OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Ante los preocupantes casos de violencia extrema cometida contra niñas, niños y adolescentes en México, entre ellos los recientes asesinatos de tres estudiantes de Llano Grande, Oaxaca, así como el de la niña Fátima en la Ciudad de México, es urgente implementar acciones integrales y decisivas contra la violencia infantil, exigió el ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla.

El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que la violencia ejercida contra las niñas, niños y adolescentes tiene raíces estructurales que se han tolerado en forma histórica como parte de un sistema social inequitativo, pues en el ejercicio de la violencia se combinan los patrones discriminatorios por edad, desigualdad y la desvalorización cultural implícita en las relaciones con los adultos.

Y es que por la posición de autoridad de los adultos, la fuerza física, capacidad y etapa de desarrollo en la que se encuentran, esto hace que niñas, niños y adolescentes sean altamente vulnerables a ser víctimas de violencia.

Añadió que la violencia en su contra debe considerarse una violación grave a derechos humanos que trasciende la privacidad y particularidades de los casos, pues en realidad es un problema social público que por ende es una responsabilidad colectiva y un tema de política pública del Estado.

Por tal razón, demandó a los sistemas de procuración e impartición de justicia un trato sensible y diferenciado en la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia infantil, así como de apoyo psicológico y psicosocial adecuado a su edad, y  de personal calificado y capacitado para atender este tipo de problemática social.

Es por ello que urgió un protocolo de recepción y entrega de niñas, niños y adolescentes en las escuelas; creación de un diagnóstico de la violencia en este sector y justicia con enfoque de derechos.

Rodríguez Alamilla señaló que cualquier acto de violencia sin importar su origen, gravedad o naturaleza, en contra de niñas, niños y adolescentes, son perjudiciales, pues atentan contra su dignidad, derechos, libre desarrollo y autoestima.

Refirió que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 23 denuncias en Oaxaca por corrupción de menores, mientras que en 2015 la cifra fue de cinco.

Sin embargo, en las estadísticas de dicha institución no existen reportes de incesto, delito que afecta principalmente a dicho sector de la población, e incluso en la base de datos del Secretariado, se encuentra el delito de “rapto” dentro de los indicadores, aun cuando éste fue derogado, lo que implica que no se pueda contar con un diagnóstico preciso de la situación de violencia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes.

Respecto a los recientes asesinatos de tres estudiantes de Llano Grande, Oaxaca, así como el de la niña Fátima en la Ciudad de México, afirmó que es necesario que se investigue en forma diligente, oportuna y expedita desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia y adolescencia teniendo como eje principal hacer justicia a las víctimas de esos crímenes, pero también garantizar la no repetición de los actos.

Sin embargo, dijo, existe un cambio generacional, en el que las y los jóvenes exigen un alto a la violencia que viven diariamente, lo que quedó demostrado este miércoles 19 de febrero cuando alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 126 salieron a las calles a exigir seguridad en el exterior del plantel para sí y especialmente para las mujeres.

En este sentido, reconoció que es urgente contar con datos que permitan conocer la magnitud real del fenómeno pues la mayoría de los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes no se denuncian ya sea por desconocimiento de cómo hacerlo, por miedo o bien, porque ni siquiera se reconoce que están siendo violentados.

“Se ha identificado que niñas y adolescentes mujeres se encuentran en situación particular de riesgo, puesto que son más susceptibles a sufrir violencia, y como consecuencia, se debe priorizar el establecimiento de acciones y políticas tendientes a la reparación y medidas de protección que garanticen una vida libre de violencia”, dijo.

El defensor señaló que la construcción de entornos seguros, ya sea en los hogares,  centros educativos y fuera de ellos, resulta fundamental para prevenir cualquier acto de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Mencionó que las instituciones educativas tienen un potencial único, ya que pueden convertirse en espacios transformadores, pues son un puente entre la comunidad y los hogares, y un espacio de protección para niñas, niños y adolescentes de la violencia, además de ser lugares desde los que se puede combatir la cultura de la violencia promoviendo en su interior formas pacíficas de resolver conflictos, así como modificar comportamientos violentos y actitudes que generan y toleran la violencia infantil.

Por lo que dijo, resulta fundamental generar al interior de las escuelas estrategias que permitan prevenir, atender y actuar ante cualquier caso de violencia infantil, pero también brindar a los propios niños, niñas y adolescentes herramientas y conocimientos que les ayuden  a identificar situaciones que los puedan poner en riesgo dentro o fuera del ambiente escolar, y actuar ante ellas. 

De manera inmediata urgió la creación de un protocolo de recepción y entrega de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, para evitar que un caso como el de la niña de siete años vuelva a repetirse.

El Defensor consideró que en los casos que niñas, niños y adolescentes, permanezcan en la escuela más allá del horario escolar establecido, se deberán establecer mecanismos de protección; así como para el ingreso, permanencia o entrega, lo que debe estar basado en protocolos y lineamientos de  actuación que procuren proteger el interés superior de la niñez, además deben considerarse códigos de conducta específicos para los profesionales que brindan estos servicios y contener sanciones adecuadas en caso de incumplimiento.



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