Es muy común que a esta población no les notifiquen qué cargos se les está imputando, ni mucho menos cuáles son sus derechos: Tlachinollan
Por Axel Espinosa
De los 406 reclusos que podrían ser liberados en Puebla, como medida preventiva de contagios en las prisiones del estado, la mayoría es indígena: 268 personas, de acuerdo con lo que informó el secretario de gobernación David Méndez la semana pasada.
Al respecto, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en entrevista para LADO B, dijo que, aunque esta iniciativa tiene el espíritu de reconocer que existen alternativas para una liberación, eso no subsanará los huecos en cuanto a procuración y administración de justicia a las comunidades indígenas.
“Ante las personas de pueblos indígenas que están en algún reclusorio o están enfrentando un proceso legal, se violentan los debidos procesos legales que marca la ley, pues a la mayoría no se les notifica qué cargos se les está imputando, ni mucho menos cuáles son sus derechos para contrarrestar esta acción”.
De hecho -señala Barrera- en la mayoría de los casos estas personas fueron imputadas bajo delitos que no son graves, y que por lo tanto podrían ser resueltos por la vía conciliatoria o con otro tipo de medidas cautelares, sin embargo, las autoridades siempre recurren a la privación de la libertad.
Para el doctor Rubén Alberto Curiel Tejada, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, “uno de los problemas es que se quiere tratar a todas las personas como si todas estuvieran compartiendo las mismas condiciones legales e incluso económicas, como es el caso de las personas que son parte de las comunidades indígenas”.
En el caso de las personas indígenas, explica el doctor Curiel en entrevista para LADO B, en muchos casos desde el inicio del proceso legal no se les dio un seguimiento ni la defensa adecuada, y el primer obstáculo para ello es que no les brindan un traductor a su lengua de origen.
“Muchas de estas personas en situación de vulnerabilidad, por ser parte de una una comunidad indígena que no habla español, están dentro de las penitenciaría sin ni siquiera se les haya dicho por qué ellos están en las prisiones ni mucho menos qué delitos se les imputa”.
El secretario de Gobernación David Méndez aclaró también que no hay garantías de liberación, pues el Consejo Consultivo del Indulto revisará caso por caso, y advirtió para que la liberación se lleve a cabo tendrá que haber el pago de la reparación del daño a los afectados, así como el pago de la multa establecida.
Eso, para el doctor Rubén Alberto, es un error que deja ver el inexistente análisis de esta ley de pre liberación en el tema económico, pues en el caso de las personas indígenas, quienes por lo general también se ven atravesados por situaciones de pobreza, sus recursos no pueden cubrir las multas para enfrentar el proceso.
“Por una parte, se anuncia la ley como si fuera basada en la defensa de los derechos humanos y por otro lado, la realidad es que el procedimiento está basado en condiciones en las que no se puede llevar a cabo… por este tipo de incongruencias, principalmente en lo en lo económico”.
El doctor Curiel apunta que el Consejo Consultivo tendría que estar respaldado por expertos en materia de derechos humanos y del sistema de penal acusatorio, pues así como se está formulando, “no cubre las necesidades específicas del estado ”.
Abel Barrera coincide: “Muchas de las personas no tendrían el pago de la caución, es gente que no tiene un trabajo seguro, sabemos que en las comunidades no hay trabajos remunerados y la gente, al estar encerrada en la cárcel difícilmente tendrían dinero y mucho menos su familia, pues en las comunidades indígenas más allá de las injusticias que se viven, la pobreza es la que castiga”.
Desde su perspectiva, no habría necesidad de recurrir a este tipo de leyes, si desde el inicio se respetaran los derechos de las personas indígenas ante un proceso legal.
“Si hubiera intérpretes donde a las personas se les comunique lo que afrontan en sus penas, y si existieran abogados públicos que no les cobraran la defensa de sus casos, o incluso un órgano de conciliación para estas personas en donde se busque resolver conflictos que no son graves, no habría necesidad de crear este tipo de leyes y las autoridades se ahorrarían todo este proceso”.
La preliberación
Ante la insistencia del gobernador Miguel Barbosa de desahogar el cupo de los distintos penales del estado de Puebla, para reducir un posible contagio por COVID-19 dentro de ellos, el 21 de mayo se presentó el Consejo Consultivo del Indulto en Puebla, el cual analizará la liberación anticipada de reclusos con sentencias menores, o que cumplan características específicas como pertenecer a la tercera edad o presentar alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida, bajo un estricto análisis y procedimientos apegados a la ley.
De los 3 mil 636 reclusos registrados en todo el estado de Puebla, se sigue a detalle a 406 que podrían ser liberados y se mantiene en análisis su procedimiento legal, sin embargo, el secretario de gobernación David Méndez, mencionó durante la conferencia de prensa el 20 de mayo que “no es un hecho que todos [los 406] sean preliberados, las propias leyes establecen un proceso muy minucioso de análisis de cada caso en particular”.
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