OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Juzgado Tercero de Distrito concedió el amparo con suspensión provisional al quejoso Héctor Alejandro Sánchez Piña donde ordenó al gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa y al Tribunal Superior de Justicia suspender todo acto ilegal en la entrega de fiats notariales, patentes, licencias o autorizaciones para que den fe pública de los actos realizados por particulares en Oaxaca.
Así lo dio a conocer el abogado Jorge Alberto Merlo Gómez al tiempo que precisó que el amparo 24/20 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Oaxaca fue presentado el pasado 10 de enero y el martes 14 de enero fue concedida la suspensión provisional.
La suspensión concedida por el poder judicial federal “significa que el gobierno del estado no puede concluir el proceso para habilitar a los 6 nuevos notarios y estos a su vez puedan ejercer mientras tanto no se revise la legalidad o la ilegalidad con las cuales el presidente del Colegio de Notarios, Marcial Pérez Hernández, coadyuvó para que fueran nombrados nuevos notarios en el estado”.
La ilegalidad consiste en que el otorgamiento de patentes o fiat de notarios públicos se realizó sin convocatoria, sin cubrir requisitos de ley y expedir actas de exámenes a personas que quieren ser notarios sin el perfil, aunado a que presuntamente solicitó cuatro millones de pesos para obtener una notaría.
Además el presidente del Colegio de Notarios pretende otorgar una notaría pública a su hija sin cumplir con los requisitos pese a que el periodo de Marcial Pérez Hernández ya feneció.
“Ante estas irregularidades y evite corrupción mi cliente Héctor Sánchez Piña y derivado de una molestia tanto legal porque se siente afectado en sus derechos y en sus aspiraciones a ser notario público, como una molestia ciudadana decidió presentar un amparo y frenar toda ilegalidad”, puntualizó.
También, dijo, el amparo pretende “evitar que Marcial Pérez Hernández pueda hacer publicaciones retroactivas en el periódico oficial y en algunos periódicos de circulación local para cubrir el requisito que marca el articulo 12 y 13 de la Ley del Notariado de convocar a todos aquellos que se sientan con la capacidad de ser notarios”.
De igual forma se busca evitar que registren tanto sellos como firmas de los nuevos notarios públicos tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en la Secretaria General de Gobierno y en la Dirección de Notarías.
Merlo Gómez considera que Pérez Hernández “engaña tanto al gobernador como al consejero jurídico de que todos los requisitos de ley se han cubierto, que se han cubierto las convocatorias y que se ha cubierto la convocatoria interna del colegio de notarios para designar jurado, cuando en realidad eso es falso”.
“Y con base en eso Pérez Hernández extiende, en su carácter de presidente del colegio de notarios, las actas de exámenes aprobatorias y con eso dice que el gobernador da nuevos fiats, entre las cuales está beneficiada la hija del presidente de notarios”.
Por lo pronto, dijo que “mi cliente Héctor Alejandro Sánchez, aspirante a notario público va a estar pendiente y cada mes solicitará a través de transparencia informes de cuándo va a ser la convocatoria mientras siga Marcial Pérez Hernández como presidente del colegio por su evidente corrupción y la insinuación que le hizo a mi cliente de que una notarial le podía costar 4 millones de pesos”.
Resaló que “entre el gremio de notarios se sabe que si hay otorgamiento de nuevos fiats que se entregaron entre el 22 y 26 de diciembre a seis personas afines principalmente al presidente de notarios, una de ellas es su hija que no cumple con los requisitos, ni de edad, ni de prácticas profesionales, mucho menos de los 5 años en ejercicio de la cedula profesional”.
Insistió que la entrega de fiats se entregó en “venta nocturna o favores que a algún político le deba porque cuando mi cliente quiso aspirar a ser notario, a palabra de mi cliente, Marcial Pérez Hernández le insinuó que los distritos del centro iban a costar 4 millones de pesos y más barato para algunos distritos en el interior del estado”.
Insistió que la venta nocturna de fiats “es el negocio de Marcial Pérez porque una fianza que se solicita la otorgar una compañía afianzadora que no te va a cobrar más de 20 mil pesos por la póliza anual”.
Mencionó a que “Marcial Pérez Hernández le gano más la ambición y superó al propio ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien según comentario de abogados algunas notarias costaron 3 millones de pesos aunque desconozco quiénes las haya comprado”.
Finalmente dijo que “las acciones de Marcial Pérez son invalidas de pleno derecho porque su periodo ya feneció y otorgar fiats sería un fraude para quien le entregó 4 millones de pesos”.
Por consiguiente, “si el gobierno al emitir su informe dice que sí hay fiats a Marcial Pérez Hernández se le puede fincar responsabilidad administrativa y penal, la administrativa consiste en la cancelación absoluta del fiat de Marcial porque son actos de corrupción y también penal”, remató.
