OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Raúl Ernesto Salcedo Rosales, fue denunciado ante la Fiscalía General por hechos que podrían tipificarse como abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, extorsión, usurpación de funciones y violación a derechos humanos al protagonizar un incidente vial.

Así lo dio a conocer el abogado Juan José Meixueiro Orozco al denunciar que su defendido Óscar Gabriel Navarrete Arreola fue detenido por órdenes del secretario de Seguridad Pública y encarcelado en los separos del cuartel de la Policía Estatal, así como obligado a firmar un acta convenio para pagar 14 mil 500 pesos por un incidente vial que protagonizó el integrante del gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de enero en la avenida Hornos, cerca de la Universidad Regional del Sureste, del Rosario; cuando Óscar Gabriel circulaba acompañado de su hijo de seis años de edad y su esposa embarazada fue alcanzado por el secretario Ernesto Salcedo que conducía una motocicleta Harley Davidson, realizó una brusca maniobra y casi choca con el automóvil.

Fue en ese momento que el encargado de la seguridad del estado y toda su escolta persiguieron al vehículo que conduce Óscar Gabriel hasta detenerlo, esposarlo, encarcelarlo y obligarlo a pagar 14 mil 500 pesos para dejarlo libre.

La defensa jurídica manifestó que al iniciar una carpeta de investigación “estamos actuando conforme a Derecho, no como lo hizo el secretario de Seguridad Pública que con mentiras completas da verdades a medias, nosotros iniciamos una carpeta con una verdad real y vamos a pedir que actúe la Fiscalía Anticorrupción”.

Además, adelantó que van a acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que se decreten medidas cautelares a Óscar Gabriel y su familia ante el temor de represalias.

También acudirán ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental a efecto de que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos intervinientes en este caso y podría derivar en una inhabilitación.

Recalcó que “vamos por la causa legal para contrarrestar un poder absolutista como el que pretende ejercer este señor, el señor no se da cuenta que ya no está en le época del ‘negro’ Durazo”.

A casi siete meses de que Murat designó a Raúl Ernesto Salcedo Rosales como secretario de Seguridad Pública en sustitución de José Raymundo Tuñón Jáuregui, quien también se vio involucrado en la protección de 15 policías estatales que el 13 de octubre de 2017 irrumpieron violentamente en el rancho “La Engorda” del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec donde cometieron de robo calificado, allanamiento de morada y abuso de autoridad.

El pasado viernes 13 en el rancho “La Engorda”, ubicado en el kilómetro 39 de la carretera Tuxtepec-Palomares, elementos de las patrullas 1914, 1910 y 1884 irrumpieron violentamente, torturaron al velador Abraham Calderón Sandoval y robaron dinero, alhajas, animales y equipo de cómputo, según consta en la averiguación previa 02661/FTPAT/2017.

Ahora, el actual secretario de Seguridad Pública es denunciado por abuso de autoridad, sin embargo, a través de un comunicado de prensa aclaró que “en relación al percance automovilístico ocurrido esta tarde en inmediaciones del fraccionamiento “El Rosario”, perteneciente al municipio de San Sebastián Tutla, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informa a la opinión pública que la persona detenida involucrada conducía con aliento alcohólico“.

Mientras que su vehículo fue remitido al corralón de la Policía Vial Estatal, luego de que impactara a una motopatrulla y, en su intento de darse a la fuga, arrollara a una segunda persona; por lo que le fue impedido el paso con una camioneta.

Agregó que “el probable responsable de los hechos se comprometió a pagar los daños ocasionados a dos motopatrullas y se disculpó luego de haber reconocido su culpabilidad”.

Añadió que “cabe hacer mención que no es la primera ocasión en la que se detiene a dicha persona, debido a que en diversas ocasiones ha sido sancionado por la misma situación”.

De igual forma es importante mencionar que su detención se llevó a cabo de acuerdo a los protocolos establecidos y fue remitido las oficinas de la Policía Vial Estatal. Dichas acciones fueron realizadas en apego a los protocolos policiales y en estricto apego a los derechos humanos”, puntualizó.

Sin embargo, el asesor jurídico aclaró que el pasado domingo se presentó una denuncia de hecho constitutivos de un delito porque “analizamos los videos y fotografías y logramos identificar a funcionarios públicos. El siguiente paso vamos a pedir la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y es ahí donde vamos a señalar delitos y probables responsables”.

Aquí, quienes determinarán qué tipo penal van a ser las autoridades de la Fiscalía”.

Hicieron hincapié en que si hay protección o “si hay alguna omisión de parte de la Fiscalía tenemos recursos de incidencia ante el juez de control o el juicio de amparo, lo que pedimos es una investigación imparcial y apegada al estado de Derecho”.

Por el momento no piden ni la renuncia ni la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública porque “vamos por pasos hasta que veamos cómo actúan las autoridades de la Fiscalía“.

Lo único cierto es que a Óscar Gabriel lo bajaron de su auto con lujo de violencia, lo esposaron, lo amenazaron, lo retuvieron y lo encerraron en el cuartel de la Policía Estatal pasando por alto a la autoridad de vialidad.

No se vale que funcionarios públicos, haciendo uso de su poder violen derechos humanos, extorsionen a la ciudadanía, se conviertan en autoridad de vialidad, en ministerio público, perito de tránsito terrestre, perito valuador y juez, al condenar prisión y además que haya condenado al pago de una reparación del daño. ¿Esta es nuestra Secretaría de Seguridad Pública? Esa es la verdad real y jurídica”.

Finalmente recalcó que “logramos identificar que quien encabezó el operativo fue directamente el Secretario de Seguridad Pública. Además son elementos policíacos que tienen cadena de mando y que violaron derechos humanos y el protocolos de detención y del marco de justicia penal”.



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