Texto: Jaime GUERRERO
En medio de la pandemia, la industria alimentaria, principalmente las cadenas comerciales, expenden productos vencidos en los anaqueles. Por ello, la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso una reforma al código penal para establecer sanciones de 10 meses a 6 años y multa de novecientos a doce mil pesos al que ofrezca al mercado, done o regale productos pre envasados que han superado la fecha de caducidad.
Pero, además, se prevé aumentar la pena en una mitad más, si las conductas se llevaran a cabo durante o inmediatamente después de alguna declaratoria de emergencia, ya sea por desastre natural, sanitario o de cualquier otra índole.
En total serían hasta 9 años de cárcel a quienes incurran en ese delito.
La diputada de Morena, Magaly López Domínguez, refirió que, por mandato de Norma Oficial Mexicana, la industria alimentaria está obligada a colocar en sus envases la fecha de caducidad, al ser un derecho de las y los consumidores.
El mismo ordenamiento establece también que después de esa fecha, los productos no deben comercializarse ni consumirse.
Sin embargo, hoy en día se siguen presentado casos de venta de alimentos con fechas de caducidad vencida en tiendas y supermercados.
La delegación estatal de la Profeco ha reportado alimentos caducos e incluso en descomposición en tiendas Chedraui, Aurrerá y Soriana, entre otros. De 70 visitas de verificación realizadas por la dependencia, en 42 se acreditaron violaciones a la Ley. Esto es, en 60 por ciento de los casos. Como se ve, la venta de alimentos caducos no es una excepción de algunos malos empresarios, sino una práctica recurrente de los y las comerciantes en los más altos niveles.
Por ello, López Domínguez plantea sancionar por la vía penal esa conducta, reformando el código penal para aplicar prisión de 10 meses a seis años y multa de novecientos a doce mil pesos al que ofrezca al mercado, done o regale productos preenvasados que han superado la fecha de caducidad, de manera independiente a los demás delitos que resulten.
De acuerdo con la propuesta, si la donación o regalo lo realizará algún servidor público, además se le inhabilitará para ejercer otro cargo público por un tiempo igual.
También se busca imponer la misma pena a los y las propietarias y encargadas del establecimiento en que se vendan productos preenvasados caducos y, en caso de reincidencia, la clausura definitiva del establecimiento de que se trate.
Además, propone aumentar la pena en una mitad más si las conductas se llevaran a cabo durante o inmediatamente después de alguna declaratoria de emergencia, ya sea por desastre natural, sanitario o de cualquier otra índole.
La fecha de caducidad es una herramienta para quienes compramos alimentos envasados, en la idea de que, si observamos que la fecha de caducidad ya venció, estamos en posibilidad de no adquirir ese producto.
Sin embargo, en la realidad de Oaxaca esto es una falacia y más en el contexto de la pandemia. La gente tiene necesidad de alimentarse y compra lo que tiene a la mano; la demanda es tanta que la población adquiere lo que le ofrecen los y las empresarias.
