Texto: Jaime Guerrero.
Oaxaca. Oax. (pagina3.mx).- Diputados de todas las fuerzas políticas, exhibieron pacto con secretarios del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa. Durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno de los titulares de la Secretaría de Administración, Germán Espinosa Santibáñez y de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, las críticas al desempeño y resultados, pasaron desapercibidas.
La presencia de los funcionarios ante los diputados de mayoría morenista, fue un paseo y monologo de sus logros en la sede del Poder Legislativo.
Los velados reclamos se centraron en la problemática laboral, transparencia y rendición de cuentas, y en tecnicismos que ni los propios congresistas locales son expertos. Las preguntas fueron a modo e incluso algunas fueron enviadas por las mismas secretarías para ser presentadas por los diputados y diputadas.
Entre las diputadas que pactaron sus respuestas con los secretarios, están Aurora López Acevedo, Aleyda Serrano, Fredy Delfín, Laura Estrada Mauro y Fabricio Emir Díaz, confesaron diputados y diputadas del PRI y Morena, consultados.
Desde la semana pasada el ex diputado del PRI y hoy funcionario de la Contraloría, Maximino Vargas Betanzos, se encargó de entrevistarse con los diputados que formularían cuestionamientos al contralor, José Ángel Díaz Navarro, de paso les obsequió una litografía. En los pasillos y cubículo de diputados y hasta el salón del pleno deambuló el funcionario.
Primero con el titular de la Secretaría de Administración, José Germán Espinosa Santibáñez, le reclamaron suavemente atender con responsabilidad y sentido humano las demandas de la clase trabajadora del poder ejecutivo y organismo autónomos.
El legislador, Pável Meléndez Cruz, salió en defensa de 180 trabajadores la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, quienes reciben como pago un salario menor a lo que sus funciones y responsabilidad merecen.
Hilda Graciela Pérez Luis, acusó que el informe presentado omitió temas relevantes para los y las trabajadoras, como el estado actual que guarda el Fondo de Pensiones. Las respuestas fueron contundentes. Demandó proteger, los derechos de los trabajadores del Estado.
La panista, María de Jesús Mendoza Sánchez, pidió pormenores sobre la ruta que implementará la Secretaría de Administración, para que extrabajadores del extinto Seguro Popular, puedan ser contratados por el Instituto de Salud para el Bienestar, y de qué forma coadyuvarán a que se garanticen sus derechos laborales, pese a que el caso es de competencia federal.
Aurora López Acevedo, del PVEM, con preguntas pactadas, pidió un informe sobre el acoso laboral. Por ello, cuestionó las medidas que ha implementado la Secretaría de Administración para combatir todo tipo de violencia laboral, y saber cuántos asuntos de este tipo se atendieron el año pasado.
Más crítico, Noé Doroteo Castillejos, del PT, refirió la inconformidad de prestadores de servicios, ante la preferencia de la actual administración por contratar servicios de empresas que no son locales, así como la tardanza en los pagos por diversos servicios. Pidió esclarecer quiénes son los proveedores del gobierno y cómo se gasta en ellos el recurso público estatal.
Othón Cuevas Córdova, de Morena, denunció en tribuna presuntos actos de fraude, cometido por personas que ostentan cargos en la función pública, para la “venta” de plazas laborales en Ciudad Administrativa, casos que podrían configurar la existencia de complicidad u omisión por parte de la misma Secretaría.
Leticia Socorro Collado Soto, de Morena, pidió garantizar que los espacios públicos de recreación, a cargo de la dependencia, funcionen en óptimas condiciones y no sean utilizados para “festejos” de algún servidor público, en detrimento de los usuarios.
Tres horas más tarde, ante la Comisión cameral de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Díaz Navarro, fue “cuestionado por legisladoras y legisladores locales” quienes demandaron una mayor claridad en el gasto público, así como evitar el dispendio de los recursos del erario estatal.
Asimismo, le exigieron mayor vigilancia al gasto en los municipios, pese a que es el Organismo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), la instancia competente de esos casos.
Fredy Delfín Avendaño, de Morena, cuestionó veladamente, el manejo y fiscalización de los recursos públicos empleados por los municipios en donde existen discrepancias para solventar ejercicios fiscales anteriores.
Estrada Mauro, sobre las mil 392 sanciones emitidas por la SCTG, sobre su alcance para evitar el crecimiento de la corrupción en la actual administración, así como su eficacia. Con preguntas a modo, pidió conocer cuántas habían sido de tipo penal, resarcitorias o de reposición. No recibió detalles.
Maritza Vásquez Guerra, defendió el papel del Contralor, resaltó los avances en transparencia y combate a la corrupción y pidió llamar a cuentas a los funcionarios responsables del Sistema Integral de Transporte de Oaxaca (SIT).
El diputado del PT, César Morales Niño, pidió sancionar las fallas y responsabilidades administrativas en el SIT y respecto a la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de 2017, cuestionó el destino de 2 mil 500 millones de pesos del programa Escuelas al Cien y sobre la existencia de empresas o funcionarios públicos con alguna responsabilidad.
Díaz Alcázar, externó su preocupación por la falta de certeza en la vigilancia y el relevo de administraciones municipales, particularmente en los de Sistemas Normativos Internos, no obstante, el diputado del PES, exhibió su desconocimiento, debido a que es el OSFE la instancia competente.
Aleida Serrano Rosado, con preguntas presuntamente pactadas, citó el caso del municipio de Salina Cruz y trabajadores del ayuntamiento, sobre presuntos actos de corrupción, cuyo caso compete al OSFE, pero pidió la intervención de la SCTG para efectuar una auditoría sobre los recursos federales ejercidos por esa administración municipal durante el año 2019. No obstante, es de competencia de la ASF.
Las respuestas de los funcionarios fueron por demás técnicas y exhibió que los diputados desconocen de los temas y se limitan a aceptar respuestas que literalmente exhibió un pacto entre estos y los secretarios.
