Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 23 de marzo 2020.- Con el trabajo no remunerado en México las mujeres están subsidiando al Estado, ya que suple la falta de servicios públicos en materia de cuidados, sostiene el Frente Feminista Nacional (FFN) que propone al gobierno federal la creación de empleos decentes, estables, con seguridad social y salarios dignos, como lo establece la Constitución mexicana, la OIT y la Ley Federal del Trabajo.

La organización señala que el trabajo no remunerado constituye un obstáculo para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que resulta imperativo la retribución económica de este trabajo, cuyo valor económico corresponde al 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; es decir, unos de 5.5 billones de pesos.

Aun cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) analiza la implementación de un programa piloto orientado hacia la consolidación de una política de cuidados, son incipientes las propuestas de ley en esta materia.

Mientras la corresponsabilidad de cuidados entre Estado, mercado y al interior de las familias (en especial, entre los hombres), debe de considerar la atención a todas las personas dependientes (infancias, personas mayores, con discapacidad y enfermas), señala el FNF.

Por lo que proponen establecer políticas públicas innovadoras, un sistema de registro, monitoreo y evaluación de resultados que sean reproducibles y sostenibles en el tiempo que no cambien cada sexenio y adoptar una visión integral que problematice la desigualdad estructural de género, basada en la división sexual del trabajo.

Dado que las políticas públicas requieren recursos económicos preocupa a las feministas del Frente Nacional las políticas de austeridad del actual gobierno, ya que cuando se recorta el gasto público se empeora las condiciones de la sociedad, en particular de las mujeres pues son las que asumen el gasto que deja de realizar el gobierno a través de programas sociales o infraestructura.

Al carecer el gobierno de evaluaciones de impacto real sobre las políticas de austeridad (que van más allá del recorte presupuestal para las dependencias de la administración pública federal en sueldos y salarios del personal), el Estado opone la consolidación fiscal al acceso, garantía y disfrute de derechos humanos.

Consideran que se está comprometiendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues a través de la composición del gasto e ingreso se crean condiciones para reducir desigualdades estructurales como son las de género, se destaca en el “Informe Nacional Alterno Beijing 25” elaborado por especialistas el FFN para aportar la visión de la sociedad civil respecto del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) por parte del Estado mexicano.

Ellos en el trabajo formal, ellas en el informal

Por otra parte, la formalidad laboral en México está masculinizada: seis de cada diez empleos formales están ocupados por hombres; es decir, la participación de los hombres en el sector formal es de alrededor de 64 por ciento, en tanto el 36 por ciento es realizado por mujeres.

Es decir, la mayoría de las trabajadoras mexicanas se concentran en el sector terciario de la economía, con 79 por ciento, a diferencia de los hombres que representan 51 por ciento. Es en este sector, que abarca comercio y servicios, donde hay mayores niveles de informalidad.

Todo lo anterior indica que el trabajo informal es la principal forma de empleo de las mexicanas, quienes superan con 1.3 por ciento a los hombres en este tipo de trabajos. A esto se suma que gran parte de la ocupación de las mujeres en el sector informal corresponde al trabajo doméstico remunerado, donde 95 por ciento son mujeres, cifra que representa 10 por ciento de la PEA femenina.

Por otro lado, los datos expuestos en torno a las labores no remuneradas, realizadas principalmente por mujeres, evidencian la sobrecarga de trabajo para las mismas. Pese a su incremento en la participación en trabajos remunerados, en su mayoría continúan realizando labores domésticas y de cuidados.

En otros términos, en 2018 se demuestra que, por 100 horas de trabajo a la semana, los hombres destinan únicamente 24.3 a estas labores, en contraste con las 76.7 horas que destinan las mujeres.

En el mismo año, el valor promedio de las labores domésticas y de cuidados, por persona, equivale a 42 mil 602 pesos anuales. De modo que las mujeres aportan anualmente por este trabajo 59 mil 617 pesos, mientras que los hombres contribuyen con 22 mil 390 pesos.

En el ámbito de trabajo formal, la mayor parte de los programas para la promoción de la igualdad laboral y apoyo al empleo no desarrollan acciones que apunten a modificar las estructuras de poder en el trabajo, pues no se enfocan en abolir la división sexual en el mismo y priorizan la atención de necesidades prácticas sin avanzar en mejorar la posición de las mujeres, propiciando incluso su estancamiento en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Un ejemplo de esto, es la reducción de 90 a 84 días de licencia a las madres, mientras que la que se otorga a los padres es de apenas de cinco días.

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