público parece dirigirse a la población oaxaqueña originaria y afrodescendiente que, además, compone el 70 de las personas en el Estado.
