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Contingencia pone en riesgo ecosistemas de Oaxaca protegidos por comunidades
Por Medios Aliados
16 de mayo, 2020
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Texto: Marco A. Hernández T.
La pérdida de empleos que enfrentan las empresas forestales comunitarias en México, a causa de la pandemia, puede abrir el camino a la expansión de la frontera agrícola; por ello 290 comunidades y organizaciones exhortan al gobierno mexicano a reconocer el carácter estratégico del sector forestal del país.

Hace casi 37 años, comunidades zapotecas y chinantecas en la Sierra Juárez de Oaxaca lograron que el Estado mexicano ya no entregara a empresas privadas y paraestatales concesiones para el aprovechamiento de los bosques. Las comunidades se hicieron cargo del manejo de sus zonas forestales. En este tiempo no solo lograron detener la deforestación en su territorio, también construyeron un proyecto productivo que incluye aserraderos, centros de ecoturismo, fabricación de muebles y cultivo de plantas de ornato.

En tres décadas, esas comunidades consiguieron hacer del aprovechamiento sustentable de sus bosques una fuente para financiar la construcción y mantenimiento de escuelas, centros de salud, caminos, sistemas de alumbrado público, programas de becas, pensiones, eventos culturales y hasta las fiestas patronales de la región.

Hoy todo eso se encuentra en riesgo no solo en la Sierra Juárez de Oaxaca, también en Durango, Chihuahua, Michoacán, Puebla, el Estado de México o Quintana Roo, entidades en donde hay comunidades que viven del aprovechamiento sustentable de sus bosques y en donde las empresas forestales comunitarias enfrentan una severa crisis de liquidez a consecuencia de la parálisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

Del total de la madera de procedencia legal que se comercializa en México, 70 % (8.5 millones de metros cúbicos al año) proviene de comunidades y ejidos que realizan manejo forestal sustentable, señala el biólogo Salvador Anta, especialista en temas forestales, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y consultor de Política y Legislación Ambiental (Polea).

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, las empresas comunitarias forestales del país han registrado entre el 55 y 70 % de caída en la venta de madera procedente de bosques con manejo sustentable, señalan Israel Santiago García, presidente de la Unión de Productores Industriales de Oaxaca, y Ernesto Herrera Guerra, director de Reforestamos México.

Esta caída en las ventas de la madera y la suspensión de actividades que las autoridades federales consideraron no esenciales podría haber ocasionado ya la pérdida del 60 % de los 160 000 empleos que generan las empresas forestales comunitarias en todo el país, de acuerdo con los reportes que recibe el ingeniero José Juan Martínez Villanueva, director técnico de la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc), desde las 67 organizaciones que conforman esa asociación.

Ante este panorama, 290 comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 24 estados de México, presentaron un pronunciamiento conjunto, titulado El sector forestal como salvaguarda ante los escenarios de COVID-19 y cambio climático, en el que exhortan al gobierno federal a intervenir y evitar que la crisis provocada por la pandemia provoque un golpe mayor a las poblaciones que viven del manejo forestal sustentable y, como consecuencia, a los bosques del país.

En su pronunciamiento, las comunidades, empresas y organizaciones plantean 11 medidas que incluyen acciones inmediatas para asegurar los bosques del futuro. Entre estas acciones están el que los gobiernos federal y estatales adquieran productos forestales nacionales certificados, provenientes de los bosques comunitarios, para las obras de infraestructura; que se otorgue una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que se entreguen apoyos directos a mujeres en situación vulnerable que trabajen en la industria forestal.

También se contemplan iniciativas de mediano y largo plazo, entre ellas acciones más eficaces para frenar la corrupción que permite la tala clandestina y el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales; la creación de un fondo de contingencia para el sector forestal; la promoción de un portafolio de inversión para la reactivación de la industria maderera, de transformación y construcción, que incentive el uso de materiales certificados y el rediseño de los pagos por impacto ambiental.

Además, se propone impulsar políticas gubernamentales que destinen más presupuesto al sector; la promoción de la sustitución gradual de las importaciones forestales, a partir de un programa de incentivos para la productividad y la certificación, y el desarrollo de estrategias de comunicación que promuevan el consumo responsable de productos forestales certificados.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento están la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecos de la Sierra de Juárez (Uzachi), la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, la Asociación de Mujeres Indígenas Mayas y la Unión de Ejidos y Comunidades de Producción Forestal y Agropecuaria General Emiliano Zapata (Unecofaez), entre otras.

Garantizar el manejo sustentable de los bosques

Sobre las acciones inmediatas que solicitan en el pronunciamiento, el director de Reforestemos México, Ernesto Herrera, llama la atención sobre una urgencia que tienen las comunidades forestales: “Es la época de sequía y las comunidades deberían tener los recursos necesarios para combatir incendios, para sacar la madera del bosque, para producir planta en sus viveros y reforestar; la naturaleza no va a esperar a que pase la crisis”.

Alina Santiago Jiménez, encargada de la certificación en cadena de custodia de la Productora Comunal de Muebles de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y asesora administrativa del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán, destaca que la crisis por la pandemia coloca a las comunidades en un riesgo mayor a mediano plazo. “Nos dicen: cierras y pagas el salario mínimo a los trabajadores, y tal vez tengamos recursos para aguantar esa situación un par de meses, pero eso nos va a pegar en un año, en la inversión que nosotros hacemos para mantener los bosques sanos; no vamos a tener de dónde sacar para cubrir esas necesidades, que son la base de todo el desarrollo sustentable”.

Francisco Luna García, presidente de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecos de la Sierra de Juárez (Uzachi), asegura que las comunidades que realizan manejo forestal sustentable reinvierten alrededor del 60 % de sus utilidades en acciones para el cuidado de los bosques, como son  el control de plagas y la prevención de  incendios.

Las comunidades y organizaciones que firman el pronunciamiento consideran que al sector forestal se le podría destinar parte de los recursos que actualmente están asignados a Sembrando Vida, el principal programa social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con un presupuesto diez veces mayor que el destinado a la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Lo que se propone —explica el ingeniero— es tener una interlocución con las diferentes instancias de gobierno para lograr una reasignación de recursos que permita atender todo el territorio forestal del país.

Para definir con transparencia y equidad la cantidad de recursos a asignar a cada comunidad forestal, el ingeniero Herrera sugiere tomar como referencia los 4322 dólares por hectárea por año en que están valorados los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad en México, de acuerdo con el reporte 2018 de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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